El costo de que la Fiscalía la tome la corrupción
El informe muestra el grave deterioro de la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho en Guatemala, situación que debemos observar con atención si consideramos que el pacto político que controla el Congreso está a punto de tomar el control total del Ministerio Público.
El personaje clave del entramado corrupto en Guatemala es María Consuelo Porras Argueta una funcionaria que obstruye y menoscaba investigaciones contra la corrupción para proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos.
“El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”.
Así lo reporta una declaración de prensa del Departamento de Estado de EE. UU. que ya advertía en mayo de 2022 su perfil jurídico y político. Desde entonces Consuelo Porras se ha convertido en una piedra en el zapato del gobierno de Bernardo Arévalo.
De acuerdo a la ley que regula el Ministerio Público, modificada en 2016, la remoción del fiscal general sólo puede ocurrir mediante una “causa justificada” con una sentencia penal firme.
En los hechos, esa norma convierte la destitución de la fiscal general en algo casi imposible porque quienes tendrían que investigarla y acusarla pertenecen a la misma institución que ella encabeza y controla.
Además, su período formal dura hasta mayo de 2026, lo que le da un plazo legal claro para mantenerse en el cargo, salvo que ella misma renuncie o que medie una condena penal.
En 2024 el presidente Bernardo Arévalo propuso una reforma legal para permitir su destitución sin necesidad de condena penal, con “causas de incumplimiento o mal desempeño”.
Pero esa reforma aún no ha prosperado en el legislativo: el congreso. Con mayoría opuesta o dividida no se han podido aprobar los cambios necesarios.
Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Alianza por las Reformas de Guatemala advierte el grave retroceso institucional durante los siete años de gestión de Consuelo Porras (2018-2025).
Durante la gestión de Consuelo Porras la tasa de eficacia del Ministerio Público cayó de ~14.0 % en 2018-2019 a ~6.4 % en 2024-2025 de acuerdo al Inecip. Esto ocurrió a pesar de que hubo un aumento presupuestal de 162 por ciento en dicho periodo.
Una de las consecuencias es la impunidad en delitos graves como la corrupción, el crimen organizado, la violencia, entre otros; delitos que no terminan en sanciones a pesar de las denuncias.
Esta situación favorece la repetición de prácticas corruptas al no haber castigos claros, y les da confianza a los actores corruptos para operar con menor riesgo.
Otra de las consecuencias es que se minan los mecanismos de control y fiscalización del poder público, lo que erosiona la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernabilidad.
Un informe de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, denunció en octubre de 2025 la persistencia de problemas estructurales, la interferencia política y los ataques al espacio cívico.
Todas esas condiciones socavan la capacidad del país para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. El documento reporta que en 2023 hubo 9.496 ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores, agresiones que se registran a diario.
Fue precisamente en 2023 que Consuelo Porras fue declarada la “corrupta del año” por la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
“Porras ha actuado como un instrumento eficaz utilizado por el gobierno para destripar el Estado de derecho. Ha supervisado los esfuerzos para impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el cargo, incluida la suspensión de su partido político y el allanamiento de la comisión electoral”, dice el OCCRP.
El espacio para el control ciudadano, la vigilancia por parte de medios o sociedad civil, pierde valor si el sistema de justicia no es confiable o está capturado, lo que termina afectando la legitimidad de las instituciones.
Denuncias recopiladas por organismos de derechos humanos indican que el Ministerio Público ha desviado su labor para perseguir a quienes investigan la corrupción en vez de perseguir a los corruptos, indica Human Rights Watch.
Cuando la ciudadanía percibe que la justicia no funciona, que los actos de corrupción quedan impunes y que los denunciantes son perseguidos, la confianza en las instituciones disminuye.
La sensación colectiva de que “el sistema está podrido” puede fomentar resignación, apatía o incluso normalizar la corrupción que se amplía a otros delitos como la corrupción en contratos públicos, malversación, nepotismo y tráfico de influencias.
Los exfiscales que investigaban el caso Odebrecht denunciaron que el Ministerio Público se coludió con grupos de extrema derecha para desviar la investigación, generando impunidad para empresarios y políticos sobornados. Norwalk Hour+1
A su vez, los exfiscales responsables — así como miembros vinculados a la antigua Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) — fueron objeto de persecución penal.
Esta acción fue interpretada por muchos como una represalia por investigar corrupción sistemática. Norwalk Hour+2Eju.tv+2
Este giro implicó que procesos de corrupción multimillonaria queden sin sanciones, y que quienes denunciaron o investigaron esos actos sean criminalizados.
La exfiscal Virginia Laparra, de la unidad anticorrupción (FECI), fue judicializada por revelar información reservada luego de hacer denuncias de corrupción. Amnesty International+1
Organizaciones de derechos humanos calificaron sus procesos como represalia directa por su labor, lo que evidencia uso político del sistema penal para castigar a quienes buscan justicia.
Este caso demuestra cómo el Ministerio Público bajo el control de Consuelo Porras no solo deja impunes grandes casos, sino que castiga a quienes luchan contra la impunidad.
La Fundación para el Debido Proceso ha reportado las denuncias que en 2025 efectuaron organizaciones de defensa de derechos humanos sobre graves casos de violaciones cometidas durante el conflicto armado interno.
A pesar de que existen casos con miles de pruebas e investigaciones abiertas se busca paralizar o dilatar la justicia para que crímenes atroces queden sin sanción y garantizar impunidad a los responsables de las graves violaciones.
Como se podrá apreciar la acción del Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras afecta la memoria histórica, la justicia transicional y la propia credibilidad del Estado.
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