Argentina: A veinte años de la Ley de Migraciones

Por Redacción Abya Yaya Soberana

Desde su sanción, en diciembre de 2003, en Argentina la migración se considera como un
derecho y «es reconocida a nivel global», de acuerdo a los especialistas. «Marcó un camino
sobre cómo pensar a la migración en América latina», destacaron.

La Ley de Migraciones «puso a la Argentina a la vanguardia» ya que «fue la primera a nivel
global que consideró a la migración como un derecho» e inspiró a otros países de la región a
tomar medidas similares, indicaron expertos que trabajan en la temática a 20 años desde su
sanción, mientras esperan que no sea «puesta en cuestión por lo relevante que ha sido en la
historia» del país.

Este aniversario de la ley también coincide con el Día Internacional del Migrante, que se
celebra todos los 18 de diciembre luego de haber sido proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la Resolución 55/93 el 4 de diciembre de 2000.

«Esta ley puso a la Argentina a la vanguardia en la perspectiva de derechos humanos de las
políticas migratorias al ser la primera a nivel global que considera a la migración como un
derecho. Es reconocida a nivel global y marcó un camino sobre cómo pensar a la migración en
América latina», dijo a Télam la directora ejecutiva de la Comisión Argentina para los
Refugiados y Migrantes (Caref), Gabriela Liguori, quien resaltó la necesidad de mantenerla.

En vísperas de los 20 años desde su sanción el 17 de diciembre de 2003, desde la entidad
también advirtieron que el protocolo «antipiquetes» presentado el jueves pasado por la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «sugiere un castigo ejemplar para las personas
migrantes».

Entre sus distintos puntos, el protocolo sostiene que se brindarán los datos de los migrantes
que participen de movilizaciones o cortes de calle a la Dirección Nacional de Migraciones.

«Aunque no especificó con qué objetivo, sabemos que la amenaza latente es la expulsión»,
sostuvieron desde Caref en un comunicado, mientras subrayaron que esta política es
«inconstitucional porque afecta el derecho a la protesta, así como también el derecho a
peticionar a las autoridades y a la libertad de expresión y reunión».
La población extranjera residente en Argentina es de 2.903.263 personas, según datos hasta
junio de 2022 de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Mírela Vega (33), nacida en Tarija, Bolivia, llegó a la Argentina a sus 10 años, luego de que su
madre viajara a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar una especialización de la carrera de
Odontología y cuando se encontró «estable», su familia se reunió con ella.

«Cuando llegué a vivir aquí no existía aún la Ley de Migración y tener DNI me costó
aproximadamente cuatro años porque era muy complejo el trámite. Finalmente lo pude
obtener cuando salió la ley», contó a Télam Mírela, que es muralista e ilustradora, presente en
las redes como @la_mire_la, además de integrante del Bloque de Trabajadores Migrantes.

Una de las causas principales por las que las y los migrantes llegan a la Argentina es «la
reunificación familiar» y porque entienden que el país «abre los brazos a la migración, tiene
tradición migratoria y por lo tanto aquí van a poder desarrollar su vida de una manera más
amable que en otros países del mundo», explicó Liguori.

«La gente no viene por ‘hacer uso’ de la educación o salud pública», detalló la directora de
Caref, al desmantelar un mito asociado a la migración de países limítrofes.

«Esta ley puso a la Argentina a la vanguardia en la perspectiva de derechos humanos de las
políticas migratorias al ser la primera a nivel global que considera a la migración como un
derecho. Es reconocida a nivel global y marcó un camino sobre cómo pensar a la migración en
América latina»Gabriela Liguori

Y continuó: «Llegan por un montón de variables: perspectivas de trabajo, experiencias previas
de personas conocidas. Y luego sí valoran mucho la posibilidad de que sus hijos puedan
acceder a una educación de calidad o que si se enferman puedan estar en un lugar donde los
atienden con calidad».

