Protesta indígena contra el despojo y la discriminación
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Las comunidades y organizaciones indígenas de Paraguay levantan sus voces de protesta frente a un gobierno que no las escucha, no las atiende y, por el contrario, las reprime, violenta y discrimina de manera sistemática.
Por Abel Irala*
Desinformémnos, 23 de setiembre, 2025.- Las comunidades y organizaciones indígenas de Paraguay levantan sus voces de protesta frente a un gobierno que no las escucha, no las atiende y, por el contrario, las reprime, violenta y discrimina de manera sistemática.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2022), la población indígena del país asciende a unas 140.000 personas, lo que representa aproximadamente el 2,3% de la población total. De ellas, cerca del 88% reside en áreas rurales y el 12% habita en zonas urbanas.
La población indígena está conformada por 19 pueblos diferentes, lo que refleja una notable diversidad cultural y lingüística. Entre los de mayor población se encuentran los Mbya Guaraní, con 28.278 personas; los Ava Guaraní, con 22.705; los Nivaclé, con 18.280; y los Pai Tavyterã, con 15.700.
En contraste, varios pueblos enfrentan una preocupante disminución demográfica, lo que amenaza con su desaparición cultural y lingüística. Los casos más críticos son los Tomaraho, con apenas 213 personas; los Manjui, con 431; y los Guaná, con 556.
La escasa población de estos grupos pone en riesgo la continuidad de sus idiomas, tradiciones y saberes ancestrales, mientras el Estado muestra una total falta de interés en protegerlos. Lejos de impulsar políticas de resguardo, lo que se evidencia es una política sistemática de despojo y exclusión. Como señala la organización Tierra Viva:
“La falta de protección a los territorios indígenas es otra de las grandes deudas pendientes, durante los últimos años se han registrado hechos de violencia institucional y desalojos contra comunidades indígenas, así también el avance del agronegocio y la deforestación impactan fuertemente en los territorios ante la mirada permisiva y cómplice del gobierno. A esta falta de protección se agrega una falta de políticas de atención ante los efectos de la crisis climática, en el Chaco, miles de indígenas han pasado sed y hambre durante una extensa sequía en 2024, y en 2025 deben soportar el aislamiento y la falta de acceso a derechos como salud y educación a causa de las inundaciones” (1).
La situación socioeconómica es igualmente crítica: el 75% de la población indígena carece de acceso a agua potable y alrededor del 70% vive en condiciones de pobreza, según los escasos y desactualizados datos oficiales disponibles.
Según el informe “Con la Soja al Cuello” (2024) de Base IS en el periodo de agosto 2023 a agosto 2024, al menos 557 familias fueron víctimas de desalojos en los Departamentos de Canindeyú y Alto Paraná.
Ante esta realidad, los pueblos indígenas de Paraguay se han declarado en movilización nacional permanente, articulados a través de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID). Las acciones incluyen marchas en la capital, Asunción, así como concentraciones masivas y cortes de rutas en distintos departamentos del país.
Sus principales exigencias se organizan en cuatro ejes:
La protesta nacional hace un llamado a la sociedad paraguaya en su conjunto a solidarizarse con esta lucha, que busca defender la vida, la tierra y la dignidad de los pueblos indígenas.
Nota:
(1) Tierra Viva (2025) https://www.tierraviva.org.py/cuando-se-trata-de-los-pueblos-indigenas-el-olvido-es-una-politica-de-estado/
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* Abel Irala es director e investigador de Base Investigaciones Sociales. Licenciado en trabajo social, posgrado en Ciencias Sociales y docente universitario.
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