Movilización continental del pueblo Guaraní
El pueblo Guaraní lleva a cabo una ofensiva política continental coordinada en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, exigiendo autonomía, territorio y el fin de la violencia estatal y del agronegocio.
Por Flávio V. Machado*
17 de octubre, 2025.- En los últimos días, desde Caarapó (Brasil) hasta Yacuiba (Bolivia), desde Asunción (Paraguay) hasta Posadas (Argentina), la Nación Guaraní ha desencadenado una ofensiva política, de intervención directa y cosmo-coordinada, que ha expuesto una violencia sistemática y el fracaso del modelo de Estado poscolonial para garantizar sus derechos territoriales y humanos.
Desde que el cacique Guaraní-carijó Arosca decidió enviar a uno de sus hijos, Iça-mirim, a Europa, en 1504, para aprender artillería, comenzaba una resistencia de los pueblos que hablaban guaraní y que en pocos años se extendería por toda una territorialidad invadida y de escala continental. Estas resistencias resonaron de generación en generación, a través de eventos únicos, no lineales, multicosmológicos y con repertorios propios. Y, al alcanzar a los Guaraní contemporáneos, actúan en los talleres del tiempo y del espacio el ejercicio de su inherente autodeterminación sobre una territorialidad perteneciente que no fue cedida a los invasores. Una indigeneidad que camina y reafirma: “lealtad sobre tumbas, piedra sagrada”.
Alrededor de 520 años después, Avá Ruvicha Mirim, conocido en portugués como Fidencio Vera, ñandeva, nos ofrece, en su disertación, una cosmopolítica que resuena ese legado. Él no solo recuerda el pasado: al proyectarlo al presente, desafía al Estado, recupera voz, reivindica existencia, con la siguiente comprensión cosmopolítica:
“[…] según la cosmología Guaraní, la tierra está sostenida sobre un punto de apoyo que, en cualquier momento, puede tambalearse y caer. […] las crisis y los riesgos provocados por las acciones humanas en la dinámica de la modernidad y del capitalismo mundial pueden acelerar la destrucción del mundo. Esto porque los tiempos difíciles que vivimos no son solamente crisis en dimensiones sociales, políticas, económicas, entre otras, sino una amenaza global a la vida y a la existencia de todos los seres que comparten el espacio en la Tierra. El desequilibrio tanto de la negatividad como de la positividad es inminente. En verdad, la Tierra ya está agotada, las aguas se están reduciendo, los animales desapareciendo, suplicando al Ñande Ruete que acabe con todo esto.”
Evidentemente, esto ya no es una metáfora, sino un diagnóstico. La cosmopolítica de Vera surge como una alerta cósmica y ética, revelando cómo el pensamiento Guaraní articula pasado, presente y acción política. Dialoga con la ciencia política contemporánea al describir la misma crisis: un sistema que, al devorar territorios y múltiples formas de vida, condena a todos y todo al “Mba’e Megua”: la crisis, el desequilibrio, la inminencia del fin. Pero no se trata de un destino inevitable: ¡hay resistencia! Y en ella reside un pulso de esperanza, aunque cataclísmico, de reconstruir el equilibrio perdido.
Desde campamentos tensos frente a la Casa de Gobierno en Misiones, Argentina, pasando por carreteras bloqueadas que asfixian al agronegocio y al sistema económico en Bolivia y Paraguay, hasta la tierra retomada con sangre y rezos en Guyraroka, Passo Piraju y Guyra Gueyjhã (antiguos Avaete 1 y 2), en Mato Grosso do Sul, lo que observamos no es una serie de incidentes sin conexión, “conflictos locales”, sino una operación política única y vasta. Una indigeneidad cosmo-coordinada que, por su propia fuerza, articula todos esos actores y acontecimientos en una convergencia que derribó mundos y privilegios. Lo que los Guaraní, una vez más, expusieron en los últimos días es la resistencia histórica del choque continuo e inevitable entre proyectos de mundo antagónicos.
