La esclavitud en el centro del mundo: memoria, poder y reparación en disputa

La historia es circular y a veces basta un solo hecho para revisar cientos de años. La votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los crímenes de la esclavitud es uno de ellos, ya que no solo reconoció la magnitud de la esclavitud atlántica sino que expuso las bases materiales sobre las que se construyó el poder occidental. En la negativa y la abstención de las potencias aparece con claridad el límite del reconocimiento: la memoria es tolerable, la reparación no.

La votación en la Asamblea General de la ONU no fue un gesto ceremonial ni una concesión moral de último momento. Fue, sin dudas, una señal política de esta época, que además reabre una discusión que durante siglos se intentó clausurar. Con 123 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones, la ONU aprobó la resolución A/80/L.48, impulsada por Ghana, que declara la trata transatlántica de africanos esclavizados y el sistema de esclavitud racializada como “el crimen más grave contra la humanidad”. Votaron en contra Estados Unidos, Israel y Argentina; se abstuvieron, entre otros, el Reino Unido y los países de la Unión Europea. Aunque el texto no es jurídicamente vinculante, tiene un peso político y normativo evidente: instala, en el corazón del sistema multilateral, una definición histórica que durante siglos fue relativizada, diluida o directamente negada.

Pero lo verdaderamente significativo no es solo el contenido de la resolución, sino el momento en que aparece y las preguntas que vuelve a poner en circulación. No es casual que este reconocimiento emerja en un contexto en el que África y su diáspora han comenzado a articular con mayor fuerza una agenda internacional de reparación, memoria y restitución histórica. Muchos países africanos le están exigiendo a las potencias colonizadoras la restitución de parte de su memoria histórica y cultural, que hoy permanece en las vitrinas de los museos más importantes de Europa.

La ONU reconoció la trata de esclavos africanos como «el crimen de lesa humanidad más grave» El pleno internacional aprobó una histórica resolución impulsada por Ghana que subraya las consecuencias sociales y económicas, la violencia estructural…

Reconocer la esclavitud atlántica como el crimen más grave contra la humanidad implica algo más que un gesto de memoria: obliga a revisar no solo el pasado, sino la legitimidad histórica del orden global que se construyó sobre ese pasado. La acumulación originaria del capitalismo, la expansión de los imperios marítimos europeos, el crecimiento de los puertos atlánticos y el desarrollo de las finanzas modernas no pueden comprenderse sin ese sistema de captura, transporte y explotación de millones de africanos. Ghana sostuvo en la ONU que al menos 12,5 millones de personas fueron arrancadas del continente entre los siglos XV y XIX, y que las consecuencias de ese proceso persisten hasta hoy bajo la forma de desigualdades estructurales.

En ese sentido, la resolución no incomoda por lo que recuerda, sino por lo que pone en movimiento. Porque si la esclavitud no fue una desviación marginal sino uno de los pilares sobre los que se construyó la modernidad occidental, entonces la discusión ya no puede quedar limitada al pasado: pasa a ser, necesariamente, una discusión sobre riqueza, poder, herencia histórica y responsabilidad política en el presente. Y, en última instancia, sobre quiénes se beneficiaron de ese sistema y quiénes siguen pagando, hasta hoy, sus consecuencias.

Durante más de cuatro siglos, entre los siglos XV y XIX, el Atlántico fue el escenario de uno de los sistemas de explotación más vastos de la historia humana. Millones de africanos fueron embarcados por la fuerza hacia América y millones murieron en el viaje, en condiciones que hoy encuadrarían sin discusión como crímenes masivos. Pero incluso esas cifras, por su magnitud, corren el riesgo de ocultar algo más profundo: no describen solo una tragedia humana, sino el funcionamiento de un sistema.

Porque esas cifras, las que exhibió Ghana en sus argumentos respaldatorios en la ONU, solo adquieren sentido cuando se entiende el engranaje. La trata fue el núcleo de una economía global en expansión: Europa enviaba manufacturas y armas hacia África; desde allí se capturaban y exportaban seres humanos hacia América; y desde América regresaban a Europa productos como azúcar, algodón, tabaco y café, generados mediante trabajo esclavo. No se trató de un comercio más, sino de una estructura organizada para convertir cuerpos en mercancía y violencia en acumulación, estableciendo una lógica que no desapareció con la abolición, sino que se transformó —con otras formas— en desigualdades persistentes en el sistema global.