Entre los «puntos clave» de la Ley de Migraciones, Liguori destacó dos. Por un lado, al pensar
en la migración como un derecho, se pasó «de un paradigma basado en la seguridad nacional a
otro con perspectiva de derechos humanos»; mientras resaltó «la integración regional» que
posibilitó al facilitar la circulación de personas de países que integran el Mercado Común del
Sur (Mercosur).

Sin embargo, tanto Liguori como Vega coincidieron en que un aspecto a mejorar es que los
migrantes de «países que no están dentro de algún convenio o marco de acuerdos» puedan
también regularizar su situación de manera fácil.

En Argentina, 8 de cada 10 personas migrantes tienen residencia permanente (76%) o
temporaria (8%) y entre un 7 u 8% son personas naturalizadas, informó la Encuesta Nacional
Migrante de Argentina (ENMA) del 2020.

Además, la migración de mujeres y diversidades continúa siendo más compleja, advirtieron las
entrevistadas.

«Mi mamá es una mujer que tuvo que venir sola. Cuando me tocó venir a mí tuvo que ser jefa
de hogar. Las mujeres migrantes sufren las mismas violencias que todas las mujeres, pero
todavía es mucho más grave por la condición de desarraigo, de que algunos derechos no los
tenemos todavía garantizados. Ni hablar de las compañeras migrantes trans: la violencia y
persecución que sufren por la policía es muy grave», explicó Vega.

Entre otras cuestiones a considerar, destacó «lo complejo que a veces resulta realizar el
trámite ya que el Radex (el sistema de radicación a distancia de extranjeros) es bastante
complejo para acceder por cuenta propia. También hay falta de información al respecto».

Liguori, por su parte, advirtió que la normativa considera como «trabajador migrante» solo a
aquel que tiene un contrato laboral en relación de dependencia, por lo que consideró
«importante» que «la ley amplíe esa definición para incluir a los trabajadores por cuenta
propia».

Por otra parte, si bien la normativa «garantiza el acceso a derechos sociales como la educación,
la salud y programas sociales en igualdad de condiciones que las personas nacionales», existe
«una distancia entre la norma y la práctica».

Con la excepción de la provincia de Formosa -donde no están garantizados los derechos
políticos de migrantes-, en el resto del país los extranjeros pueden votar por cargos
municipales o provinciales, pero no así por representantes nacionales; mientras para los cargos
legislativos municipales y otros locales, algunas provincias permiten la postulación de personas
extranjeras.

«Es necesario difundir que este derecho existe. El porcentaje de población migrante que va a
votar se va incrementando lentamente, pero sigue habiendo una brecha importante y es un
tema ligado a la información», indicó Liguori, quien destacó que «ha ido mejorando a lo largo
del tiempo» la posibilidad de las y los migrantes de participar en las elecciones.

El 5 de marzo de 2021 el Gobierno nacional derogó el Decreto 70/2017 firmado durante el
macrismo que modificaba la Ley de Migraciones para posibilitar el inicio de trámites de
expulsión a extranjeros por cometer cualquier delito con pena de prisión, mientras
determinaba que tener «antecedentes» era una causal para la negación de ingreso o
permanencia en el país.

«Esperamos que en el actual contexto la ley no sea puesta en cuestión por lo relevante que ha
sido en la historia de nuestro país, y por lo importante que sigue siendo en la vida cotidiana de
las personas migrantes. No solamente mejora la calidad de vida de las personas que migran,
sino que también por eso mejora la vida de la sociedad en su conjunto», concluyó Liguori.

Como antecedente, antes de la instauración del Día Mundial, la Argentina ya había elegido el 4
de septiembre para celebrar el Día Nacional del Inmigrante.

Esta fecha fue establecida por el Decreto N.º 21.430, durante la presidencia de Juan Domingo
Perón, en conmemoración al día en que, en 1812, el Primer Triunvirato firmó el primer decreto
fomentando la acogida en nuestro país «a los individuos de todas las naciones y a sus familias
que deseen fijar su domicilio en el territorio».

Fuente: TELAM
Foto: ONU