América Latina en disputa: reformas laborales, empleo en caída y un espejo incómodo llamado México
Por Noelia Carrazana
Desde Buenos Aires hasta Quito, pasando por Ciudad de México, el trabajo volvió a ocupar el centro del conflicto político latinoamericano. No como promesa de inclusión, sino como terreno de ajuste. En Argentina y Ecuador, los gobiernos avanzan con reformas laborales que, bajo el discurso de la “modernización” y la “competitividad”, reconfiguran derechos históricos en favor del empresariado. En contraste, México aparece como un espejo incómodo: reducción de la jornada laboral, recuperación del salario mínimo y crecimiento del empleo formal como parte de un proyecto iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuado por la actual administración.
La comparación no es antojadiza. Resume una disputa de fondo en la región: quién paga el costo de las crisis y quién se beneficia cuando se reforman las reglas del trabajo.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei impulsa una de las reformas laborales más profundas desde la década de 1990. Incluida dentro de la Ley Bases y normas complementarias, la iniciativa redefine la relación entre capital y trabajo: flexibiliza jornadas, abarata despidos, reduce cargas patronales, debilita la negociación colectiva y restringe el derecho a huelga mediante una ampliación del concepto de “servicios esenciales”.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es reducir “costos laborales” para incentivar la inversión y el empleo. Sin embargo, la aplicación de estas políticas ocurre en paralelo a una caída sostenida del trabajo registrado y a un aumento de la precarización.
En Ecuador, bajo la presidencia de Daniel Noboa, el proceso adopta un tono menos abrupto, aunque avanza en la misma dirección. El gobierno promueve esquemas de flexibilidad horaria, acuerdos laborales “voluntarios” y reformas administrativas que buscan facilitar la gestión empresaria en un mercado de trabajo atravesado por altos niveles de informalidad. No hay, por ahora, un paquete de reformas tan integral como el argentino, pero sí una señal clara hacia el sector privado.
Tanto en Ecuador así como en Argentina la discusión sobre la reforma laboral se intensificó en los últimos días dentro de los espacios institucionales y en las calles. En Argentina, el Congreso se convirtió en epicentro del conflicto. La Cámara de Diputados aprobó en general un tramo central de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, luego de extensas negociaciones y concesiones parciales para garantizar los votos necesarios. El tratamiento parlamentario estuvo marcado por fuertes tensiones, protestas masivas frente al Congreso y un paro nacional convocado por las centrales sindicales. El proyecto, que ahora continúa su recorrido legislativo, profundizó la polarización política y sindical: mientras el Gobierno celebró un “avance histórico”, los gremios denunciaron un retroceso sin precedentes en materia de derechos laborales y anticiparon judicializaciones.
En Ecuador, el foco no estuvo en el Parlamento sino en el Poder Ejecutivo. Un borrador de acuerdo ministerial que habilitaba nuevas formas de flexibilidad de la jornada laboral generó una fuerte reacción sindical y social tras circular públicamente. Ante la presión, el Ministerio de Trabajo aclaró que el texto no estaba vigente y que formaba parte de una discusión preliminar. Aun así, las principales centrales obreras denunciaron un intento de vulnerar el límite histórico de la jornada de ocho horas y convocaron movilizaciones nacionales, evidenciando que el conflicto laboral también escala en el país andino.
Empleo en caída y precarización creciente
Las reformas se implementan en un contexto adverso para el mundo del trabajo. En Argentina, desde el cambio de gobierno a fines de 2023 hasta comienzos de 2026, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo registrados, con especial impacto en la industria, la construcción y el comercio. La informalidad supera el 40 % y crece el autoempleo precario como refugio ante la falta de empleo asalariado. La paradoja es evidente: se flexibiliza para “crear empleo”, pero el empleo formal continúa cayendo.
En Ecuador, las estadísticas muestran una realidad distinta pero igualmente preocupante. La tasa de desempleo abierto se mantiene relativamente baja, pero más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad, sin estabilidad ni derechos. El llamado “empleo adecuado” sigue estancado en torno a un tercio de los trabajadores, revelando un mercado laboral fragmentado que las reformas no logran recomponer.
En el caso argentino, la reforma laboral se articula con blanqueamientos laborales y fiscales que permiten a las empresas regularizar trabajadores no registrados con condonación de multas y alivio en aportes. A esto se suman cambios tributarios que elevan umbrales de punibilidad penal. Especialistas advierten que estos esquemas, sin controles estrictos, pueden abrir zonas grises para el lavado de activos, un riesgo significativo en economías atravesadas por flujos ilícitos.
En Ecuador, si bien no se avanzó recientemente con blanqueos masivos de la misma magnitud, existen antecedentes de amnistías fiscales amplias que también generaron cuestionamientos por su impacto regresivo y por la debilidad de los controles estatales.
México: el contraste regional
Mientras Argentina y Ecuador ajustan por el lado del trabajo, México recorre un camino inverso. Desde 2018, con el ciclo político iniciado por López Obrador, el país avanzó en una recuperación sostenida del salario mínimo, alcanzó récords históricos de empleo formal y fortaleció derechos laborales, incluso en sectores antes excluidos como el trabajo en plataformas digitales.
El debate actual sobre la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin recorte salarial, sintetiza esa orientación. El proceso, ampliamente documentado por el diario La Jornada, muestra que la expansión de derechos no frenó la economía ni provocó el colapso anunciado por los sectores empresariales más conservadores.
México no está exento de tensiones ni desigualdades, pero aporta un dato clave al debate regional: mejorar las condiciones laborales no es incompatible con el crecimiento económico.
