Vinculan a fiscal Porras con adopciones ilegales
Foto: NUSO
Denuncias vinculan a fiscal general de Guatemala con potenciales casos de trata de menores indígenas durante conflicto armado interno. Resaltan que madres no fueron reparadas.
Mediante un pronunciamiento, cuestionaron que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de la fiscal y otros funcionarios públicos en estos casos.
Además, enfatizaron la preocupación en las madres indígenas afectadas por las adopciones ilegales, quienes no habrían recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas.
“Las víctimas tienen derecho a acceder a todos los remedios disponibles según el derecho internacional y nacional, incluidos los mecanismos judiciales y no judiciales, las iniciativas de búsqueda de la verdad, los procesos penales, las reparaciones y las garantías de no repetición”, expresaron.
Entre 1968 y 1996, en medio del conflicto armado del país, menores indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido albergados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, cuya ex Directora/Administradora fue la actual fiscal Porras.
Según se informa, María Consuelo Porras Argueta habría sido también la tutora legal de al menos 80 niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982, lo que le habría permitido autorizar las supuestas adopciones.
De acuerdo a declaraciones obtenidas por El País, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) documentó más de 700 casos de adopciones ilegales entre los años ochenta y los 2000.
En 2013, los casos fueron trasladados a la Fiscalía contra la Trata de Personas, que Porras habría desmantelado.
El pronunciamiento resalta que las adopciones ilegales pueden ocurrir mediante prácticas como el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios.
Además, resalta que actualmente, la fiscal Porras se postula para la Corte de Constitucionalidad y, además, podría ser nominada a la reelección al frente del Ministerio Público de Guatemala.
Las y los expertos resaltaron la importancia de que personas que enfrentan acusaciones de esta magnitud no sean incluidas en candidaturas ni nombradas hasta que las alegaciones en su contra sean investigadas exhaustiva e independientemente.
Previamente, Satterthwaite, había llamado a garantizar que los nombramientos judiciales que se desarrollan en Guatemala se basen en el mérito y la integridad.
Como se recuerda, durante la primera mitad del 2026, el país centroamericano lleva a cabo un proceso de elección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad y de la Fiscalía General.
Durante una visita al país en mayo de 2025, Satterthwaite constató la sistemática criminalización hacia líderes de Pueblos Indígenas, personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
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