Atentan contra vivienda de defensor de derechos humanos de CODECA en San Pedro Pinula

JALAPA – En un nuevo acto de violencia contra defensores del territorio, la vivienda de Héctor Geovany de la Cruz Gregorio, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fue blanco de un ataque armado el pasado 21 de diciembre en la Aldea El Durazno, San Pedro Pinula.

Los Hechos

Según la declaración testimonial presentada ante el Ministerio Público, el incidente ocurrió aproximadamente a las 23:24 horas. De la Cruz se encontraba descansando con su familia cuando escuchó múltiples detonaciones de arma de fuego afuera de su domicilio. Al inspeccionar el área, se identificaron impactos de bala en el hierro de la persiana frontal de la vivienda.

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El defensor identificó al agresor como Gilberto Gutiérrez Hernández, quien actualmente funge como Alcalde Auxiliar de la comunidad. Según los reportes, Gutiérrez Hernández fue nombrado en dicho cargo por el exalcalde municipal José Manuel Méndez, quien cumple condena por el asesinato del también defensor de derechos humanos, Luis Marroquín, ocurrido en 2018.

Denuncia y Contexto de Persecución

Héctor Geovany de la Cruz formalizó la denuncia este 23 de diciembre ante la Agencia Fiscal del Ministerio Público en San Pedro Pinula (Expediente MP309-2025-957). En su declaración, el afectado subrayó que no existe motivo personal para el ataque, sugiriendo que la agresión responde a su labor organizativa en CODECA, movimiento que ha enfrentado un histórico rechazo por parte de las autoridades locales vinculadas a la administración anterior.

 «Presento la denuncia porque considero que los disparos fueron directos a mi persona y a mi familia… esto es porque yo pertenezco a un grupo organizado (CODECA)», dictó el acta oficial.

Exigencias

La comunidad organizada y la víctima han solicitado a las autoridades:

 * Una investigación inmediata y objetiva por parte del Ministerio Público.

 * Medidas de seguridad para salvaguardar la vida de la familia De la Cruz Gregorio.

 * El cese de la intimidación contra las comunidades que ejercen su derecho a la defensa de los derechos humanos y la tierra.

Se espera que en los próximos días las autoridades judiciales procedan conforme a la ley contra el funcionario municipal señalado para evitar que este acto de violencia quede en la impunidad.