Ese circuito, también llamado “triángulo de oro”, fue en realidad una arquitectura de poder profundamente asimétrica. África fue el territorio del despojo humano; América, el espacio de explotación intensiva; y Europa, el centro de acumulación, transformación y refinamiento financiero. La desigualdad no fue una consecuencia del sistema: fue su principio organizador, una división del mundo que, con otras configuraciones, continúa estructurando las jerarquías económicas y políticas del orden internacional.

Ahí está uno de los núcleos más incómodos del debate actual: la esclavitud no fue un exceso del sistema, fue su condición de posibilidad. La acumulación originaria del capitalismo europeo, el crecimiento de los puertos atlánticos, el desarrollo del crédito, de los seguros y de las redes comerciales globales no pueden entenderse sin ese circuito. No hubo expansión moderna sin esa base de violencia sistemática.

En América, ese impacto no fue accesorio, fue fundacional. Brasil recibió cerca del 40% de todos los africanos esclavizados del continente, con más de 5 millones de personas, convirtiéndose en el principal destino de la trata. El Caribe funcionó como un laboratorio de explotación extrema, donde las tasas de mortalidad eran tan elevadas que el sistema dependía de una reposición constante de mano de obra esclavizada, configurando economías basadas en el desgaste humano permanente.

El caso de Haití sintetiza esa violencia estructural y sus consecuencias. La revolución iniciada en 1791 —única en su tipo— no solo abolió la esclavitud, sino que puso en crisis el orden colonial atlántico. Sin embargo, lejos de ser reconocida como una ruptura emancipadora, fue castigada: Francia impuso una deuda que condicionó su desarrollo durante más de un siglo, convirtiendo la libertad en una carga estructural.

En África, el impacto demográfico y social fue igualmente devastador. Si se consideran las muertes asociadas a capturas, desplazamientos internos y guerras alimentadas por la propia lógica de la trata, algunos cálculos elevan el impacto total por encima de los 20 millones de personas. Pero más allá de las cifras, lo que quedó fue una desestructuración profunda de sociedades, economías y sistemas políticos. La trata y el colonialismo no fueron procesos separados: fueron fases de un mismo sistema de subordinación que no quedó en el pasado, sino que se proyectó en el tiempo como una estructura que aún condiciona las formas de desarrollo, dependencia y desigualdad en el mundo contemporáneo.

La abolición en Nuestramérica: entre revolución, reforma y continuidad

Si la esclavitud fue el motor del sistema, su abolición no fue un acto humanitario espontáneo ni el resultado natural de un progreso moral. Fue el producto de luchas, rebeliones, guerras y decisiones políticas atravesadas por intereses, tensiones económicas y disputas de poder. En muchos casos, más que una ruptura, fue una transición controlada.

En el Río de la Plata, la Asamblea del Año XIII no abolió completamente la esclavitud, pero marcó un punto de inflexión con la llamada “libertad de vientres”, que declaraba libres a los hijos de personas esclavizadas nacidos desde ese momento. Era una medida gradual que proyectaba el fin del sistema hacia el futuro, pero que al mismo tiempo permitía su continuidad en el presente, mostrando los límites de las reformas en contextos donde la estructura económica todavía dependía de ese orden.

Durante el período de Juan Manuel de Rosas, la esclavitud aún existía formalmente, aunque en retroceso. Recién en 1853, con la Constitución Nacional, Argentina abolió definitivamente la esclavitud. Sin embargo, como en otros casos, la eliminación jurídica no implicó una transformación inmediata de las condiciones sociales, ni la integración plena de la población afrodescendiente en el nuevo orden republicano.

En otros territorios, el proceso siguió ritmos distintos, pero con tensiones similares. Chile avanzó tempranamente con la libertad de vientres en 1811 y abolió la esclavitud en 1823. México lo hizo en 1829 bajo el gobierno de Vicente Guerrero, él mismo de ascendencia afro. En estos casos, la abolición estuvo ligada a procesos revolucionarios más amplios, pero tampoco escapó a las limitaciones estructurales de las nuevas repúblicas.

