Bolivia – Decreto Supremo 5503: legalizar el saqueo
Fuente: kaosenlared.net
El Decreto Supremo 5503 no es una medida coyuntural, sino una restructuración neoliberal del Estado. Define una nueva economía política y un nuevo rol estatal que, en los hechos, “constitucionaliza” el neoliberalismo por decreto: se crean derechos especiales para el inversor (inamovilidad de reglas, indemnización ante cualquier cambio adverso). El decreto fortalece las garantías y rentabilidades del capital privado, a costa de debilitar la capacidad regulatoria del Estado. Plantea la apertura comercial y desregulación, esta medida es contraria al principio de soberanía alimentaria consagrado en la Constitución, prioriza la libertad de mercado sobre el derecho a la alimentación, significa que las empresas podrían exportar maíz, azúcar, carne u otros productos sin antes asegurar el mercado local a precios justos. Así también, atenta en contra de los derechos laborales y mucho más.
La subida brusca de los combustibles actúa como un “impuesto” indirecto altamente regresivo sobre toda la población. De inmediato, encareció el transporte, alimentos y servicios básicos, deteriorando el poder adquisitivo popular. La propia narrativa del decreto oculta que elevar el precio de la gasolina y diésel es un factor inflacionario directo, especialmente en la canasta básica, afectando desproporcionadamente a los más pobres (Peñaranda, 2025). En México (2017) y Ecuador (2019), medidas similares provocaron fuertes protestas precisamente por este efecto multiplicador en el costo de vida (Agren, 2017).
El gobierno de Paz optó por encarecer el producto para todos –una “solución” que socializa las pérdidas, pero privatiza las ganancias (pues libera al Estado del gasto, a costa del consumidor común). El resultado previsible es más pobreza e incertidumbre: organismos independientes ya advierten de un rebrote inflacionario y recesivo, donde los trabajadores pagarán el ajuste vía alzas de precios y posible contracción productiva por mayores costos energéticos. Los Bs 550 adicionales mensuales que recibirá un asalariado en mínimo con el 20% de incremento es una burla, no compensa la escalada de precios en combustibles (87–162%) y bienes básicos, lo que implica una caída del salario real (Marañón, 2025). Más aún, el 80–85% de la fuerza laboral boliviana es informal o autónoma, sectores que no se benefician del salario mínimo, pero sí sufren el aumento del diésel y gasolina.
Esto agrava la desigualdad, golpeando sobre todo a campesinos, transportistas independientes, comerciantes minoristas y familias populares urbanas cuyo ingreso no está indexado. El “gasolinazo” traslada el ajuste fiscal al pueblo.
Las medidas de apertura comercial y desregulación incluidas en el DS 5503 benefician a sectores empresariales y al comercio importador/exportador, pero perjudican a los pequeños productores locales, a la seguridad alimentaria y al empleo industrial. Al eliminarse la licencia previa para importaciones de textiles, ropa, electrodomésticos, etc., se deja indefensa a la industria manufacturera nacional –ya frágil– frente a una avalancha de productos foráneos más baratos. Microempresas de confecciones, curtiembres, carpinterías y otros talleres locales no podrán soportar esta competencia desleal, resultando en cierres de unidades productivas y pérdida de miles de empleos. Es un paso hacia la desindustrialización, en contravía al modelo de sustitución de importaciones que muchos economistas progresistas consideran necesario para el desarrollo. De igual modo, la libre exportación de alimentos básicos sin garantizar primero el abastecimiento de la demanda interna es una decisión de alto riesgo social.
En países vecinos, la liberalización de exportaciones agrícolas ha derivado en desabastecimiento interno y encarecimiento de alimentos esenciales. Por ejemplo, Argentina durante el gobierno Macri (2016) liberó las exportaciones de carne y granos, y al poco tiempo el precio de la carne vacuna doméstica se disparó, afectando el consumo popular. En Bolivia, quitar el Certificado de Abastecimiento Interno como plantea el DS 5503 significa que empresas podrían exportar maíz, azúcar, carne u otros productos sin antes asegurar el mercado local a precios justos. Si los precios internacionales son atractivos, el mercado interno enfrentará escasez o aumentos bruscos, penalizando a los consumidores bolivianos (especialmente a los pobres, que gastan mayor proporción de su ingreso en comida).
