Defensa de TERRITORIOS y TEOLOGÍAS POLÍTICAS. Ismael Moreno

La defensa del territorio en el continente americano se ha convertido en una de las tareas más peligrosas y letales, especialmente cuando se enfrentan los intereses de empresas transnacionales dedicadas a la minería, la agroindustria o la energía.

Esta lucha no es solo por la tierra, sino por el agua, los bosques y el derecho de las comunidades a decidir sobre sus bienes comunes. Los defensores y defensoras territoriales son constantemente objeto de criminalización, mediante procesos judiciales amañados que buscan desgastar su resistencia, o de ataques directos que culminan en asesinatos. En este contexto de asedio, la impunidad es la norma, lo que perpetúa el ciclo de violencia y desalienta la oposición a los megaproyectos extractivos. Estos defensores, a menudo líderes indígenas, campesinos o afrodescendientes, operan en zonas remotas donde la presencia estatal se limita a garantizar la seguridad de las empresas, dejando a los activistas a merced de grupos armados, sicarios o incluso fuerzas de seguridad. Esta mortal amenaza no distingue credos, alcanzando incluso a agentes de la iglesia y personas de fe que, movidos por su compromiso con la justicia y el cuidado de la creación, se unen a la defensa territorial. El caso de Juan López en Honduras es un doloroso ejemplo: asesinado a tiros en Tocoa, Colón, el 14 de septiembre de 2024, Juan era un reconocido defensor ambiental, líder social y coordinador de la Pastoral Social de su parroquia. Su activismo se centraba en la protección de la Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por megaproyectos mineros de empresas como Inversiones Los Pinares. Su asesinato, que se produjo a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), subraya la inoperancia del Estado para proteger a quienes luchan por el ambiente y el territorio, y la persistente impunidad que envuelve a estos crímenes. La situación de Juan López y muchos otros es abordada por voces críticas como la del sacerdote jesuita Ismael «Melo» Moreno, quien desde su programa Geopolítica desde la Aldea, analiza cómo la geopolítica de la acumulación y el extractivismo impactan directamente en la vida de las comunidades. Moreno y otros analistas señalan que la violencia no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un modelo económico que prioriza el capital transnacional sobre la vida humana y la soberanía de los pueblos. El riesgo que corren estos defensores creyentes radica en la confrontación entre su ética de la vida y el poder estructural de las empresas y sus aliados políticos. Su martirio se convierte en un símbolo de la resistencia y un llamado a la acción para la comunidad internacional, que exige que se investiguen los vínculos entre las empresas, la criminalización y los asesinatos, con el fin de romper el pacto de impunidad que protege a los perpetradores.

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