Los registros de la más reciente ofensiva continental Guaraní comienzan en la territorialidad originaria Guaraní no cedida a Argentina, donde liderazgos de 50 comunidades Guaraní-Mbyá acamparon, desde el 15 de septiembre, en el corazón del poder político de la Provincia de Misiones, frente a la Casa de Gobierno, en Posadas. Los indígenas reclamaban, frente a las invasiones de los territorios por empresas madereras de pino, proyectos turísticos y el agronegocio, que el gobernador Hugo Passalacqua los recibiera. En un reportaje producido por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), entidad vinculada a la Conferencia Episcopal Argentina, el Mburuvicha Hilario Moreira afirmó que la movilización es resultado de la falta de diálogo con el gobierno provincial y del histórico postergamiento de los derechos indígenas:
“La reivindicación se basa en el hecho de que el gobierno no nos recibe. Sabemos que estamos muy postergados en términos de derechos. Nuestras reivindicaciones básicas son por los territorios, pues ellos son nuestra gran casa. De ahí depende la supervivencia de las comunidades. No pedimos favores, estamos exigiendo lo que nos pertenece.”
Las reivindicaciones centrales del Pueblo Guaraní-Mbyá incluyen la delimitación y restitución de sus territorios ancestrales, una cuestión intensificada por el incumplimiento de la Ley 26.160, que hace casi dos décadas ordenó la realización de un relevamiento territorial que permanece inconcluso en la provincia; respeto a las instituciones propias como Pueblos Preexistentes; además del acceso a servicios esenciales como salud, educación, vivienda y agua: derechos básicos que, según el derecho internacional, el Estado argentino tiene la obligación de garantizar y que son imposibles de materializar sin la delimitación del territorio.
Después de fuerte presión, el gobierno provincial firmó el compromiso de realizar una Asamblea General de los Mburuvichas el próximo 14 de octubre en la Comunidad El Pocito, Capioví. Sin embargo, para muchas dirigencias y sus aliados, la medida fue vista como estrategia para desmontar el campamento, sin, no obstante, presentar soluciones estructurales a las históricas reivindicaciones territoriales.
Acampados por días ante la sede del poder en Posadas, transformaron el suelo pisado en altar y trinchera. Sus cuerpos y cantos dieron materia y estruendo a la denuncia de un Estado colonial y represor que insiste en la vieja táctica de ignorarlos por miedo. Al fin y al cabo, el “cuerpo es el lugar donde el poder y la verdad se enfrentan” y el antagonismo vivo y necesario de la propuesta de sociedad de los Guaraní significa, también, el fin del modelo europeo de Estado-colonial.
Las resistencias como brisa de los Guaraní-Mbyá en Misiones, sobre todo de las mujeres, que sostienen con ternura y firmeza el fuego de las luchas de generación en generación, son testimonio que trasciende la conocida cuestión indígena. Allí, donde la política y la espiritualidad se entrelazan, mujeres, hombres y niños danzan una Aty viva, palpitante, tejida en rezo y resistencia, que hace de sus cuerpos el propio territorio de denuncia y de esperanza de un porvenir que bendecirá a todos.
Mientras ocurrían las manifestaciones en Argentina, el 20 de septiembre, en la territorialidad originaria Guaraní no cedida en Paraguay, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), que reúne a 34 organizaciones indígenas y cuenta entre sus dirigentes con liderazgos como Mario Rivarola, del Pueblo Avá-Guaraní, y María Luisa Duarte Guaraní, intensificaba acciones de resistencia directa en escala nacional. Carreteras fueron bloqueadas y se convocó una marcha masiva hacia el centro de Asunción. Las movilizaciones expresaban una reacción colectiva a la violencia continua y a la omisión estatal, unificando comunidades de diferentes regiones alrededor de reivindicaciones convergentes: la salida inmediata del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), la reapertura de su sede central y el fin de las violencias contra las comunidades.
Un ataque brutal a la comunidad Avá Guaraní, Tekoha Karapá, situada en Ypejhú, Canindeyú, el 1 de octubre, dejó casas destruidas y lesionó al liderazgo Gildo Romero Benialgo. Ese episodio se convirtió en el detonante de una movilización que ya se venía gestando desde hace meses, ante los sistemáticos desalojos forzosos promovidos tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por milicias del agronegocio. Desde hace casi un mes, la empresa Agropecuaria Principado S.A. mantiene a toda la comunidad de Karapá en cautiverio: se han instalado portones y guardias armadas en los principales accesos públicos, impidiendo la entrada y salida de las familias. El sitio provocó una grave crisis alimentaria, la imposibilidad de acceso a atención médica y un estado permanente de miedo e intimidación, agravado por la connivencia de agentes del Ministerio Público de Katueté. La escalada de la violencia se expresa no solo en ataques armados, sino, sobre todo, en el fracaso del Estado, que participa del bloqueo de la acción policial por parte de guardias privados de la empresa Visión Global S.A.
