Resumen semanal: Mundo Indígena Al Día

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El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Sergio Zanabria y una invitada especial; y redactado por el equipo de prensa de Servindi.

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Licencias mineras invaden Amazonía. En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz tiene a la firma un decreto supremo para beneficiar a casi 4000 operaciones mineras sin adecuarse a la norma ambiental.

La iniciativa busca convertir esos trámites en contratos administrativos mineros con solo la presentación de requisitos mínimos que excluyen la licencia ambiental para el caso de cooperativas mineras.

El 38 % de estas operaciones están en la Amazonía boliviana destaca una nota de Mongabay Latam.

Crimen en Oaxaca. La defensora del territorio Nazareth Cortés Velasco fue asesinada a tiros en la región de Valles Centrales, en Oaxaca, cuando regresaba a su vivienda tras participar en una festividad comunal, según confirmó la fiscalía estatal.

El ataque ocurrió en la carretera federal 190 Oaxaca–Istmo, donde el vehículo en el que se trasladaba recibió múltiples impactos de bala y dejó también herida a su hija, quien fue trasladada a un centro de salud mientras la lideresa falleció en el lugar.

La organización Servicios para una Educación Alternativa indicó que días antes la defensora participó en una jornada de ordenamiento territorial comunitario orientada a proteger la fauna silvestre mediante monitoreo y control de la caza.

Persisten ataques. Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU revela que entre 2016 y 2025 se registraron 972 asesinatos de personas defensoras en Colombia, con un promedio cercano a 100 muertes anuales.

El alto comisionado Volker Türk calificó la situación como “desgarradora” y alertó que, pese a ciertos avances estatales, persisten graves riesgos, vinculados a economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la tala en diversas regiones del país.

El informe reconoce que el actual gobierno ha impulsado medidas, acciones preventivas urgentes y una política nacional para defensores, pero señala que estas iniciativas no han logrado revertir la violencia ni garantizar protección sostenida.

Política de criminalización. La organización Ecuarunari denuncia una política estructural de criminalización que se activa durante las movilizaciones populares y opera como una estrategia para debilitar, intimidar y contener la resistencia desde los territorios indígenas.

La persecución contra luchadores sociales se intensifica en Ecuador con procesos de investigación a más de 100 defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza criminalizados durante el paro nacional de 2025.

A ello se suma investigaciones penales contra cuatro exdirigentes de la provincia de Tungurahua por su participación en el levantamiento indígena y popular de 2022, proceso que reabre episodios de judicialización vinculados a las protestas sociales de ese período.

Ataque a la memoria. Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) alertó que Argentina viene registrando alarmantes retrocesos en memoria, verdad y justicia.

Al conmemorarse 50 años del inicio de la dictadura militar en el país, los expertos expresaron su preocupación por las medidas regresivas y el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la memoria que se vienen registrando.

El grupo de especialistas recordó que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición.

«Instamos a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico», señalaron.

Desacato ecuatoriano. El Gobierno de Ecuador decidió ignorar las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigen la suspensión inmediata de la extracción de crudo en el área amazónica conocida como Bloque 43 cerca al Parque Nacional Yasuní.

Esta zona es el hogar ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane, comunidades indígenas que han decidido vivir en aislamiento voluntario y cuya existencia depende exclusivamente del equilibrio natural de la selva frente a la invasión externa.

La justicia internacional determinó que la actividad petrolera en este sector genera una contaminación crítica del agua y aumenta el riesgo de contactos forzados que podrían causar enfermedades mortales o conflictos violentos para estos grupos vulnerables.

Aunque el pueblo ecuatoriano votó masivamente en un referéndum para dejar el petróleo bajo el suelo, la empresa estatal Petroecuador continúa extrayendo más de un millón de barriles mensuales anteponiendo los ingresos económicos a los derechos humanos.

Mercurio en peces. Científicos de la Universidad Mayor de San Andrés con el apoyo de WCS Bolivia detectaron que diez especies de peces más consumidas por indígenas amazónicos presentan niveles muy variados de mercurio en su carne.

Este mineral tóxico llega a los ríos por la actividad de la minería de oro, donde se utiliza para separar el metal precioso, contaminando gravemente el ecosistema y la cadena alimentaria.

La investigación realizada y difundida por Mongabay Latam revela que el pez conocido como blanquillo es el más peligroso para la salud, ya que casi cuadruplica el límite de mercurio recomendado por los organismos internacionales.

Por el contrario, especies como el pacú, el tambaquí y el paiche mantienen un excelente valor nutricional y niveles de toxicidad bajos, siendo las opciones más seguras para las familias.

Discriminación algorítmica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados a adoptar medidas eficaces para prevenir la discriminación algorítmica contra las personas afrodescendientes.

La invocación la efectúa se efectúa en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo) y el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Transatlántica de Esclavos (25 de marzo),

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) se utilizan cada vez más en ámbitos como la vigilancia policial, los procesos de contratación, la asignación de crédito, la atención de salud y la moderación de contenidos en línea.

Sin embargo, en contextos marcados por racismo estructural, estas tecnologías pueden reproducir o incluso amplificar desigualdades existentes cuando se basan en datos históricos sesgados o en proxies defectuosos.

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