Julia Chuñil: un año de impunidad, omisiones del Estado y silencios que protegen a los poderosos
La desaparición de Julia Chuñil expone un patrón:
Fiscalía Nacional: por acción, al blindar la investigación bajo la excusa de la “reserva” y al distraer con investigaciones sobre filtraciones en vez de avanzar hacia responsables.
Ejecutivo: por omisión, al no querellarse, al reducirse a acompañamientos simbólicos y al no presionar políticamente para que se investigue con estándares internacionales.
Medios tradicionales: al no darle cobertura sostenida, dejando que el caso se diluya en la agenda pública salvo cuando explota una filtración.
Por: Nicolás Romero Reeves
El 8 de noviembre de 2024, la defensora ambiental mapuche Julia del Carmen Chuñil Catricura fue vista por última vez en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Desde entonces, su desaparición se ha convertido en un caso emblemático de cómo el Estado chileno —a través de la Fiscalía Nacional y del Ejecutivo— ha mostrado un patrón de inacción, encubrimiento y omisión que raya en la complicidad. A once meses, no existe imputado formal, no se ha transparentado la investigación y las principales líneas que apuntan a la familia Morstadt, ligada a disputas territoriales con la comunidad Putreguel, han sido sistemáticamente ignoradas.
Este artículo revisa los hechos y muestra cómo la institucionalidad, en lugar de garantizar justicia, ha terminado siendo un muro de impunidad.
La desaparición y los primeros meses de silencio
Julia Chuñil era una lideresa comunitaria que defendía el bosque nativo y cuestionaba la expansión forestal en territorios ancestrales. El día de su desaparición, en el sector de la Reserva Cora N°1-A, la familia denunció de inmediato la necesidad de investigar a los Morstadt, empresarios locales con quienes existían conflictos abiertos por tierra y recursos.
Sin embargo, desde un inicio la Fiscalía Regional de Los Ríos mostró desidia:
No hubo aseguramiento inmediato del lugar donde se le vio por última vez.
No se incautaron dispositivos electrónicos de sospechosos ni se ordenaron pericias oportunas.
La búsqueda se trató como un caso común de presunta desgracia, invisibilizando que se trataba de una defensora ambiental y mapuche, con todo lo que implica en materia de protocolos internacionales de protección.
El Ejecutivo, por su parte, mantuvo un silencio prolongado. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se limitó a gestos declarativos, señalando que el caso era de “máxima gravedad”, pero sin acciones concretas: no presentó querella, no se reunió con la familia en terreno y redujo su rol a “acompañamiento institucional”.
La filtración que destapó el encubrimiento
En septiembre de 2025, casi once meses después de la desaparición, salió a la luz un antecedente estremecedor: una escucha telefónica atribuida a un sospechoso ligado a la familia Morstadt, donde se señalaba que “la quemaron”.
La reacción del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, fue inmediata pero reveladora. En lugar de asumir la gravedad del antecedente y transparentar su contexto, Valencia se dedicó a cuestionar la filtración: habló de información “parcial y sesgada”, anunció una investigación interna contra quienes revelaron el dato y, en la práctica, se centró en proteger la reserva de la carpeta y la imagen institucional antes que en entregar respuestas a la familia.
Este episodio dejó claro el doble estándar: cuando se trata de antecedentes que apuntan a poderosos empresarios locales, la Fiscalía invoca “reserva” y “prudencia”; pero cuando la familia de Julia exige pericias en ese mismo sentido, la respuesta ha sido dilatoria y evasiva.
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha dicho que su rol es limitado porque no hay “indicios de femicidio”. Este argumento técnico es una forma de omisión política: una mujer desaparecida, defensora ambiental y mapuche, debería haber activado todos los mecanismos de protección del Estado, incluyendo querellas, protección internacional y apoyo judicial.
El Ejecutivo ha preferido tratar el caso como un expediente más, delegando en la Fiscalía toda responsabilidad. Esa decisión equivale a mirar hacia otro lado mientras se consolida la impunidad.
La línea que no se quiere investigar: los Morstadt
Desde el primer día, la familia de Julia señaló que los Morstadt debían ser investigados. Existían antecedentes de amenazas, conflictos territoriales y tensiones previas. Sin embargo:
No se han practicado diligencias intrusivas serias sobre los bienes, teléfonos ni finanzas de la familia.
La Fiscalía ha evitado pronunciarse públicamente sobre esa línea.
El Fiscal Nacional, lejos de presionar en ese sentido, ha reforzado el discurso de que “no corresponde comentar filtraciones”.
En los hechos, la principal hipótesis señalada por la familia y organizaciones ha sido marginada de la investigación.
Un patrón de impunidad contra defensoras ambientales
El caso de Julia Chuñil no es aislado. Chile ya ha sido denunciado internacionalmente por su incapacidad de proteger a defensoras ambientales como Macarena Valdés, cuyo caso fue cerrado sin agotar líneas investigativas. Ahora, la historia se repite: mujeres mapuche que defienden la naturaleza son abandonadas por la institucionalidad, tratadas como ciudadanas de segunda categoría.
La desaparición de Julia Chuñil expone un patrón:
Fiscalía Nacional: por acción, al blindar la investigación bajo la excusa de la “reserva” y al distraer con investigaciones sobre filtraciones en vez de avanzar hacia responsables.
Ejecutivo: por omisión, al no querellarse, al reducirse a acompañamientos simbólicos y al no presionar políticamente para que se investigue con estándares internacionales.
Medios tradicionales: al no darle cobertura sostenida, dejando que el caso se diluya en la agenda pública salvo cuando explota una filtración.
La verdad es clara: Julia Chuñil no desapareció por azar ni por accidente. Su lucha la puso en la mira de intereses poderosos, y el Estado chileno, en vez de protegerla, se ha convertido en garante de la impunidad.
Fuente: revistadefrente.cl
![Fuentes: Climática [Imagen: Desprendimiento de hielo del glaciar Russel, Kangerlussuaq, Groenlandia, julio de 2022 Foto: Sepp Kipfstuhl, Alfred Wegener Institute]](https://abyayalasoberana.org/wp-content/uploads/2026/02/19-comprimido.jpg)
