Misiones: el gobierno presenta un compendio digital de derechos mientras más de 40 comunidades Mbya acampan sin ser recibidas por agua potable
Por M.C
En la provincia de Misiones, noreste de Argentina, dos escenas conviven con una tensión difícil de disimular. Mientras autoridades provinciales presentan un compendio digital de leyes para pueblos originarios y destacan el “diálogo intercultural”, más de cuarenta comunidades del pueblo Mbya Guaraní continúan acampando frente a la Casa de Gobierno en Posadas sin haber sido recibidas. Su reclamo es urgente y básico: acceso a agua potable que no los enferme.
Desde el lunes, delegaciones de comunidades permanecen en la Plaza 9 de Julio esperando una respuesta política que no llega. Presentaron notas formales, pero denuncian que quedaron atrapadas en circuitos administrativos. “No hay ningún gesto de salir a hablar con ellos”, relató la periodista misionera Cecilia Rodrígues, quien recorrió el acampe. Las condiciones son precarias: ollas improvisadas, falta de infraestructura y la incertidumbre ante lluvias que podrían obligarlos a abandonar momentáneamente la plaza para resguardarse en locales cercanos.
En paralelo, el presidente de la Legislatura provincial, Sebastián Macias, encabezó la presentación de un compendio digital que reúne leyes destinadas a proteger los derechos de las comunidades Mbya. Durante el acto, realizado en la Cámara de Representantes, sostuvo que se trata de herramientas “pensadas para su futuro” y destacó la importancia de acercar el conocimiento normativo: “Van a poder, con un escáner de cualquier teléfono, saber todas las leyes que hoy amparan a los pueblos originarios”.
La ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, definió la jornada como “un verdadero encuentro intercultural” y resaltó la participación de jóvenes: “Quizás no conocen lo que es nuestra cultura misionera, que es tan rica”. También valoró al pueblo Mbya como “ejemplo de lucha, de valor y de fortaleza”.
Las declaraciones contrastan con la situación en la plaza. Las comunidades que hoy protestan aseguran no formar parte de ese “diálogo” que el gobierno destaca. Según referentes Mbya, el Estado provincial mantiene políticas selectivas: “Eligen con qué comunidades trabajar y a cuáles no”.
El director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, afirmó durante el evento que “las puertas del Gobierno provincial siempre han estado abiertas”, una frase que, frente al acampe sin respuesta, profundiza la controversia.
Crisis hídrica en territorio de abundancia
El eje del conflicto es la crisis de acceso al agua segura. En una provincia atravesada por arroyos, vertientes y nacientes, el problema no es la escasez sino la contaminación. “Hay agua por todos lados, pero no se puede usar porque esta contaminada”, explicó Rodrígues.
Las comunidades denuncian que el avance del monocultivo y el uso intensivo de agrotóxicos han deteriorado las fuentes naturales. Históricamente, no necesitaban infraestructura estatal para acceder al agua: bebían de arroyos y vertientes. Hoy, esas fuentes están contaminadas o secas.
“Antes no pedían agua corriente porque no la necesitaban. Ahora sí o sí necesitan perforaciones profundas”, explicó la periodista. Sin embargo, incluso esas soluciones han sido parciales o ineficaces: hay casos de pozos realizados sin conexión eléctrica, lo que impide el bombeo y deja las obras inutilizadas.
Emergencia hídrica, deuda estructural y “un derecho que no se ejerce”
En respuesta a la crisis, se presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia hídrica por 24 meses en toda la provincia. La iniciativa contempla desde la recuperación de vertientes hasta la perforación de pozos profundos, sistemas de almacenamiento, distribución y abastecimiento de emergencia mediante camiones cisterna.
El proyecto reconoce explícitamente que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, protegido tanto por la Constitución argentina como por tratados internacionales. También incorpora la obligación de garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.
Sin embargo, el contraste entre el reconocimiento normativo y la realidad concreta vuelve a quedar en evidencia. Mientras se presentan herramientas legales y se celebran espacios institucionales, decenas de comunidades siguen sin acceso efectivo a un recurso vital.
Durante la presentación del compendio, la secretaria legislativa del Digesto Jurídico, Silvana Pérez, afirmó: “Un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce”. La frase, pensada para destacar el valor del acceso a la información, adquiere otro sentido frente al acampe: también hay derechos que, aun siendo conocidos, no se garantizan.
Desde las comunidades, la demanda es clara. No piden solo reconocimiento cultural ni marcos legales: exigen condiciones materiales para vivir. “Estas leyes son importantes para nosotros como comunidad”, expresó el referente Mbya Rosendo Moreyra, quien también reafirmó la defensa de su identidad y su territorio.
Pero en la plaza, la urgencia es otra. “Lo que piden es poder vivir, poder tomar agua que no los enferme”, sintetizó Rodrígues.
Un poco de historia respecto de la legislación y derecho indigena de Misiones
Rodrigues explica que: “El trasfondo político del conflicto en Misiones también expone una disputa más profunda sobre derechos incumplidos y decisiones institucionales. Uno de los reclamos históricos del pueblo Mbya Guaraní gira en torno a la llamada Ley 5001 de Misiones, una norma que obligaba a convocar a un plebiscito para reformar la Constitución provincial y reconocer a este pueblo como nación preexistente”. Aunque la ley fue aprobada, ese plebiscito nunca se realizó. Posteriormente, durante el proceso de reorganización normativa conocido como Digesto Jurídico, la norma fue eliminada bajo el argumento de “objeto cumplido”, una decisión que las comunidades cuestionan hasta hoy porque consideran que nunca se implementó.
Este antecedente alimenta la desconfianza hacia iniciativas actuales como el compendio digital de derechos presentado por la Legislatura. Para referentes Mbya, la digitalización y difusión de normas contrasta con la eliminación previa de herramientas legales clave. En ese sentido, interpretan estas políticas como parte de una lógica más amplia de gestión que prioriza la visibilidad institucional, programas tecnológicos, iniciativas simbólicas o de comunicación, por sobre la resolución de demandas estructurales como el acceso al agua, la tierra o el reconocimiento constitucional.
A esto se suma el escenario legislativo. El proyecto de emergencia hídrica fue impulsado por sectores opositores, con representación minoritaria dentro de la Cámara, frente al oficialismo del Frente Renovador de la Concordia Social, que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas. En la práctica, esto limita las posibilidades de tratamiento del proyecto sin acuerdos políticos amplios. Según distintas voces locales, la correlación de fuerzas hace poco probable que avance una iniciativa de este tipo sin el aval del oficialismo, lo que refuerza la percepción de falta de voluntad política para abordar de manera urgente la crisis hídrica que atraviesan las comunidades Mbya.
El caso de Misiones expone una contradicción profunda: el reconocimiento discursivo y normativo de los derechos indígenas convive con situaciones de exclusión concreta. En términos políticos, la falta de respuesta a comunidades movilizadas plantea interrogantes sobre el alcance real del “diálogo intercultural” que promueven las autoridades.
En una región rica en agua, la imposibilidad de acceder a ella en condiciones seguras revela no solo una crisis ambiental, sino también una deuda histórica. Y mientras el gobierno celebra leyes y encuentros, en la plaza, la espera continúa.
Fuente: La Voz de Misiones, Canal 12 Misiones