El caso de Brasil, por su escala y persistencia, resulta particularmente revelador. Allí, la esclavitud no solo fue masiva, sino también prolongada. Mientras gran parte de América Latina había avanzado en su eliminación durante la primera mitad del siglo XIX, Brasil la mantuvo hasta 1888, cuando la Lei Áurea puso fin formal al sistema. Esa demora no fue accidental: respondía a una economía profundamente dependiente del trabajo esclavo, especialmente en el ciclo del café, y a una élite que logró sostener ese orden hasta último momento.

Pero incluso en su final, la abolición brasileña expone uno de los rasgos más persistentes del proceso en toda la región: se produjo sin políticas de integración, reparación ni redistribución. Millones de personas fueron liberadas jurídicamente, pero abandonadas en términos materiales, lo que consolidó nuevas formas de desigualdad sobre las bases del viejo sistema.

En el Caribe, donde la economía de plantación alcanzó algunos de los niveles más extremos de explotación del mundo atlántico, el proceso fue igualmente revelador de los límites de la abolición. Colonias como Jamaica, Barbados o Trinidad abolieron formalmente la esclavitud en la década de 1830 bajo el dominio del Imperio británico, pero lo hicieron a través del sistema de “aprendizaje” (apprenticeship), que obligaba a las personas liberadas a continuar trabajando para sus antiguos amos durante años, prolongando en los hechos la lógica del trabajo forzado. La abolición, en estos casos, no implicó una ruptura del sistema, sino su reconfiguración bajo nuevas formas legales.

Al mismo tiempo, el Caribe fue también el escenario de la ruptura más radical del orden esclavista. La revolución de Haití, iniciada en 1791, no solo abolió la esclavitud, sino que destruyó el sistema colonial en su conjunto y dio lugar al primer Estado negro independiente del mundo moderno. Pero esa ruptura fue rápidamente contenida por el sistema internacional: aislamiento diplomático, bloqueo económico y, sobre todo, la imposición por parte de Francia de una deuda que condicionó el desarrollo del país durante más de un siglo. La experiencia haitiana dejó una lección duradera para el orden atlántico: incluso las revoluciones más profundas podían ser disciplinadas cuando amenazaban la estructura global de poder.

En ese sentido, el Caribe condensa como pocos espacios las tensiones de la abolición: allí donde el sistema fue más brutal, las salidas oscilaron entre reformas controladas que garantizaron la continuidad de la explotación y rupturas radicales que fueron castigadas. Esa doble dinámica —reforma sin transformación o ruptura con sanción— ayuda a explicar por qué el fin jurídico de la esclavitud no significó el fin de sus efectos estructurales.

Ahí aparece una de las claves más importantes para leer la abolición en Nuestramérica: la esclavitud terminó como institución legal, pero no como estructura social. Sus efectos económicos, raciales y políticos no solo persistieron, sino que se reconfiguraron dentro de los nuevos Estados nacionales. Como muestran múltiples estudios sobre desigualdad en América Latina, las poblaciones afrodescendientes continúan enfrentando mayores niveles de pobreza, menor acceso a educación y menor representación política.

Votos, silencios y resistencias: lo que la ONU dejó al descubierto

La resolución incomoda porque no se limita a nombrar un crimen del pasado: obliga a mirar de frente la arquitectura histórica del poder mundial. Y es precisamente en la negativa y en la abstención de las potencias occidentales donde esa arquitectura aparece con mayor nitidez. Estados Unidos votó en contra; el Reino Unido y los países de la Unión Europea se abstuvieron. Formalmente, sus delegaciones hablaron de dificultades jurídicas, de la inconveniencia de establecer jerarquías entre crímenes contra la humanidad y de la imposibilidad de aplicar de manera retroactiva categorías del derecho internacional contemporáneo a hechos ocurridos entre los siglos XV y XIX. Eso dijeron. Pero el problema de fondo no parece ser técnico, sino político: reconocer plenamente la esclavitud atlántica como “el crimen más grave contra la humanidad” abre una discusión sobre responsabilidades históricas que esas potencias no están dispuestas a asumir.

Ahí está el verdadero núcleo del conflicto. Porque la discusión deja de ser memorial o moral y pasa a tocar la base material del orden global. Admitir que la esclavitud atlántica fue uno de los crímenes fundacionales de la modernidad implica aceptar también que no fue un episodio periférico, sino uno de los grandes motores de la acumulación occidental. No se trata solo de barcos negreros cruzando el Atlántico, sino de puertos que crecieron, casas comerciales que se expandieron, redes de crédito y seguros que se consolidaron, fortunas familiares que se multiplicaron y Estados que ampliaron su capacidad fiscal y financiera sobre esa base. La trata y la esclavitud no fueron una mancha en el sistema: ayudaron a construirlo.

