Paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador continúa desde el 22 de setiembre y crecen denuncias contra represión.

En Azuay, el pueblo indígena exige la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, mientras en Pastaza siete nacionalidades indígenas piden paralizar la licitación petrolera en los campos Suroriente y Subandino.

La dirigente kichwa, Diana Chávez lamentó que Noboa haya anunciado la Ronda Petrolera Suroriente que abarca 21 bloques petroleros y se superpone a 91 % a territorios indígenas de siete nacionalidades de Pastaza y Morona Santiago.

En el sur del país, durante la primera semana del paro, indígenas y campesinos protestaron en defensa del agua buscando la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, concesionado a la empresa canadiense Dundee Precious Metals y ubicado en el páramo de Kimsakocha.

 

 

En Kimsakocha nacen los ríos Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norway, que abastecen a miles de personas en el sur del país y riegan al menos 2000 hectáreas de producción agrícola, ganadera y lechera.

Lauro Sigcha contó a Mongabay Latam que más de 200 policías y militares se mantuvieron cerca del lugar de la protesta. En Imbabura, 12 manifestantes fueron detenidos, acusados de terrorismo y trasladados a cárceles de Portoviejo y Esmeraldas.

El 25 de septiembre, el Gobierno nacional anunció que suspenderá la licencia ambiental del proyecto de oro Loma Larga. La decisión llega después de una multitudinaria marcha realizada el 16 de septiembre, antes del paro nacional.

Semanas antes del paro, en Pastaza, centro de la Amazonía ecuatoriana, las siete nacionalidades indígenas que la habitan resolvieron que la provincia sea declarada libre de extractivismo.

Sin embargo, ante la amenaza de la licitación de bloques petroleros que se sobreponen a los territorios de kichwas, shiwiar, waorani, andwas, shuar, achuar y sáparas, decidieron unirse al paro, a excepción de los shuar.

La demanda central es que se paralice la Ronda Petrolera Suroriente y la Ronda Petrolera Subandina. Para hacer escuchar su exigencia, durante la primera semana del paro bloquearon la Troncal Amazónica, que une al norte y al sur de la región.

La Constitución ecuatoriana exige que antes de entregar concesiones se consulte a los pueblos y nacionalidades, pero Ecuador no tiene una normativa para aplicar este mandato, a pesar que ratificó su adherencia al Convenio 169.

Mientras tanto, se han reportado violentas represiones de las protestas, por lo cual la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador exige al Estado detener el cese del fuego y respetar los derechos humanos.


Con información de Mongabay Latam.

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