Fuerzas Armadas de Ecuador bajo escrutinio por desaparicion forzada de cuatro menores en Guayaquil

Han pasado casi 20 días desde que Ismael, Josué, Saúl y Steven salieron a jugar en una cancha de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. El 8 de diciembre no regresaron a su casa, un hombre llamó a uno de los padres de los menores y les dijo que los retire de la vía a Taura, que comunica con una base militar.

El padre pidió hablar con su hijo y las últimas palabras que intercambiaron son el testimonio de un trágico clamor: “Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Por favor ven, sálvame”.Tras alertar a las autoridades, los familiares recibieron una nueva llamada con una sentencia: “La mafia se los llevó”.

Esto es lo que se sabe de la desaparición de cuatro menores en Guayaquil. Aunque el hecho se reportó inicialmente como un secuestro, las primeras indagaciones muestran indicios que apuntan a la presunta participación de miembros de las Fuerzas Armadas, por eso, ahora se investiga el caso como desaparición forzada.

Según los familiares de las víctimas, hombres vestidos con uniformes militares habrían ejecutado un procedimiento irregular que culminó en la desaparición de sus hijos, con edades entre los 11 y 15 años. Este caso ha generado conmoción en el país y ha puesto bajo escrutinio a la institución militar.

Hace cinco días se hablaba de un secuestro perpetrado por personas vestidos como militares. Según publicó el 19 de diciembre la periodista Alina Manrique, en la Base de Taura se encontraron prendas de vestir pertenecientes a los chicos.

Dichas prendas formarían parte de la cadena de custodia, de acuerdo con fuentes de la Unidad Antisecuestros de Ecuador (Unase) que hablaron con Plan V.

Los padres de los menores han hecho pública esta versión en los medios locales.Según uno de los padres, la Fuerza Aérea reconoció la existencia de irregularidades en un procedimiento llevado a cabo por el personal militar.

Los padres han contado que, en un video mostrado por la Fiscalía que lleva el proceso, se observa cómo sus hijos son sometidos y llevados en un vehículo militar.La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) emitió un comunicado, el 19 de diciembre, en el que no ofreció detalles específicos, pero donde informó que colaborará plenamente con las investigaciones de la Fiscalía y otros organismos competentes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Este sábado, el bloque de seguridad del Gobierno, en una rueda de prensa, señaló que los responsables de la desaparición son integrantes de grupos delictivos que operan en la región, esto pese a que la investigación aún está en marcha.

No obstante, el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reconoció que sí hubo una intervención militar que habría originado la desaparición. Además, aseguró que se conformará un Tribunal de Disciplina Militar para indagar los hechos. Por su parte, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo insistió en que quienes cuestionan a las Fuerzas Armadas buscan “hacerle el juego al crimen organizado” y “censurar a la institución”.

Estas declaraciones fueron duramente cuestionadas en X, donde se ha difundido gran parte de la información sobre el caso.Tras esas declaraciones, el presidente Daniel Noboa se pronunció públicamente con un mensaje distinto al emitido por su bloque de seguridad y anunció que no habrá impunidad para los responsables: “Cero impunidad sea quien sea. Esa época fue otra.Y mientras yo sea presidente, no volverá”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

La Fiscalía, por su parte, ha decidido retipificar el caso como desaparición forzada y ha trasladado las investigaciones a la Unidad Especializada en el Uso Ilegítimo de la Fuerza, creada en 2023 para abordar casos de violaciones graves a los derechos humanos. Según la resolución 063 de 2023, esta unidad centraliza las investigaciones en Quito, pero trabaja en coordinación con sedes regionales en Guayaquil y Cuenca.

Su objetivo principal, informó a la prensa la institución, es garantizar investigaciones imparciales y técnicas en casos de alto impacto como este, en los que se presume la participación de agentes estatales.Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil ha brindado asistencia a la familia de los menores, ha presentado recursos legales, incluyendo una acción de hábeas corpus, y ha solicitado la intervención del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

Los familiares exigen que el caso sea tratado de manera transparente, pues quieren que los chicos vuelvan a casa. En un desgarrador testimonio, la abuela de uno de los desaparecidos dijo querer ver a su nieto y señaló su preocupación de no saber “si le hicieron algo… si está comiendo”.