Foro ONU llama a cautelar derechos indígenas

El estado de excepción declarado por el Gobierno ha restringido las libertades de asociación, de reunión, y de tránsito en un contexto de represión y criminalización de la protesta ciudadana.

Mediante un pronunciamiento público el Foro Permanente exhorta al gobierno de Ecuador a defender y garantizar los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y la participación de los pueblos indígenas.

Ello incluye el pleno respeto del debido proceso, el ejercicio de los derechos colectivos y el derecho a la protesta pacífica.

Mantienen orden de prisión contra líder asháninka Juzgado ordenó mantener prisión preventiva pese a falta de pruebas que demuestren su responsabilidad directa en los hechos imputados.

También garantizar que todas las personas detenidas, y en particular las 13 personas Kichwa Otavalo, cuenten con acceso al debido proceso, representación legal, contacto con sus familias, interpretación, atención médica adecuada, y se detengan los actos de persecución.

Asimismo, investigar de manera pronta e imparcial todas las denuncias de violencia, detención arbitraria y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, y garantizar la rendición de cuentas.

Por último, invoca a entablar un diálogo constructivo y genuino con los pueblos indígenas y sus representantes para atender las preocupaciones legítimas mediante soluciones pacíficas e inclusivas basadas en los derechos.

El Foro Permanente se encuentra profundamente preocupado por el tratamiento que las fuerzas de seguridad del Ecuador dan a las manifestaciones públicas y pacificas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Precisa que el 22 de setiembre, las manifestaciones pacíficas, especialmente en la provincia de Imbabura, fueron tratadas mediante el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad.

Al menos 13 miembros del pueblo Kichwa Otavalo fueron detenidos por supuestos delitos relacionados con el terrorismo.

Las organizaciones indígenas denuncian detenciones arbitrarias, violaciones del derecho al debido proceso, malos tratos durante la custodia y traslados a centros de detención sin las debidas garantías de seguridad para la integridad de los detenidos.

El 24 de setiembre, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) ordenó el cierre durante quince días de TV MICC, el canal del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

Esa censura se produce a pesar de que es una plataforma vital para las comunicaciones públicas de los pueblos indígenas, para las voces diversas y el diálogo público equilibrado.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reafirma el derecho de los pueblos indígenas a la participación política, la libertad de expresión y de reunión (artículos 5, 16 y 18).

La Declaración Universal de Derechos Humanos también protege el derecho a la reunión y asociación pacíficas. Criminalizar a los pueblos indígenas contraviene la Constitución del Ecuador y las normas internacionales de derechos humanos.

El Gobierno de Ecuador debe abordar las causas subyacentes del conflicto y garantizar una solución pacífica con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas.

Lea la declaración completa aquí.

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