Organizaciones indígenas en las calles defienden los derechos humanos

La protesta pacífica recorrió las calles de Lima en abierto rechazo a las política y leyes antiderechos promovidas por el gobierno de Dina Boluarte en comparsa con el Congreso de la República.

Denuncian que las normas aprobadas por el actual régimen favorecen a las organizaciones criminales y a las economías ilegales y no están pensadas en favorecer al país y menos a las poblaciones más vulnerables.

Bajo el lema: “¡No es momento de silencio ni de indiferencia, es momento de luchar juntos y juntas! ¡No nos callarán!” la movilización  partió del frontis del Palacio de Justicia y se encaminó hacia el Congreso de la República en la Av. Abancay.

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La jornada precedida por una conferencia de prensa fue organizada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la organización de mujeres Fenmucarinap.

Asimismo, por la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y la organización de mujeres ONAMIAP.

Un comunicado de la organización nacional amazónica Aidesep señala entre las políticas nefastas del gobierno el atentado contra los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) adoptada por la Comisión Multisectorial PIACI.

A la negativa de categorizar la Reserva Yavarí Mirim se suma el proyecto de crear una comisión encargada de revisar las reservas existentes para recortarlas o desaparecerlas.

También rechazan la imposición de la Ley sobre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que transgrede derechos humanos esenciales como el acceso a la justicia y la libertad de asociación.

Dicha norma también restringe la participación de la sociedad civil y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas al impedirlas litigar con el Estado 

Otra amenaza es el predictamen de la Comisión Agraria que propone el “desarrollo sostenible de las actividades agrarias en la Amazonía” para favorecer la invasión y el despojo de territorios indígenas mediante la titulación de predios agrícolas.

A lo anterior se agrega la ampliación del REINFO y la Ley MAPE que pretenden legalizar actividades mineras legales e ilegales que vienen arrasando territorios indígenas y ecosistemas sensibles.

Estas y otras normas que favorecen la criminalidad y violan los derechos humanos como la Ley de Amnistía configuran un gobierno que califican de “opresor, discriminador y genocida que favorece a las organizaciones criminales y a las economías ilegales”.

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