Esta medida es contraria al principio de soberanía alimentaria consagrado en la Constitución, el DS 5503 prioriza la libertad de mercado sobre el derecho a la alimentación, al mismo tiempo libera políticas que podrían impulsar la inflación en alimentos, contrayendo aún más el poder de compra popular. Se evidencia una coherencia neoliberal: desregular, abrir fronteras y reducir el papel económico del Estado, incluso si eso vulnera derechos básicos. Estas disposiciones benefician a grandes agroexportadores, importadores y capital comercial, mientras sacrifican a la pequeña producción local, el empleo nacional y la seguridad alimentaria de las mayorías.
Un eje central del decreto 5503 es el fortalecimiento de las garantías y rentabilidades del capital privado, a costa de debilitar la capacidad regulatoria del Estado (achicamiento del Estado) y potencialmente socializar pérdidas futuras. El Régimen de Inversiones otorga a empresas (incluyendo transnacionales) una estabilidad normativa total por 15 años: ningún nuevo impuesto, restricción cambiaria ni política comercial podrá afectar sus ganancias, salvo que ellas lo consientan (Peñaranda, 2025). Esto significa que, si por ejemplo una futura administración democrática quisiera elevar regalías mineras, aplicar aranceles protectores o imponer controles ambientales más estrictos, no podría hacerlo para las empresas acogidas al régimen sin exponerse a demandas millonarias.
En términos legales, se está “constitucionalizando” el neoliberalismo por decreto: se crean derechos especiales para el inversor (inamovilidad de reglas, indemnización ante cualquier cambio adverso) que están por encima de los derechos sociales y ambientales de la ciudadanía. Esta estabilidad por 15 años “inmoviliza la soberanía legislativa del Estado” y busca hacer irreversible el modelo económico impuesto, aún si cambian las mayorías políticas en el futuro. Es, en efecto, una anulación anticipada de la voluntad popular: el decreto amarra las políticas económicas más allá de los ciclos electorales, blindando un orden pro-mercado contra eventuales giros hacia un modelo más social o estatista (Peñaranda, 2025). Además, el decreto invierte la relación de fuerzas legal: el Artículo 15 coloca al Estado como sospechoso ante cualquier regulación (“carga de la prueba” de que es proporcional y necesaria), mientras que los inversionistas pasan a ser sujetos cuasi-intocables con derecho a compensación.
Las controversias ni siquiera se ventilarán en la justicia boliviana, sino ante árbitros internacionales de sesgo corporativo, conocidos por fallar a favor de empresas contra los Estados. Este esquema refleja la lógica de tratados de inversión y del CIADI que tantos estragos causaron en los 90s y 2000s –irónicamente, fue revertido en gran medida por el gobierno de Evo Morales, que denunció esos tratados por atentar contra la soberanía. Ahora se reinstaura por vía interna, privatizando los mecanismos de resolución de disputas públicas.
Otra dimensión es la amnistía de capitales y alivios tributarios que, si bien se presentan como medidas para “atraer liquidez”, implican una transferencia regresiva de recursos fiscales en favor de élites económicas. La regularización voluntaria permite blanquear fortunas posiblemente originadas en evasión fiscal e incluso corrupción, cobrando un impuesto simbólico o nulo. En la práctica, se perdona a quienes no pagaron impuestos ni declararon bienes, mientras al ciudadano común se le exige cumplir sus obligaciones bajo pena legal. Esto envía un mensaje de impunidad clasista: grandes contribuyentes morosos o capitalistas que fugaron divisas obtienen borrón y cuenta nueva, validando sus prácticas a cambio de una mínima contribución.
Lo mismo ocurre con la prescripción de deudas tributarias: el fisco renuncia a cobrar sanciones e intereses acumulados hasta 2025, lo que probablemente beneficia a empresas con cuantiosos montos en disputa con Impuestos Nacionales (casos históricos han involucrado a ingenios azucareros, petroleras, importadoras, etc.). Este “saneamiento” de la cartera podría interpretarse como medida técnica para limpiar balances, pero en el contexto global del decreto luce como un guiño al empresariado: “no perseguiremos tus incumplimientos pasados, trae tu dinero y te daremos ventajas”. Se estima que el costo fiscal de condonar esas multas e intereses será elevado, equivaliendo a un subsidio encubierto al capital, otorgado justo cuando se quita el subsidio a bienes de consumo popular como la gasolina. Se observa una redistribución invertida: mientras se recortan beneficios colectivos (subsidios energéticos) y se aumentan precios al pueblo, se otorgan exoneraciones y seguridades jurídicas extraordinarias al gran inversor y evasor.