El ejemplo británico es especialmente elocuente porque permite ver con claridad cómo esa riqueza no quedó encerrada en el pasado. La investigación del Bank of England recuerda que, tras la abolición de 1833, el Estado británico destinó 20 millones de libras a compensar a los propietarios de esclavos por la “pérdida de su propiedad”, una suma enorme para la época, administrada por el propio banco central. UCL, a través de su proyecto Legacies of British Slave-Ownership, muestra que ese dinero no fue marginal: irrigó sectores enteros de la sociedad británica y ayudó a consolidar patrimonios, inversiones e instituciones. Es decir, cuando la esclavitud terminó legalmente en el Imperio, el Estado no reparó a los esclavizados sino a los esclavistas, convirtiendo la abolición en una operación de continuidad patrimonial para las élites.

También los puertos hablan. Liverpool se convirtió en el principal puerto esclavista europeo del siglo XVIII; archivos y colecciones históricas de la propia ciudad sostienen que, hacia 1801-1807, concentraba cerca del 79% de la actividad británica en la trata, había invertido más de un millón de libras en ese comercio hacia 1800 y sus barcos transportaron más de 1,1 millones de africanos esclavizados hacia América. No es un dato secundario: muestra cómo una parte sustancial del ascenso comercial y marítimo británico estuvo anclada en ese circuito. Liverpool, Bristol y Londres no fueron simples testigos de la trata; fueron nodos de una economía atlántica que convirtió la captura de seres humanos en infraestructura, crédito, empleo portuario, seguros marítimos y expansión imperial.

Por eso la abstención británica y europea, y el voto negativo estadounidense, no pueden leerse como matices prudentes. Son, en realidad, una forma contemporánea de administrar el límite del reconocimiento. Se admite el horror, pero se bloquea la consecuencia. Se acepta que la esclavitud fue atroz, pero se resiste cualquier formulación que pueda transformarse en demandas de disculpas formales, restitución de bienes, compensaciones, financiamiento reparador o rediseño de las relaciones económicas heredadas de ese proceso. La propia resolución aprobada por la Asamblea General menciona explícitamente medidas de justicia reparadora, entre ellas disculpas, restitución, compensación y garantías de no repetición, y eso ayuda a entender por qué la reacción occidental fue de resistencia y no de acompañamiento.

En ese sentido, la negativa y la abstención son más reveladoras que cualquier discurso conmemorativo. Porque muestran que el problema no reside en el pasado lejano de la esclavitud, sino en su traducción presente. Lo que esas potencias parecen rechazar no es la memoria del crimen, sino la posibilidad de que esa memoria reorganice el campo de las responsabilidades. Aceptar la formulación impulsada por Ghana implicaría reconocer que la riqueza atlántica no fue fruto exclusivo del ingenio comercial o la revolución industrial, sino también del secuestro masivo, del trabajo forzado y de una economía racializada que asignó a África el lugar del despojo, a América el de la explotación y a Europa el de la acumulación y el mando.

Y ahí aparece el punto más incómodo de todos: si la esclavitud atlántica ayudó a fundar el orden económico moderno, entonces la discusión sobre reparaciones no es una anomalía moral ni una demanda sentimental. Es una impugnación directa a la legitimidad histórica de ese orden. Por eso este bloque de votos no es un detalle diplomático de la nota, sino su centro político. En la abstención y en la negativa no solo sobrevive la renuencia a nombrar plenamente el crimen; sobrevive, también, la voluntad de proteger las bases materiales del mundo que ese crimen ayudó a construir.

Ghana, África y la disputa por las reparaciones

La pregunta es inevitable: ¿por qué Ghana? ¿Y hasta qué punto esta resolución expresa una posición africana común?

Ghana no es un actor cualquiera en esta historia. Fue uno de los territorios centrales del comercio esclavista en África occidental —la llamada “Costa de Oro”— y, al mismo tiempo, uno de los primeros países en romper con el colonialismo europeo bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah. Esa doble condición —territorio marcado por la trata y símbolo del panafricanismo— le da una legitimidad particular para impulsar esta agenda. Pero también le otorga una posición política específica: la de un Estado que no solo reclama memoria, sino que busca intervenir activamente en la disputa por el sentido del orden global.

