Militarización en territorios de comunidades Mangyan busca imponer un clima de miedo para el despojo de tierras ancestrales. Denuncian terrorismo de Estado. 

Como denuncian organizaciones indígenas locales, los persistentes ataques han causado la muerte de hombres, mujeres y niños, mientras se han llevado a cabo detenciones y desapariciones ilegales.

“La militarización se ha utilizado para allanar el camino al acaparamiento de tierras, la extracción de recursos y la expansión corporativa a costa de la vida de los pueblos indígenas”, denuncian.

Ante el contexto de emergencia, instan al cese de la violencia, realizar investigaciones y determinar responsabilidades, mientras hacen un llamado internacional para exigir el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Filipinas.

Mediante un pronunciamiento, la Red Filipina Panaghiusa (Panaghiusa Philippine Network) alertó que la ayuda humanitaria, las misiones de investigación y las investigaciones independientes se han visto bloqueadas.

De igual manera, grupos de derechos humanos que intentan ingresar a la zona han recibido amenazas de las fuerzas de seguridad estatal, impidiendo que la asistencia urgente llegue a las personas afectadas, detalla la Red.

El pronunciamiento se publica luego de un ataque en Mindoro que causó la muerte de la investigadora Jerlyn Doydora junto a tres niños mangyan-iraya, atentado que también causó daños físicos y emocionales a la madre de los menores.

El atentado de las Fuerzas Armadas de Filipinas ocurrió el 1 de enero y también ocasionó la posible desaparición forzada de la ciudadana filipino-estadounidense Chantal Anicoche, quien realizaba una investigación cuando ocurrió el ataque.

No obstante, la violencia contra las comunidades Mangyan no es reciente. Como informa Panaghiusa, el 23 de diciembre, Ramón “Monet” Alcántara, defensor ambiental cercano a los mangyan, fue retirado de su hogar por fuerzas militares y policiales. 

La misma situación enfrentó Dolores Mariano Solangon, una agricultora mangyan-iraya, que previamente fue secuestrada y torturada. Mientras que en abril de 2024, Jay-el Maligday, joven mangyan-iraya, fue asesinado a tiros bajo acusaciones de integrar un grupo guerrillero.

Las operaciones militares y bombardeos letales del Estado filipino contra las comunidades Mangyan de Mindoro Oriental se registran desde marzo de 2025.

Esta situación se produce paralelamente a la usurpación de tierras ancestrales de la comunidad Sitio Malatabako por parte de la empresa inmobiliaria Pieceland Corporation, alerta Panaghiusa. 

Como recuerda la Red, estas acciones violan la legislación internacional vinculada a los derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que invocan a representantes de entidades de las Naciones Unidas a pronunciarse.  

“La violencia infligida a los pueblos indígenas es sistémica y se ve reforzada por la desinformación de las Fuerzas Armadas Filipinas, cuyo objetivo es ocultar la verdad y justificar estos ataques”, cuestiona la Red Panaghiusa. 

“Sin embargo, la valentía y la resistencia del pueblo mangyan se mantienen inquebrantables. Las declaraciones públicas, los llamamientos urgentes y las investigaciones independientes son esenciales para frenar la violencia y la impunidad”, sentencian.

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