La comunidad internacional alerta graves retrocesos democráticos en Perú a días de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Uno de los hechos más graves señalados es la reciente aprobación en el Congreso de un nuevo proyecto de ley de amnistía, el segundo en menos de un año, que beneficiaría a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1980 y 2000.
Además, estos casos involucran a personas con sentencia firme, lo que implicaría un retroceso en la lucha por justicia para miles de víctimas de violaciones como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
A pesar que la Corte IDH ya ha establecido que este tipo de leyes carecen de validez legal, el Congreso aprobó la norma, en perjuicio de más de 750 casos de investigación, contraviniendo sentencias internacionales vinculantes que el Estado peruano está obligado a acatar.
A esta situación se suma la inquietante postura del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, quien propuso en el Congreso revisar la permanencia de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Esta declaración contradice las acciones diplomáticas recientes del gobierno, como la postulación de juristas a instancias de la Corte y la Comisión Interamericanas.
Las organizaciones firmantes, entre ellas CEJIL, DPLF y WOLA, advierten que estos hechos no son aislados, sino parte de una estrategia sistemática para debilitar los mecanismos de rendición de cuentas y promover la impunidad.
Frente a este contexto, instan a los Estados miembros de la OEA a pronunciarse en la Asamblea General, y exhortan a la Comisión y la Corte IDH a tomar acciones concretas frente al incumplimiento reiterado del Estado peruano.
También llaman al Congreso y al Ejecutivo a cesar toda iniciativa que promueva impunidad y a retomar su compromiso con la democracia y los derechos humanos.
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