32 Bloqueos y protestas paralizan Bolivia en medio del rechazo a las reformas económicas
Por MC
Con 32 puntos de bloqueo activos y protestas sociales en todo el territorio nacional, a que rechazan la imposición de reformas económicas en medio de cuestionamientos jurídicos. Esta movilización popular que día a día se extiende paralizaron rutas estratégicas y el escenario de confrontación en Bolivia forzó un giro en el discurso oficial y opositor: tras descartar inicialmente cualquier negociación, distintos actores del gobierno y sectores de la derecha comenzaron a llamar al diálogo como vía para contener la crisis y destrabar la conflictividad.
Bolivia atraviesa una de sus mayores crisis sociales de los últimos años, marcada por bloqueos de carreteras, protestas masivas y una creciente tensión política, tras la decisión del gobierno del presidente Rodrigo Paz de avanzar con un paquete de reformas económicas que incluye la eliminación de los subsidios a los combustibles, vigentes desde hace más de dos décadas. Las medidas, defendidas por el Ejecutivo como imprescindibles para estabilizar la economía y evitar el colapso de las reservas internacionales, han generado un fuerte rechazo de sindicatos, organizaciones campesinas y sectores urbanos que denuncian un impacto directo sobre el costo de vida y una profundización de la desigualdad.
Desde mediados de diciembre, las movilizaciones se expandieron de manera progresiva en todo el país. Según reportes oficiales de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), durante los primeros días de enero se registraron más de 30 puntos de bloqueo en rutas estratégicas, afectando la conexión entre regiones productivas, pasos fronterizos y centros urbanos. Ciudades como La Paz y Cochabamba quedaron parcialmente aisladas, mientras cientos de vehículos de carga y transporte público permanecen varados, con impactos directos en el abastecimiento y la actividad económica.
El detonante del conflicto fue la promulgación del Decreto Supremo 5503, que puso fin a la subvención estatal a los combustibles y fijó nuevos precios que implicaron incrementos de hasta 86 % en la gasolina y 162 % en el diésel. El gobierno sostiene que la medida permitió normalizar el suministro y poner fin a las largas filas en estaciones de servicio, al tiempo que busca frenar el contrabando hacia países vecinos. “Sincerar la economía es una condición necesaria para garantizar estabilidad a futuro”, afirmó la viceministra Andrea Barrientos, al defender la reforma.
Sin embargo, para amplios sectores sociales, el ajuste representa un quiebre con el modelo económico anterior y una transferencia de costos hacia los sectores populares. Las protestas comenzaron con transportistas y sindicatos urbanos, y rápidamente se sumaron organizaciones campesinas, cocaleras, maestros y mineros, muchos de ellos históricamente vinculados a la Central Obrera Boliviana (COB). A lo largo de diciembre y enero, las medidas de presión se intensificaron, combinando marchas en las principales ciudades con bloqueos sostenidos en carreteras nacionales.
Disputa política, tensiones internas y rechazo al cambio de modelo
El conflicto social se desarrolla en paralelo a una creciente disputa política dentro del propio Estado. El vicepresidente Edmand Lara anunció la presentación de un proyecto de ley para frenar los decretos presidenciales que considera inconstitucionales, entre ellos el que eliminó la subvención a los combustibles. En declaraciones públicas y a través de redes sociales, Lara cuestionó tanto la forma como el momento elegido por el Ejecutivo para implementar el ajuste, y advirtió sobre una posible “usurpación de funciones” del Poder Legislativo.
El decreto también habilita mecanismos acelerados para la aprobación de inversiones estratégicas en minería, hidrocarburos y litio, un punto que ha generado fuertes críticas de sindicatos y sectores políticos opositores, que exigen que esos contratos sean debatidos y aprobados por la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo no cuenta con mayoría. Para el gobierno, en cambio, la apertura a capitales es clave para reactivar el crecimiento y enfrentar una inflación que en diciembre superó el 20 % interanual.
Mientras tanto, el clima social continúa deteriorándose. En La Paz y otras ciudades, amas de casa y vecinos protagonizaron protestas por la escasez de gas licuado, aunque el Ejecutivo atribuyó la falta de producto a un pico de demanda y al contrabando, negando aumentos de precio. Las movilizaciones de mineros estatales, con detonaciones de dinamita durante marchas en el centro histórico de la capital, reflejan el nivel de confrontación alcanzado.
Pese a las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos y a la presión en las calles, el presidente Paz reiteró que no dará marcha atrás en el cambio de rumbo económico, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar aspectos formales de los decretos. Para los movimientos sociales, en cambio, la continuidad de las medidas profundiza el conflicto y amenaza con extender la parálisis del país.
En este escenario, Bolivia enfrenta un punto de inflexión, donde el debate sobre subsidios, modelo económico y control de los recursos estratégicos se cruza con una creciente conflictividad social y una fractura política que pone a prueba la gobernabilidad en el corto plazo.
Fuentes
AFP
The Associated Press (AP)
EFE
