ALIANZA CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR DE HONDURASPOSICIONAMIENTO

En el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas, las organizaciones y espacios articulados en la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras nos manifestamos desde una posición unitaria, pacífica y democrática, reafirmando la vigencia de las luchas por la tierra, la soberanía alimentaria y la dignidad de quienes sostienen la vida desde el campo.

Cada 17 de abril se conmemora esta fecha en memoria de la masacre de Eldorado dos Carajás, ocurrida en Brasil en 1996, donde trabajadores rurales sin tierra fueron asesinados mientras reclamaban justicia social y acceso a la tierra. En Honduras, esta fecha mantiene plena vigencia ante la persistencia de profundas desigualdades en el campo, la concentración de la tierra y la exclusión histórica de comunidades campesinas, indígenas y populares.

Lejos de atender estas deudas históricas, Honduras atraviesa hoy un proceso acelerado de reconcentración del poder impulsado por el Partido Nacional en alianza con el Partido Liberal y otros partidos bisagra (DC-PINU), con el respaldo e injerencia del gobierno de los Estados Unidos. En este proceso se articulan élites económicas nacionales e internacionales que promueven la reducción del papel regulador del Estado y profundizan un modelo contrario a los intereses de las mayorías rurales.

Este momento se expresa en la instrumentalización de la figura del juicio político, que a la fecha ha derivado en la destitución del fiscal general de la República, de un consejero del Consejo Nacional Electoral y de un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, así como en la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en medio de amenazas de someterla a dicho mecanismo. Estos hechos no pueden leerse de forma aislada, sino como parte de una disputa estructural por la orientación del Estado, que en la actual administración se dispone a dar continuidad y profundizar las bases del proyecto político y visión de país impulsado durante las administraciones de Juan Orlando Hernández.

En este contexto vemos con mucha preocupación:

El impulso de la Ley de Reactivación y Rehabilitación del Sector Agropecuario, que tiende a desnaturalizar los conflictos agrarios, reduciéndolos a problemas de legalidad o productividad, sin abordar sus causas estructurales vinculadas a la desigualdad en el acceso a la tierra y al despojo territorial.
El nombramiento en cargos públicos estratégicos de personas sin la experiencia requerida y con vínculos con actores señalados en casos de corrupción, como se evidencia en recientes designaciones dentro de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), institución que juega un rol determinante en la atención a las medidas de protección a personas defensoras de la tierra y el territorio.
El retorno del Estado de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mecanismo que históricamente ha favorecido intereses corporativos y ha implicado el pago de millonarias indemnizaciones en el marco de inversiones cuestionadas.
La posible reactivación de las ZEDE o figuras equivalentes, que representan una amenaza directa a la soberanía nacional y a los derechos territoriales de los pueblos, consolidando esquemas de control privado sobre espacios estratégicos del país.
Las amenazas de desalojos, la judicialización de comunidades y liderazgos territoriales, como mecanismos de presión y control que vulneran derechos y agravan la conflictividad socioterritorial.
El impulso de mecanismos de licenciamiento ambiental exprés, la reactivación de proyectos extractivos y el debilitamiento de los procesos de regulación, que reducen los controles institucionales, facilitan la aprobación acelerada de proyectos y vulneran las garantías de protección ambiental y los derechos de las comunidades sobre sus territorios.
El incumplimiento sistemático de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan, al que se suma recientemente una nueva sentencia en favor de las comunidades de Cayos Cochinos, evidenciando la persistente falta de voluntad política y de acciones concretas del Estado para garantizar plenamente los derechos territoriales.
La profundización del control territorial por parte de grupos del crimen organizado que, en articulación con otras estructuras de poder, incrementa la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de control comunitario sobre los territorios. Asimismo, denunciamos la utilización de grupos criminales por parte de sectores empresariales agroindustriales para infiltrar, intimidar y atacar a organizaciones y grupos campesinos.
El incremento de los precios de los combustibles, el transporte y la canasta básica, en el marco de una crisis energética internacional, cuyos impactos han sido trasladados directamente a la población ante la ausencia de medidas estatales efectivas, afectando de forma diferenciada a las comunidades indígenas, campesinas y garífunas.
La contaminación de los territorios derivada de actividades extractivas, que afecta directamente a las comunidades rurales, deteriora los bienes comunes y pone en riesgo la salud, el agua y las formas de vida comunitaria.

Frente a esto, exigimos:

El reconocimiento y atención inmediata de la agenda agraria y territorial construida por las organizaciones campesinas, indígenas y garífunas, mediante mecanismos reales de interlocución con el Estado.
La instalación de una mesa nacional de diálogo vinculante entre el movimiento territorial, campesino e indígena y la institucionalidad pública, orientada a resolver de manera democrática los conflictos agrarios y territoriales.
La atención urgente de la mora agraria, mediante la entrega efectiva de tierras a comunidades y familias indígenas, garífunas y campesinas con derechos históricamente postergados.
La adopción de políticas públicas dirigidas a garantizar la soberanía alimentaria, protegiendo la producción nacional y el derecho de la población a alimentos suficientes, accesibles y saludables.
El impulso de una verdadera reforma agraria integral, incluyente y con enfoque de género, que recoja las aspiraciones de las familias campesinas y garantice acceso equitativo a la tierra, asistencia técnica, financiamiento y condiciones dignas de producción.
La garantía plena del acceso a la tierra y de la seguridad jurídica sobre la tenencia, respetando títulos comunitarios, tierras de reforma agraria y territorios ancestrales.
El cese inmediato de los desalojos forzosos, de la persecución judicial y de cualquier acción represiva contra comunidades en lucha por la tierra y el territorio.
La formulación e implementación de un programa nacional de reactivación de la producción agrícola, orientado a fortalecer la economía campesina, la producción comunitaria y el abastecimiento interno de alimentos.
Que el Congreso Nacional informe al país cuáles son las reformas legislativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, y no aquellas que favorecen únicamente intereses corporativos y de concentración económica.
La reforma de figuras penales utilizadas para criminalizar la protesta social y la lucha por la tierra, garantizando el derecho a la organización y la movilización pacífica.
Que las tierras administradas por la OABI con sentencias firmes sean destinadas prioritariamente a fines de reforma agraria y beneficio social, y no a nuevos procesos de concentración patrimonial.
El respeto irrestricto al derecho de consulta previa, libre e informada sobre todos los asuntos que afecten los territorios, bienes comunes, modos de vida y cosmovisiones de los pueblos indígenas y garífunas.
La paralización definitiva de cualquier intento de reactivar las ZEDE o figuras equivalentes, por ser inconstitucionales y constituir una amenaza a la soberanía nacional y a la integridad territorial del país.
La derogación de la ley de empleo parcial y de cualquier normativa que precarice el trabajo y profundice la vulnerabilidad de la clase trabajadora y de las familias de sectores populares.
El cumplimiento inmediato de las sentencias internacionales pendientes y de las obligaciones del Estado en materia de derechos territoriales, justicia ambiental y protección de comunidades afectadas.

Las comunidades campesinas, indígenas y garífunas son sujetos fundamentales para la construcción y profundización de la democracia. No puede hablarse de democracia real mientras la tierra continúe concentrada, las comunidades rurales permanezcan marginadas y quienes producen alimentos enfrenten pobreza, violencia o criminalización.

Por ello, llamamos a la unidad, la organización y la lucha democrática y pacífica de los pueblos para defender la tierra, los territorios, los bienes comunes y el derecho de Honduras a un futuro con justicia social, dignidad y verdadera participación popular.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., el 16 de abril de 2026.

Fotos: Barracón Digital

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