El movimiento indígena activó al fiscal Néstor Narváez, de Curuguaty, que visitó la comunidad el 3 de octubre. Aquella misma noche, el grupo fue nuevamente atacado, obligando a familias y niños a refugiarse en la selva. La comunidad también acusa que el grupo de personas involucradas en una serie de atropellos y en esas destrucciones de casas, ataques y estados de sitio milicianos está compuesto por ruralistas brasileños que adquirieron propiedades en la región. El poder implicado sería la causa de las negligencias de los poderes públicos. Se trata de una emergencia que exige intervención inmediata para garantizar el derecho a la vida, a la dignidad y al territorio de los Guaraní.
En el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú, el 2 de octubre, un chamán Guaraní alzó la voz en medio de la avenida. Cantó con su mbaraka como un corazón antiguo, promoviendo diálogo y reciprocidad entre los espíritus dueños-protectores implicados, danzó de un lado al otro y profirió palabras de aliento y resistencia frente a cerca de cien Xondaros Guaraní, alineados en una barrera de guerreros, portando sus yvyra para. Del otro lado, aproximadamente treinta policías del batallón de choque empuñaban escudos y armas de fuego. Ocurrió el enfrentamiento. Se instaló el caos. Entre polvo, corridas y cánticos, los Guaraní hicieron retroceder a las fuerzas de seguridad.
La presión coordinada se volvió insostenible para el gobierno y, el 3 de octubre, la movilización nacional alcanzó su objetivo: el gobierno cedió, y el general en retiro Juan Ramón Benegas fue removido de la presidencia del INDI. La victoria abrió un canal de negociación inmediato y, ese mismo día, liderazgos indígenas se reunieron con el nuevo presidente del organismo para presentar sus exigencias: la reapertura de la sede central del INDI, la instalación de una Mesa Nacional de Diálogo, el aumento del presupuesto para la compra de tierras y el fin de los desalojos forzosos. Pero mientras la victoria se negociaba en los despachos de la capital, la violencia en el campo no daba tregua. Aquella noche, la comunidad de Tekoha Karapá fue atacada nuevamente.
Todo este contexto, y en especial los acontecimientos contradictorios del 3 de octubre, confirma que la resistencia, inicialmente orientada a la defensa del acceso a la tierra, se ha desplegado en una grave crisis institucional. La caída del presidente del INDI representa una victoria sobre la estructura formal del Estado. Sin embargo, la persistencia de los ataques evidencia que la lucha también se da contra un poder paralelo, violento y connivente, que invade y opera en los territorios. La crisis expone la degradación de un Estado que se revela incapaz de cumplir sus obligaciones constitucionales e internacionales de proteger a los Pueblos Indígenas.
En la madrugada del domingo 21 de septiembre, menos de 24 h después de que los Mbyá Guaraní terminaran su protesta en la Plaza 9 de Julio, en Posadas, y mientras en Paraguay los diversos Pueblos Guaraní se atrincheraban en los bloqueos de carretera que precedieron la marcha nacional, en la territorialidad originaria Guaraní no cedida al Brasil, un matrimonio de chamanes Kaiowá centenarios, Ñanderu Papito (Tito), de 106 años, y Ñandesy Miguela, de 98 años, cansados de sufrir la contaminación aguda de mujeres y niños por agroquímicos y de la imposibilidad de sembrar su propia alimentación, debido a la falta de espacio, donde por más de 30 años, 120 personas sobreviven en 50 hectáreas, rezaban sobre su comunidad y la tierra reconquistada. Pedían la protección de Ñanderuvusu, “Nuestro Gran Padre”, ante el inminente ataque del batallón de choque de la Policía Militar del Estado de Mato Grosso do Sul, que se preparaba para avanzar contra ellos. La respuesta del Estado fue inmediata, brutal e ilegal.
