Exigen desmilitarizar territorios tras cese del Paro

CONAIE también exigió justicia para víctimas de represión y anunció inicio de una campaña para garantizar el respeto de derechos adquiridos en la Constitución.

En un comunicado donde también se anunció el cese del Paro Nacional, el movimiento exigió la no persecución a líderes, la liberación de detenidos y brindar atención y reparación a las familias de víctimas por represión.

El cese del Paro Nacional implica también el despeje de vías y el repliegue a los territorios.

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El movimiento indígena resaltó que la resistencia continuará en asambleas permanentes para preparar la campaña por el No al cambio de constitución en la consulta popular y el referéndum que impulsa el Gobierno. 

Tras 30 días de protestas, el anuncio se produce en respuesta a la represión del gobierno de Daniel Noboa que desencadenó la muerte de tres manifestantes, decenas de heridos y cientos de vulneraciones a derechos.

“Este gobierno ha decretado que la violación del los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones”, cuestionó Marlon Vargas, presidente de la CONAIE.

Como remarcó el líder de la CONAIE, las protestas pudieron evitarse si el Gobierno Ecuatoriano hubiera establecido un diálogo con todos los sectores del país.

“Hoy tiene una lección que aprender: el poder no se impone, se construye dialogando con el pueblo”, enfatizó Vargas. 

Como se recuerda, el Paro Nacional en Ecuador surgió como una respuesta al “abuso de poder” y la “crisis multidimensional” generada por el gobierno, el alza del precio del diesel fue el desencadenante de las protestas.

Desde el inicio del Paro, el 22 de septiembre, la respuesta del gobierno de Noboa se caracterizó por la represión y la criminalización de la protesta, lo que encendió las alarmas de organizaciones de derechos y entidades internacionales. 

Cabe recordar que, bajo un discurso de eficiencia y en medio de una crisis de seguridad, Daniel Noboa viene aplicando reformas para promover el extractivismo en territorios indígenas y limitar derechos.

Estas medidas se ven reflejadas en la eliminación del Ministerio del Ambiente, el intento de privatizar áreas protegidas o las amenazas de cerrar organizaciones que defienden derechos y el medioambiente.

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