Conflictividad eléctrica en Jalapa: Denuncian sabotaje y amenazas contra usuarios en resistencia

SAN PEDRO PINULA – La pugna por el control y pago de la energía eléctrica en el área rural de Guatemala ha sumado un nuevo capítulo de violencia en el departamento de Jalapa. El pasado 16 de marzo, la señora Carmelina Santiago Gómez, residente de la Aldea Las Agujitas, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP309-2026-163) tras ser víctima de un ataque directo contra su propiedad, presuntamente perpetrado por vecinos vinculados a estructuras locales.

El Incidente: Sabotaje y Coacción
Según el testimonio de la afectada, el pasado viernes 13 de marzo, un grupo de cinco personas —identificadas como Saúl López Segura, Leonel López Segura, Wenceslao López Mateo, Marcelo López Gómez e Imelda Lidia López Gómez— se reunieron frente a su domicilio para desmantelar su conexión eléctrica.
La denunciante relata que el grupo jaló con fuerza el cableado que conectaba el poste de luz con su vivienda hasta reventarlo, para luego proceder a destruirlo en el suelo y llevarse parte del material. Al intentar detener el acto, Santiago Gómez fue intimidada y amenazada de muerte («un plomazo»), bajo el argumento implícito de que no tiene derecho al suministro fuera de los lineamientos impuestos por los grupos locales.
Contexto: La Estrategia de la Conflictividad
Este hecho no es aislado. En el área rural de Guatemala, la empresa distribuidora Energuate ha sido señalada constantemente por instrumentalizar a miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) para actuar como grupos de choque.
Esta estrategia busca fracturar la «resistencia» de comunidades que, debido a los altos cobros y mal servicio, han optado por métodos alternativos de gestión eléctrica o se niegan a pagar a la distribuidora. Al cooptar estas estructuras comunitarias, se generan conflictos «vecino contra vecino», donde aquellos leales a la empresa proceden a cortar suministros o destruir infraestructura de quienes se mantienen en resistencia, forzándolos bajo coacción a reincorporarse al sistema de cobro tradicional.
El Proceso Legal
El Auxiliar Fiscal I de San Pedro Pinula, Carlos Francisco Lima Alfaro, ha otorgado a la víctima un plazo de 8 días para presentar la factura o proforma que acredite el valor de los 25 metros de cable destruidos.
Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios en territorios donde la ley parece ser reemplazada por la presión de grupos que, bajo el amparo o la indiferencia de las autoridades y la empresa privada, utilizan la violencia para resolver disputas derivadas de un servicio básico esencial.