Ese mismo día, en respuesta a los mismos problemas y guiados por el mismo espíritu, la comunidad Kaiowá de Passo Pirajú, en Dourados, también retomó parte de su territorio y recibió igual respuesta del batallón de choque bajo el mando del gobernador Eduardo Riedel. Conocido ruralista, el actual jefe del Ejecutivo estatal, cuando presidía la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul, organizó la llamada “subasta de la resistencia”, que, si no hubiese sido impedida por la Justicia, buscaba armar ganaderos de la región. La actuación ilegal de la Policía Militar como seguridad privada para ganaderos no es un hecho aislado; se trata de una política deliberada, debatida y planificada años antes en una audiencia pública organizada por diputados ruralistas y entidades de clase en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Esa violencia estructural y sistemática del Estado puede clasificarse como terrorismo de Estado, en la que las Fuerzas de Seguridad Públicas atacan una población civil desarmada, y constituye factores de riesgo de crímenes contra la humanidad y, dada la intencionalidad, también de genocidio, ambos factores establecidos por la Oficina de Prevención del Crimen de Genocidio de las Naciones Unidas. La gravedad de la situación fue reconocida internacionalmente cuando ese mandato de la ONU, vinculado directamente al Secretario General, otorgó a la pareja Ñanderu Papito y Ñandesy Miguela el premio “Campeones de la Prevención Raphael Lemkin 2023”. El homenaje de la oficina de la ONU logró reunir en pocas palabras la importancia y los costos políticos que las violencias contra la comunidad acarrean:
“La negación de sus derechos a la tierra creó condiciones que amenazan constantemente la supervivencia de esta comunidad. Ellos representan el verdadero espíritu de prevención de un grupo protegido que enfrenta la aniquilación. A lo largo de sus vidas, han sido víctimas de numerosos desplazamientos forzados que los expulsaron de sus tierras tradicionales. Toda su comunidad vive en un pequeño terreno de 50 hectáreas, parte de su territorio original llamado Guyraroka, que fue reconocido por el Ejecutivo, pero luego anulado por el Poder Judicial brasileño. Su comunidad de poco más de 100 personas está constantemente bajo amenazas, ataques de pistoleros y pulverización aérea y terrestre con agroquímicos, lo que les impide producir sus alimentos tradicionales y tener acceso a agua potable, además de causar enfermedades, principalmente entre mujeres y niños. El señor Tito y la señora Miguela, a pesar de sus edades (103 y 96 años, respectivamente), son incansables en las oraciones por su pueblo, en la defensa de su territorio y en la defensa de sus tierras para que un día su pueblo pueda cuidar su tierra, trayendo de vuelta los animales, las plantas, los árboles y todos los espíritus que habitan esos bosques. Ellos son guardianes y protectores del conocimiento ancestral de cuidado con su pueblo y su entorno. Su espíritu incansable continúa luchando por la demarcación definitiva de su territorio tradicional (Oficina de Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas, diciembre de 2023).”
Hace ya algún tiempo se puede afirmar que Mato Grosso do Sul se ha convertido en el epicentro de una resistencia originaria contra el agro-Estado y todo lo que este representa, un complejo de las principales violencias contra los Pueblos Indígenas, con repercusiones nacionales e internacionales. Los Kaiowá y Guaraní ya no pueden esperar por la justicia. La autodemarcación de sus territorios no cedidos, realizada mediante las retomadas, es un acto de autodeterminación directa, en otras palabras, la aplicación inmediata de sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente siempre ocuparon. Por eso, la respuesta estatal es la violencia, operada al margen de la ley por un aparato represor forjado y controlado por aquellos que históricamente invadieron y violentaron esos cuerpos-territorios.
Los ataques persistieron en los días que siguieron, pero también crecieron las movilizaciones populares en defensa de las comunidades, como la caravana de derechos humanos realizada el 26 de septiembre, que involucró liderazgos de los movimientos sociales y eclesiales, profesores y diputada estatal. La resistencia, sin embargo, persiste y se reinventa en otro nivel de sofisticación. El 3 de octubre, en medio de la tensión, los Kaiowá llevaron a sus niños a una clase de campo. El territorio de Guyraroka se transformó en aula al aire libre, un gesto pedagógico que enseña a las nuevas generaciones que la autodeterminación, antes de ser un concepto jurídico, es una práctica de pertenencia corporal a la tierra. Los niños aprendieron acerca de sus derechos originarios a la tierra, mientras producían carteles de apelación al Supremo Tribunal Federal (STF). El futuro de la comunidad depende directamente de una decisión del tribunal, que puede restablecer el reconocimiento oficial de su Tierra Indígena. Es la pedagogía de la pertenencia: la tierra que acoge como trinchera de resistencia intergeneracional, movilizando seres humanos y no humanos en su protección y defensa. La recuperación de la tierra promueve una resignificación generalizada de la existencia. Es el ejercicio práctico, la materialización de su modo de ser y de su autodeterminación – su teko. Se trata de un acto único que es, simultáneamente, físico, jurídico y espiritual.