Esto evidencia el carácter de clase de las políticas: el Estado garantiza las condiciones de reproducción del capital (protección de ganancias, seguridad a la inversión) descargando la crisis sobre el trabajo (mayores costos de vida, precarización). El ajuste, por tanto, no es “técnico ni neutral” como alega el gobierno, sino profundamente político: prioriza los intereses de la burguesía nacional y extranjera, y de las élites rentistas.
Por otro lado, la respuesta fiscal y monetaria para salir de la crisis recae excesivamente en la austeridad y endeudamiento, sin explorarse alternativas de política económica heterodoxa. El DS autoriza al Banco Central a buscar líneas de liquidez externas y swaps de divisas, profundizando posiblemente la dependencia de créditos internacionales. No se menciona una reforma tributaria progresiva significativa (por ejemplo, gravar grandes fortunas o utilidades extraordinarias), ni recuperación de recursos estratégicos para el Estado.
Antes, al contrario, el ajuste se hace achicando el Estado –reduciendo subsidios, desprendiéndose de control en sectores clave y limitando futuras regulaciones– lo que a mediano plazo puede debilitar su capacidad de impulsar desarrollo inclusivo. La promesa gubernamental de que este paquete traerá inversión, reactivación y empleo es cuestionable: experiencias similares en la región muestran que la “lluvia de inversiones” rara vez se materializa en beneficio general, mientras el costo social sí es inmediato.
En Argentina tras ajustes neoliberales (el 2016-2018), la inflación se disparó y la pobreza aumentó, sin que las inversiones extranjeras compensaran el daño. En Ecuador, las medidas pro-mercado de Lenín Moreno (acuerdo con el FMI, fin de subsidios) no evitaron que la pobreza subiera y la economía se estancara, a la par de convulsión social. Bolivia repite hoy recetarios externos ya fracasados.
Entonces podemos afirmar con claridad que el DS 5503 reconfigura al Estado Plurinacional en clave neoliberal, reduciendo su rol redistributivo y regulador a favor de un “libre mercado” donde las mayorías quedan desprotegidas. Se trata de un retroceso histórico respecto al modelo de Estado social y comunitario que la Constitución de 2009 postulaba, un giro que agudizará las tensiones de clase y las brechas de riqueza.
Experiencias comparativas en América Latina y lecciones
La situación boliviana recuerda a episodios recientes en América Latina donde gobiernos –tanto de derecha como nominalmente de centro-izquierda– aplicaron ajustes neoliberales similares, con resultados instructivos, veamos:
La lección ecuatoriana es clara: un “gasolinazo” puede detonar una crisis de gobernabilidad si la base social percibe injusticia en el ajuste. Además, exhibe que los planes fondomonetaristas priorizando equilibrios fiscales pueden enfrentar reveses cuando chocan con la organización popular. El costo político para Moreno fue enorme: su imagen quedó debilitada y a los pocos años su sucesor (Guillermo Lasso) también encontró protestas al intentar subir precios de combustibles, debiendo congelarlos en 2022 para evitar otro estallido.
Argentina muestra que los ciclos de ajuste regresivo suelen agravar las crisis en lugar de resolverlas: tras años de austeridad y liberalización, la economía no se estabilizó, sino que padeció alta inflación y endeudamiento crónico, con alternancia de gobiernos, pero sin solución estructural. La población, por su parte, sufrió “doblemente” –primero con Macri y luego con la crisis de deuda que limitó al gobierno sucesor. El costo humano de priorizar metas fiscales sobre las vidas vulnerables quedó expuesto crudamente en Argentina.