En los últimos años, Ghana ha desarrollado una política sostenida de reconexión con la diáspora africana. Iniciativas como el “Year of Return” en 2019 o el programa “Beyond the Return” no son gestos culturales aislados: forman parte de una estrategia que articula identidad, turismo, inversión y posicionamiento geopolítico. No se trata solo de reconstruir vínculos simbólicos, sino de reconfigurar relaciones económicas y políticas entre África y su diáspora, especialmente en el Atlántico.

Ahora bien, Ghana no es “toda África”. Y ahí aparece una de las tensiones más relevantes del momento actual.

La Unión Africana ha avanzado en una agenda común sobre reparaciones —declarando 2025 como el año de la justicia reparadora—, pero esa convergencia no elimina las diferencias internas. No todos los Estados africanos priorizan este tema del mismo modo, ni lo hacen desde las mismas condiciones. En un continente atravesado por problemas urgentes —deuda externa, seguridad, conflictos internos, dependencia económica y disputas geopolíticas—, la agenda de reparaciones convive con otras urgencias que muchas veces condicionan su desarrollo.

En ese contexto, la iniciativa de Ghana no representa una unanimidad, sino una apuesta política: la de empujar una agenda histórica hacia el centro del escenario internacional, aun cuando no todos los actores estén en condiciones de sostenerla con la misma intensidad. Es, en ese sentido, un movimiento que busca marcar dirección más que reflejar consenso pleno.

Ahí también aparece una diferencia clave con el Caribe. Los países agrupados en CARICOM han construido, durante décadas, una posición más estructurada y consistente en torno a las reparaciones, con programas concretos que incluyen disculpas formales, restitución, inversión en desarrollo y reparación cultural. África, en cambio, se encuentra todavía en un proceso de articulación política más heterogéneo, donde la agenda de reparaciones empieza a consolidarse como horizonte común, pero no siempre como prioridad inmediata.

Sin embargo, reducir esta iniciativa a una expresión fragmentaria sería un error. Porque lo que está en juego no es solo el grado de consenso interno, sino la dirección del movimiento. Y en ese sentido, la resolución impulsada por Ghana señala algo más profundo: la emergencia de una articulación política entre África, el Caribe y la diáspora africana que comienza a disputar, de manera más coordinada, el relato histórico y sus consecuencias materiales.

La noción de reparaciones, en este marco, deja de ser una consigna abstracta para convertirse en una demanda concreta que abarca múltiples dimensiones: desde disculpas oficiales y restitución de bienes culturales hasta programas de financiamiento, transferencia tecnológica, acceso a mercados y revisión de las condiciones estructurales de intercambio entre África y el resto del mundo. No se trata simplemente de compensar el pasado, sino de reconfigurar las bases del presente.

Por eso la resolución debe leerse como parte de un proceso más amplio. No es un gesto aislado ni una iniciativa simbólica, sino un movimiento dentro de una disputa mayor: quién define la historia, quién administra sus consecuencias y quién tiene derecho a reclamar justicia. Y, en última instancia, quién está en condiciones de transformar esa demanda en poder político efectivo en el escenario internacional.

En el fondo, lo que dejó al descubierto la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas no es solo una disputa sobre el pasado, sino un conflicto abierto sobre el presente. Porque si la esclavitud atlántica fue uno de los pilares sobre los que se construyó el orden económico moderno, entonces reconocerla como el crimen más grave contra la humanidad implica algo más que un gesto simbólico: implica poner en cuestión la legitimidad de ese mismo orden.

Y ahí es donde aparecen los límites.

Se acepta la historia, pero se rechaza su consecuencia. Se admite el crimen, pero se protege la estructura que lo hizo posible. En la negativa y en la abstención no solo sobrevive la incomodidad frente al pasado: sobrevive, también, la decisión de sostener un mundo que todavía funciona sobre sus huellas.

Porque la verdadera pregunta ya no es qué fue la esclavitud.

La verdadera pregunta es cuánto de ese sistema sigue en pie.

Beto Cremonte, Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP. Redactor en jefe en PIA Global, especializado en el continente africano. Analista internacional en geopolítica.