En la décima sesión de la audiencia de apelación, se enfatizó los graves impactos en las viudas, familias y comunidad, considerando el marco normativo de protección de los pueblos indígenas.
Tales demandas fueron los alegatos presentados por la defensa legal de la parte agraviada, durante la décima de la Audiencia de Apelación del Caso Saweto.
La sesión se realizó el jueves 26 de junio, en la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
“Han pasado más de diez años desde aquellos hechos atroces, y las familias y los miembros de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto también agraviados aún no encuentran justicia efectiva”.
Así declaró la abogada Rocío Trujillo, asesora legal de Julia Pérez Gonzáles, viuda de Edwin Chota Valera.
“Está acreditado el hecho punible a través de las pruebas actuadas y valoradas, el cual se ha sustentado en la sentencia de primera instancia”, indicó.
Asimismo, la defensa legal señaló que en este caso es necesario que los magistrados tomen en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y no solo un análisis desde el punto de vista civil o penal.
«Por tanto, la reparación debe ser integral, proporcional al daño causado, y considerar la afectación individual, familiar y comunitaria».
“Lo que se ha destruido aquí no es solo una familia, es una comunidad, una lucha, una forma de vida que mantienen los pueblos indígenas».
«Lo que pedimos no es simbólico. Es una verdadera justicia, de acuerdo con los derechos de los pueblos indígenas”, concluyó la presentación de sus alegatos la abogada Rocío Trujillo.
En esta audiencia, estuvieron presentes las viudas e hija de las autoridades indígenas y líderes asesinados: Julia Pérez, Lina Ruiz, Lita Rojas y Ergilia Rengifo, quienes siguen enfrentando un largo proceso judicial revictimizante en un contexto de impunidad.
Durante la presentación de alegatos, también se compartió el testimonio de Julia Pérez: “cuando nosotros [nos] hemos quedado sin líderes, definitivamente a nosotras nos dejaron solas porque todas las personas que estaban en la comunidad salieron por el miedo… que nos van a venir matar a todos”.
En el Perú, defender el territorio de los pueblos indígenas se ha convertido en un acto peligroso, debido a las amenazas, la violencia, que muchas veces desemboca en el asesinato de las autoridades y líderes indígenas.
Es por ello que la sentencia de este caso y sus impactos posteriores serán relevantes e importantes para sentar un precedente, considerando que en los últimos años, más de 35 líderes indígenas y comuneros han sido asesinados por defender sus territorios.
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