Guatemala: ¿Inversión pública u ocupación de territorios indígenas?

La reciente propuesta del presidente Bernardo Arévalo para modificar la Ley Orgánica del Presupuesto ha generado silente entusiasmo en nichos indígenas e indigenistas. La iniciativa busca posibilitar la inversión pública en predios de propiedad comunal de los pueblos originarios. A primera vista, esta medida podría interpretarse como un gesto positivo y un reconocimiento a la hilstórica deuda del Estado guatemalteco con estos pueblos. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta propuesta, lejos de ser un beneficio, podría convertirse en una nueva herramienta para la ocupación de los territorios y para políticas de asimilación cultural de pueblos indígenas.

Es ineludible recordar la urgente necesidad de la devolución pecuniaria y territorial que el Estado, heredero del sistema colonial, tiene con los pueblos originarios por el saqueo y la apropiación indebida de sus bienes. La historia de Guatemala está marcada por un despojo sistemático y una violencia estructural que se ha perpetuado a través de los siglos sobre los pueblos. Cualquier iniciativa que no parta de la premisa de la restitución de los territorios y el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, es, en esencia, una continuación de esta lógica.

La propuesta de modificación de la Ley, tal como se presenta, abre una puerta peligrosa. Al permitir al Estado y a los gobiernos de turno edificar y construir en territorios indígenas «sin mayor trámite», se corre el riesgo de que las políticas públicas, históricamente diseñadas desde una perspectiva criolla colonial republicana, sean impuestas sin considerar la autodeterminación, cosmovisiones y estéticas ropias de los pueblos, como ocurrió siempre con el colonialismo interno. A lo largo de la República, innumerables pueblos han resistido valientemente estas políticas coloniales, defendiendo su forma de vida y su cosmovisión. Ahora, esta reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, de concretarse, amenaza con legitimar una nueva ola de imposiciones.

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Además, la posible articulación de esta reforma con la Ley de Alianza Público Privado (APP) agrava la situación. La construcción de infraestructuras en territorios comunales bajo este esquema podría significar que la administración y el usufructo de estos bienes queden en manos de terceros, sin que las comunidades tengan una voz real o poder de decisión. La historia de Estados Unidos, con la construcción de casinos y otros proyectos en «reservas indígenas», sirve como un funesto precedente. Dichas iniciativas, bajo el pretexto de la inversión, han conducido a la asimilación y aculturación de muchos pueblos, debilitando su identidad y su lucha por la autodeterminación.

Es lamentable observar cómo algunos dirigentes indígenas, profesionales o no, aplauden y apoyan esta iniciativa gubernamental. Quizás, seducidos por la promesa de una supuesta inversión y progreso, olvidan el verdadero objetivo que debería guiar su lucha: la restitución de los territorios indígenas y el ejercicio pleno de su autodeterminación. En lugar de impulsar un proyecto de ley que perpetúa la dependencia del Estado, su rol debería ser el de abanderar una lucha por la justicia histórica.
El bicentenario Estado criollo-republicano jamás hará una verdadera inversión en las propiedades comunales indígenas. Un Estado que intentó aniquilar por completo a los pueblos originarios a lo largo de su nefasta historia republicana, no puede ser el motor del bienestar de estos mismos pueblos. La propuesta de Arévalo, en su esencia, no es más que una nueva estratagema para extender el control estatal y afianzar la lógica criolla sobre los territorios indígenas, perpetuando así la herencia colonial.

Fuente: ollantayitzamna.com