Indígenas se pronuncian ante ola de violencia

Para las organizaciones indígenas habría una complicidad entre el gobierno y las redes criminales en perjuicio del pueblo.

“Esta violencia, lejos de ser un fenómeno aislado, tiene la complicidad directa y la protección del gobierno indolente de Boluarte que ampara y protege a las organizaciones criminales, mientras vulnera nuestros derechos y abandona a la ciudadanía a su suerte”, escriben.

Las comunidades resaltan que debido a la presencia de la criminalidad asociada a las actividades extractivas e ilegales que invaden sus territorios, han perdido a defensores y defensoras durante décadas, por lo que no son ajenos a la escalada de criminalidad que también afecta al sector urbano.

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Agregaron que la falta de políticas públicas claras, la ausencia de una respuesta efectiva y la incapacidad técnica y de gestión del Estado para frenar esta violencia ponen en evidencia el abandono de la seguridad ciudadana.

Las organizaciones señalan que mientras todo esto ocurre el Estado guarda silencio y despliega miles de policías para reprimir con violencia, gases lacrimógenos, golpes, detenciones arbitrarias y amenazas a quienes protestan y exigen justicia.

“Esta desproporción no es solo una falla, es la expresión clara de una dictadura que prioriza la represión y la protección de intereses criminales antes que la vida y la seguridad de su pueblo”, señalan las organizaciones.

En este sentido las organizaciones indígenas y campesinas respaldan a la Generación Z y los sectores sociales que alzan su voz, frente a la crisis de seguridad, política y social que atraviesa tanto los territorios comunales como la ciudad.

A través del pronunciamiento exigen reparación a las familias afectadas por asesinatos a conductores; investigación y sanción de los crímenes; que las empresas y empleadores respalden a las familias de las víctimas.

Asimismo, piden el cese de la criminalización de la protesta social y la violencia estatal contra quienes ejercen su derecho legítimo a manifestarse en las calles; medidas para desarticular organizaciones criminales y justicia para familiares de asesinados durante protestas.

El pronunciamiento fue suscrito por AIDESEP, CCP, la CNA, la CONAP, ONAMIAP, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).

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