Por Noelia Carrazana
Ayer el poder legislativo de Panamá no logró acuerdos para resolver el conflicto causado por la ley sobre el contrato minero, lo que podría afectar a largo plazo la actividad económica del país.
Este fracaso se suma a la decisión del Tribunal Electoral de Panamá que rechazó organizar una consulta popular el 17 de diciembre para que la ciudadanía opine sobre un polémico contrato minero, propuesta que había lanzado el presidente Laurentino Cortizo el domingo, en busca de desactivar la movilización ciudadana que está en las calles hace más de diez días.
La ruta de la minería es la ruta de la expoliación del ambiente, de la tierra en beneficio de los grandes capitales extranjeros, esto no es diferente en Panamá, en este momento “la Corte Suprema de Justicia tiene demandas de inconstitucionalidad de la ley 406 (del contrato minero que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria, indicó el presidente del tribunal, Alfredo Juncá.
El 20 de octubre el presidente Cortizo debió negociar un nuevo contrato con la minera, que estaba operando ilegalmente desde 2017, momento en la Corte Suprema en diciembre de ese año, esta medida fue tomada por considerar que el contrato que se había firmado en 1997 fue declarado inconstitucional por por considerar que no aseguraba el mayor beneficio para el Estado y era “ajeno” al bienestar social e interés público.
El reclamo popular pide la derogación del contrato con la Minera Panamá, que pertenece a la empresa First Quantum Mineral, y a raíz de los intensos reclamos la empresa ofreció dialogar y la gente en redes sociales o en carteles contesta: “¿Queremos diálogo? ¡No! ¿Consulta? ¡No! ¡Queremos derogación ya del contrato minero!”, no nos sirve porque es una propuesta realmente inconstitucional. Es ganas de marear al pueblo y él sabe que no es legal”, dijo el líder indígena Ariel Mendizábal en medios de comunicación. Según Mendizábal, este contrato minero fue hecho “sin consulta”, por lo que pidió al Ejecutivo “bajar la mano y decir al pueblo que esa ley no es conveniente porque violenta nuestros intereses, ya que una empresa minera no nos beneficia, nos trae la destrucción de la biosfera”.
Estas protestas que están conformadas por sindicatos, pueblos indígenas, pero lo más importante es que están en las calles familias y personas que no pertenecen a ninguna afiliación política o social, tanto es así que son consideradas las más numerosas desde las registradas contra la dictadura militar a fines de la década de 1980.
Los panameños que el contrato otorga demasiados beneficios y facultades a la minera extranjera en una zona de 12.955 hectáreas. Advierten, al mismo tiempo, del impacto que tendría la actividad a cielo abierto en el medio ambiente en una zona de la mina que en vistas aéreas muestra una enorme área arrasada y excavada con puentes, torres y maquinaria rodeada de bosques.
¡Panamá es verde! Es una inscripción que se puede leer en los carteles, y las protestas son conscientes que para que el país conserve sus recursos naturales la empresa no debe administrar el agua. “El agua debe ser para consumo humano”, es uno de los reclamos, la minera argumenta que usa 100% agua de lluvia que reserva para el procesamiento del mineral.