A unos 1.200 km de Guyraroka, el 27 de septiembre, el Consejo de Capitanes Guaraní de Santa Cruz (CCGSC), que forma parte de la territorialidad originaria Guaraní no cedida a Bolivia, emitió la “resolución determinativa n.° 26/2025”, dando un ultimátum al gobernador Luis Fernando Camacho para atender sus demandas. La decisión fue tomada después de que el gobernador y su gabinete ignoraran cuatro solicitudes de reunión enviadas entre el 2 y el 25 de septiembre de 2025 para discutir la falta de ejecución de programas y proyectos ya acordados. La resolución del Consejo Guaraní, fundamentada en conceptos legales y políticos que reconocen su autodeterminación, declaró estado de emergencia y movilización, estableciendo un plazo de 48 horas:
“[…] Que el Art. 2 de la CPE señala que dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
Que el párrafo II, número 4 del Art. 30 de la CPE señala la libre determinación y territorialidad de los pueblos indígenas.
[…]
Nos declaramos en ESTADO DE EMERGENCIA Y MOVILIZACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA Y EXIGIMOS UN PLAZO DE 48 horas por el incumplimiento de nuestras demandas al Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, y su Gabinete por la falta de interés en instalar la mesa de diálogo y atender las demandas y agenda programática de la Nación Guaraní de Santa Cruz. Por ello damos un plazo de 48 horas a partir del lunes 29 de septiembre de 2025. 2. En caso de que nuestras demandas no sean atendidas en el plazo establecido, se iniciará el bloqueo indefinido de la carretera internacional RUTA 9 (Santa Cruz – Argentina).”
Ante la falta de respuesta, los Avá Guaraní iniciaron una táctica de resistencia directa el 1 de octubre, con el cierre por tiempo indefinido de una de las principales arterias de la economía boliviana: la Carretera Internacional 9. Las exigencias presentadas abarcaban un amplio espectro de necesidades. En infraestructura, pedían electrificación, perforación de pozos de agua y mejora de carreteras. En lo social, reclamaban la garantía del desayuno escolar para 2024 y 2025, además de mejoras en salud y educación. La agenda se completaba con demandas políticas cruciales: la definición de sus límites territoriales, una discusión sobre los impactos de la carretera bioceánica para el territorio de Ñembi Guasu y su reconocimiento institucional dentro de la estructura del Estado.
La elección del lugar fue estratégica. Para un Estado sin salida al mar como Bolivia, cuyas exportaciones e importaciones dependen de corredores terrestres, la ruta bloqueada tiene importancia capital, siendo el principal vínculo entre Santa Cruz, el motor económico del país, y los mercados de Argentina y del Mercosur. El impacto fue inmediato: se calcula que cada día de bloqueo le costó cerca de 580 mil dólares al capital agroindustrial de la región.
La presión político-económica surtió efecto. El 5 de octubre, tras manifestaciones en la prensa, el gobierno autónomo de Santa Cruz propuso una reunión de diálogo y la instalación de una mesa técnica. Con la conquista del canal de negociación directo, representando una victoria de la estrategia coordinada, parte de las Capitanías Guaraní y su principal organización, la Asamblea Pueblo Guaraní (APG), decidió suspender el bloqueo el 8 de octubre.
Sin embargo, la movilización reveló también la complejidad de la gobernanza Guaraní. Al día siguiente, 9 de octubre, mientras la reunión de alto nivel se desarrollaba entre autoridades y el gobierno de Santa Cruz, al menos dos puntos de bloqueo se mantuvieron, con comunidades locales exigiendo la presencia de técnicos del gobierno para resolver demandas in situ. El episodio ilustra la naturaleza de un poder que es, simultáneamente, lo bastante centralizado para desafiar al Estado y lo bastante descentralizado para asegurar que las necesidades de cada territorio sean, al final, reivindicadas y atendidas.