La indignación se originó en que el aumento ocurrió en medio de recesión y ya de por sí altos precios. Las encuestas mostraron más del 75% de la gente en contra del gasolinazo, y Peña Nieto alcanzó niveles récord de desaprobación (80%). El gobierno argumentó, similar al caso boliviano, que seguir subsidiando la gasolina era fiscalmente insostenible y que el beneficio iba a los más ricos (dueños de SUVs), además de decir que precios altos impulsarían energías limpias (Agren, 2017). Estas razones técnicas no convencieron al público, pues en la práctica los salarios se mantenían estancados y la inflación golpeó fuerte (6% en 2017, la más alta en 16 años en México, con aumentos sobre todo en alimentos). La ira ciudadana ante la carestía fue uno de los factores que alimentó la victoria electoral de Andrés M. López Obrador (AMLO) en 2018 –un candidato que prometió bajar los precios de gasolina y electricidad y revertir partes de la reforma energética (Agren, 2017). Ya en el poder, AMLO optó por controlar los precios de combustibles mediante subsidios directos (usando los excedentes petroleros de PEMEX), cumpliendo parcialmente su promesa al menos hasta 2022-2023.
La experiencia mexicana evidencia que los “gasolinazos” generan una reacción política duradera: los partidos que los implementan suelen pagar un costo en legitimidad, y surge demanda por alternativas más soberanas (como recuperar refinerías, en el caso de AMLO). También confirma el argumento keynesiano de que subir precios de energéticos en recesión profundiza la crisis social –México enfrentó un aumento de la pobreza laboral y tensiones que solo aplacó un cambio de rumbo político.
Las experiencias comparadas advierten que el Decreto 5503 no es solo un asunto interno, sino parte de un patrón regional de políticas neoliberales recurrentes. Los resultados en otros países han sido mayor desigualdad, protestas multitudinarias e incluso retrocesos forzados de las medidas. Esta perspectiva histórica refuerza el cuestionamiento: ¿por qué repetir recetas ajenas que ya fracasaron? “persistir en lineamientos del FMI… revela amnesia histórica… esas recetas solo profundizaron la desigualdad y debilitaron el tejido social”. Insistir en ellas hoy “es ofrecer aspirinas para una fractura” (Red de Economía Política-Bolivia, 2025. Bolivia) –un paliativo tecnocrático que no cura el daño real, con su tradición de luchas populares victoriosas (2000, 2003, 2005), difícilmente aceptará pasivamente un retorno al neoliberalismo ortodoxo sin plantear resistencia. De estas comparaciones emerge una lección clave: no hay estabilidad posible sin justicia social, pues generan tensiones que tarde o temprano desbordan en las calles o en las urnas.
Por eso, el DS 5503 debe ser nombrado por lo que es: la legalización del saqueo en Bolivia. Ordena el ajuste y blinda al capital. Frente a este escenario, no hay medias tintas ni soluciones técnicas que alcancen. La única alternativa democrática y popular es la abrogación del decreto, mediante una movilización nacional en unidad de trabajadores asalariados, cuentapropistas, campesinos, gremiales y transportistas. Con la COB como síntesis articuladora.
Referencias:
Alquimias Económicas. (2024, 5 de febrero). Tarifas energéticas en la era Milei: “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. https://alquimiaseconomicas.com.
Estado Plurinacional de Bolivia. (2025). Decreto Supremo N.º 5503, de necesidad y urgencia para la estabilización económica, financiera y social del Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
Infobae (EFE). (26 de diciembre de 2025). Mineros bolivianos protestaron por tercer día consecutivo por la eliminación de subsidios al combustible. Infobae.cominfobae.cominfobae.com.
IzquierdaDiario (Peñaranda, C. E.). (18 de diciembre de 2025). Análisis crítico del Decreto Supremo Nº 5503: precarización de las condiciones de vida, ajuste económico y reconfiguración neoliberal… laizquierdadiario.com.bo
Marañón Albarracín, J. C. (2025, 18 de diciembre). Gasolinazo de 87% y diéselazo de 162%: eliminados los subsidios en Bolivia. Bolpress. https://bolpress.com.
Red de Economía Política-Bolivia. (9 de octubre de 2025). Bolivia ballottage: la economía en debate. Correo del Trabajador (cctt.cl)cctt.clcctt.cl.
Reuters (Valencia, A.). (4 de octubre de 2019). Transportistas de Ecuador ponen fin a protesta por eliminación de subsidios combustibles. Reuters.comreuters.comreuters.com.
The Guardian (Agren, D.). (5 de enero de 2017). Angry protests erupt across Mexico after 20% hike in gasoline prices. TheGuardian.comtheguardian.comtheguardian.com.
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Fuente: rebelion.org
