Riesgo de impunidad en violencia contra menores
Cnddhh exige al Ministerio Público reactivar la Fiscalía que investiga violencia contra menores awajún y wampis_Foto: Idhpucp
La Cnddhh condena la desactivación operativa de Fiscalía que investiga casos de violencia sexual contra menores awajún y wampis de Amazonas.
Esto luego que el Ministerio Público dirigido por Tomás Gálvez, dejara sin efecto la prórroga de fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y el grupo familiar en la provincia amazónica de Condorcanqui.
“Esta decisión representa un grave retroceso en el acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes en un territorio con profundas barreras geográficas, lingüísticas y culturales y profundiza la desprotección frente a la violencia sexual” señala el comunicado de la Cnddhh.
En el documento la organización defensora de derechos humanos, señala que la medida adoptada contradice acuerdos internacionales en particular la Convención sobre los derechos del niño.
En consecuencia, la Cnddhh exige al Ministerio Público la restitución de la fiscalía especializada y los equipos de atención en Condorcanqui, así como la asignación de recursos suficientes y medidas para garantizar una atención intercultural.
Mediante la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.º 004-2026-MP-FN-JFS, del 3 de febrero, se anuló el acuerdo que mantenía operativas fiscalías y plazas creadas en 2025, en Río Santiago–Yutupis y Huampami–Cenepa, así como tres unidades médico-legales.
Esta fiscalía cumplía un rol clave en la protección de víctimas de violencia sexual y familiar ya que contaba con personal capacitado, protocolos diferenciados y articulación directa con unidades médico-legales para las diligencias.
En entrevista para La República, el líder awajún Romer Orrego Ikam secretario de la Juventud de Nación Awajun y Wampis, denunció ante la comunidad internacional la decisión de la Fiscalía de la Nación
El dirigente pidió a la ONU, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, el Comité CEDAW y a la CIDH requerir información al Estado peruano a revertir esta decisión.
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