Guatemala: CIDH advierte crisis por control de Fiscalía
Foto: Ministerio Público Guatemala
Instituciones han sido cooptadas para perpetuar privilegios e impunidad. Poblaciones más vulnerables enfrentan consecuencias de contexto crítico.
Así lo resalta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, mediante un informe, explica que los actores detrás de este control institucional buscan perpetuar privilegios y asegurar la impunidad.
Además, resalta la instrumentalización del derecho penal contra personas que defienden a comunidades indígenas y campesinas, estudiantes, personas criminalizadas o funcionarios públicos.
Ante este panorama, la CIDH presenta 43 recomendaciones al Estado de Guatemala para la restauración de la institucionalidad democrática, protección de derechos humanos, la lucha contra la impunidad y políticas efectivas ante la desigualdad.
Como constata el informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”, el Ministerio Público del país es una institución “cooptada y desmantelada para operar como un instrumento de persecución selectiva”.
El informe presenta un análisis de los desafíos estructurales que afectan a los derechos humanos, y enfatiza en el proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y de independencia judicial.
Las acciones del Ministerio Público y sectores del Poder Judicial, remarca la CIDH, han contribuido a legitimar procesos de persecución penal selectiva sin las debidas garantías.
Esta situación se refleja en las acciones impulsadas por la Fiscalía General y operadores de justicia que cuestionaron la legitimidad de los resultados de las elecciones generales de 2023 y del actual gobierno.
Además, se resalta que operadores de justicia han sufrido hostigamiento y estigmatización por actuar conforme ley, situación que ha forzado al exilio a algunos de ellos.
La CIDH remarca la impunidad vinculada a casos de corrupción a gran escala y crímenes durante el conflicto armado interno en Guatemala, junto al desmantelamiento de la institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz.
Como se da cuenta, hay un patrón de obstaculización, archivo y estancamiento de procesos de justicia transicional, decisiones judiciales contrarias a obligaciones internacionales y amenazas de iniciativas de amnistía.
Asimismo, se detalla que en Guatemala persisten desafíos significativos para combatir la pobreza y la desigualdad, así como severas restricciones al acceso de servicios de agua y saneamiento, salud, educación, alimentación, trabajo, seguridad social.
La Comisión sostiene que los pueblos indígenas del país viven en condiciones extremadamente desfavorables, con limitaciones en servicios básicos, oportunidades y obstáculos para el acceso a la justicia.
“La falta de certeza jurídica y el accionar coordinado de empresas privadas con el Poder Judicial y el Ministerio Público ha resultado en la apropiación y desalojo forzado de sus tierras ancestrales”, apunta la CIDH.
Como se advierte, esta situación demuestra la prevalencia de las relaciones económicas, culturales y sociales excluyentes que dieron lugar al conflicto armado interno; agravadas por fenómenos actuales (desastres, cambio climático, migración, entre otros).
En el mismo sentido, el informe analiza la situación de personas defensoras quienes cumplen una actividad de alto riesgo por patrones de violencia y criminalización, intimidación y obstaculización.
La CIDH enfatiza que la recuperación de la institucionalidad democrática en Guatemala requiere voluntad política de los tres poderes del Estado, la participación de la sociedad civil y el respaldo de la comunidad internacional.
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