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El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Sergio Zanabria y una invitada especial; y redactado por el equipo de prensa de Servindi.

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Hito histórico a favor de la lucha climática. Desde el 3 de julio se cuenta con una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refuerza las posiciones en la defensa del ambiente y los derechos de las comunidades más impactadas por la crisis climática. 

La Opinión Consultiva se elaboró en respuesta a la consulta realizada por la República de Chile y la República de Colombia en enero de 2023, y establece el alcance de las obligaciones estatales para proteger los derechos humanos ante la emergencia climática.

La Opinión Consultiva presentada debería permitir a los jueces nacionales reforzar sus decisiones desde el punto de vista jurídico, comentó el especialista Nicolás Boeglin.

Clima y derechos humanos.  La crisis climática representa una amenaza directa para los derechos fundamentales de millones de personas en todo el mundo, afirmó esta semana el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“La crisis climática es una crisis de derechos humanos”, declaró Volker Türk instando a los Estados a adoptar medidas urgentes y equitativas para garantizar una transición justa hacia un modelo sostenible.

En su participación en el panel anual del Consejo de Derechos Humanos Türk destacó los impactos devastadores del cambio climático: olas de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales que afectan los derechos a la vida, la salud y un medio ambiente limpio y sostenible.

Pérdida de bosques primarios. La deforestación y los incendios impactaron 4,5 millones de hectáreas de bosque primario en 2024, superando con más de un millón de ha al registro de 2016, que alcanzó entonces 3,4 millones de hectáreas.

Desde 2002, se estima la deforestación de 33,7 millones de hectáreas de bosque primario.

Otros 10,6 millones de hectáreas han sido afectados por los incendios.

Los datos se encuentran en el más reciente informe que elabora regularmente el Programa de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP 229) sobre los principales focos de pérdida de bosques amazónicos en 2024.

Señores de la tierra. Solo diez terratenientes transnacionales con mayor posesión de tierras controlan, en total, una extensión equivalente a Paraguay o Japón. 

Así lo revela el informe “Los señores de la tierra”, publicado por la organización FIAN Internacional y Focus on the Global South.

El documento da cuenta del fenómeno del aumento de las adquisiciones trasnacionales de tierras desde 2000, con aproximadamente 65 millones de hectáreas —el 87 por ciento en regiones con alta biodiversidad.

El documento propone repensar las políticas redistributivas para hacer frente a estas empresas y grupos financieros del norte global que “controlan vastos territorios y socavan la autodeterminación de las poblaciones y la soberanía alimentaria”.

Las estrategias redistributivas propuestas son dos: políticas fiscales progresivas y reformas agrarias. 

ONU cierra oficinas. A pesar de ser más necesarios que nunca la falta de recursos obligará al cierre de tres oficinas dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Colombia, disminuyendo su presencia en el terreno.

“En los próximos tres meses tendremos que cerrar tres Oficinas de terreno –Medellín, Neiva y Villavicencio– que cubren ocho departamentos, y prescindir de casi la mitad del personal (46 profesionales)”

Así lo señaló el 3 de julio la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al presentar su más reciente informe sobre la situación de los derechos en ese país.

La dependencia indica que el impacto del cierre ya se observa, citando la reducción de la protección en zonas con presencia de actores armados no estatales.

Agreden a Cherán. Una campaña de recolección de firmas en defensa de la autonomía de la comunidad Cherán K’eri, en Michoacán, México, denuncia las agresiones armadas de grupos criminales sobre este pueblo Purépecha.

El 2 de julio un ataque armado intentó ingresar al territorio comunal, pero fue repelido por la ronda comunitaria. Un comunero fue asesinado y otro herido.

Los agresores serían presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, indican algunas fuentes locales.

El comunicado de campaña indica que el ataque no es un evento aislado y forma parte de un escenario donde el crimen organizado opera con impunidad en diversos territorios del Estado de Michoacán.

Los grupos criminales buscan doblegar los proyectos políticos comunitarios que le hacen frente y frenan la concentración del poder económico y político.

Reconocimiento constitucional. Gabriel Boric, presidente de Chile presentó ante el Congreso una propuesta de reforma constitucional para el reconocimiento oficial de los pueblos originarios.

La medida responde a una demanda histórica y busca saldar una deuda pendiente con las comunidades que habitan el país desde tiempos precolombinos.

La reforma propone incorporar en la Carta Magna el reconocimiento explícito a los pueblos Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño o Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawéskar, Yagán y Selk’nam.

Estos pueblos ya son contemplados en la Ley Indígena, pero aún carecen de reconocimiento en la Constitución chilena, una omisión que los deja en situación de vulnerabilidad jurídica y política.

Reducción del espacio cívico. El espacio cívico -es decir, las condiciones necesarias para que la sociedad civil participe en la vida pública- es un elemento esencial de una democracia que funciona.

Sin embargo, este espacio cívico se viene reduciendo peligrosamente en Las Américas.

Así lo advierte un informe de investigación titulado: “Limitando el espacio cívico: el endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil en las Américas” publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La investigación observa que los últimos meses están marcados por medidas agresivas de numerosos gobiernos que buscan restringir aún más el espacio cívico en las Américas.

El informe examina las tendencias recientes en cinco países: Guatemala, Paraguay, Venezuela, Perú y El Salvador, donde las autoridades gubernamentales actúan de forma agresiva para restringir el espacio cívico mediante cambios normativos y legislación.

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