La justicia ecuatoriana, a través de la Corte Constitucional, ha dictaminado que no se puede privatizar libremente el sector eléctrico, anulando una norma que permitía la delegación ilimitada a privados y limitando la participación privada a casos excepcionales y justificados, como emergencias o proyectos de energías renovables. Esta decisión frena la intención de privatización que buscaba flexibilizar la inversión privada en un sector estratégico, generando debate entre quienes defienden el control estatal y quienes abogan por la inversión privada para solucionar la crisis energética, como advierte el presidente Daniel Noboa y la industria energética.

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