Los bloqueos no surgen como una simple protesta. Se trata de una herramienta de negociación forzada, ante la omisión de los poderes públicos respecto a los derechos de los Pueblos Indígenas. La respuesta estatal fue una convocatoria tardía al diálogo y no se caracteriza como gesto de benevolencia, sino porque el costo económico de la paralización se tornó políticamente insostenible. Así, los Avá Guaraní demostraron que, aun sin un ejército, pueden detener al poder sitiando al Estado en su propio campo de batalla.
La lógica constitutiva de los actuales modelos europeos de Estado, herederos de una estructura colonial sofisticada, impone fronteras físicas imaginadas y la conversión de todo en mercancía desechable. Este proyecto de mundo solo consigue concebir la Tierra como un bien a ser explotado exhaustivamente. En oposición directa, la cosmopolítica Guaraní parte del Territorio, el Tekoha, como la propia condición de existencia. La distinción es fundamental: la tierra no es un objeto de posesión, sino de pertenencia, un sujeto de derecho, actor político en la gobernanza global, que convoca a todos y todo a resistir.
Así, esta ofensiva continental Guaraní y la propia resistencia de los Pueblos Indígenas en todo el mundo son cosmo-coordinadas y resultado de su diplomacia autóctona junto al sujeto Tierra y todos los seres humanos y no humanos que la constituyen. Hay elementos concretos que evidencian que no se trata de eventos producidos por el azar, es decir, desvinculados entre sí, sino resultado de un largo proceso de articulación política, formalizado a través de encuentros continentales que, desde 2006, reúnen a la Nación Guaraní más allá de todas las fronteras, no solo físicas, reconectando procesos históricos cuyos agresores son coincidentes.
Lo que presenciamos es la materialización de un repertorio de acción directa, adaptado a cada contexto, pero unificado por una conciencia política y ética originaria compartida. En Argentina, esa conciencia asumió la forma del campamento paciente, que fuerza el diálogo mediante la presencia intrépida. En Bolivia, demostró una inteligencia estratégica aguda, usando el bloqueo para sitiar al Estado. En Paraguay, se insurgió con la furia de la marcha para provocar rupturas institucionales. Y en Brasil, donde la violencia es más brutal, se profundizó en la resiliencia de la autodemarcación, la recuperación que se transformó en pedagogía. Todas manifiestan lo inédito-viable freiriano.
Son tácticas diversas, pero que parten de una misma gobernanza descentralizada y cosmo-coordinada, supranacional, autodeterminada y ágil, capaz de penetrar los flancos del sistema y abrir fisuras en todos sus niveles. Una fuerza de lastre histórico que emerge de los campamentos al borde de la carretera, ocupa universidades y mandatos políticos, resuena en miles de aldeas, llegando hasta los palacios del poder y del multilateralismo. Un espíritu que se sienta a la mesa como otra autoridad, no para rendirse, sino para forzar, paso a paso, el fracaso de un proyecto de mundo que, según Wallerstein, tiene los días contados.
Lo que la semana de insurgencia revela, por tanto, es la plena emergencia de la Nación Guaraní como sujeto político continental, cuya lealtad al Tekoha inherentemente precede, desafía y rompe con el orden impuesto por los actuales modelos hegemónicos. La ordenanza de Leila, lideresa Ñandeva: “tiene que ser en la lucha, tiene que ser en la pelea” – resuena, convoca y transforma ante la inminencia de que la Tierra tambalee en su punto de apoyo. Los propios Pueblos Guaraní, en un acto de ruptura y reimaginación política, disputan activamente este pilar estado-colonial. No anuncian solo el fin de un mundo; practican, en cada territorialidad, la refundación de otros mundos, dejando un aviso que reverbera por todo el continente, en las conciencias de quienes luchan:
“Si mañana o pasado me caigo, hay otra persona que se levantará de nuevo y continuará la lucha.” (Leila Rocha, Ñandeva)
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* Flávio V. Machado es misionero del Consejo Indigenista Misionero, Cimi (Brasil) y miembro del equipo de advocacy internacional del Cimi.
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