Economías ilegales asedian a pueblos en aislamiento

Los pueblos indígenas en aislamiento son los grupos humanos más vulnerables del planeta. Viven en zonas remotas de la selva y el contacto con extraños podría ser letal. Pese a ello, autoridades y políticos de todo nivel —vinculados a intereses extractivos o que los defienden— han buscado formas de debilitar la normativa que los protege; en setiembre último, se frustró la creación de la reserva para indígenas aislados Yavarí Mirim, en Loreto. Acciones de este tipo no son el único peligro, el narcotráfico y otras economías ilegales tienen cada vez más cercados las áreas de protección de estos pueblos. 

Por Equipo de Investigación Colaborativo de Servindi

Ambas actividades, junto a la pesca ilícita —que opera en el limítrofe río Yavarí—, son un peligro para los aislados. 

Hace ocho años, sustentado con evidencias, el Perú reconoció formalmente la existencia en la zona de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) Matsés, Matis, Korubo o Kulina-Pano y Flecheiro (Tavakina). 

Pese a ello, una comisión multisectorial conformada por ocho ministerios, tres municipalidades, un gobierno regional, dos universidades, dos organizaciones indígenas y la Defensoría del Pueblo, no consiguió los votos necesarios para oficializar la creación de la reserva.

Las mismas organizaciones indígenas, así como especialistas, oenegés, colectivos ciudadanos y un grupo reducido de congresistas calificaron el resultado de “grave retroceso en la protección de los derechos humanos y ambientales en el país”, y “atentado directo contra la vida de los PIA”. 

En diciembre último, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) pidió en una carta a organismos internacionales y a distintos estados, con los que el Perú tiene acuerdos ambientales, “tomar acciones” de cara al escenario de desprotección.

Antes, la misma organización presentó un recurso de nulidad contra la votación, la cual fue desestimada por el Ministerio de Cultura (Mincul), ente rector en materia de pueblos indígenas.

Durante años, empresarios, políticos y altos funcionarios del propio Estado peruano se opusieron a la creación de la reserva Yavarí Mirim. Incluso, llegaron a impulsar una campaña mediática que negaba la existencia de los indígenas aislados en Loreto. 

La campaña planteaba la idea de que crear una reserva para ellos “frenaba el desarrollo económico” de la región. 

No ha sido el único ataque contra los PIA, economías ilegales se consolidan en los alrededores —en algunos casos dentro— de las ocho reservas que a la fecha existen para estos pueblos a nivel nacional. Además, se ha hecho habitual la presentación de proyectos de ley que los colocan en peligro. 

Los indígenas aislados, antes también llamados “no contactados”, habitan zonas de difícil acceso de la selva sudamericana; están en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. También hay registro de ellos en Papúa Nueva Guinea, Indonesia e India. 

El aislamiento de estos grupos está asociado a la vivencia de episodios traumáticos como los ocurridos en la época del caucho (entre fines del siglo XIX e inicios del XX), cuando eran explotados y luego masacrados por orden de los empresarios caucheros. 

Los que lograban sobrevivir escapaban hacia zonas remotas de la Amazonía como una estrategia de defensa. 

En Perú existen al menos 25 pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI), de acuerdo a información oficial. En 2006, se aprobó la Ley 28736 que los protege. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que estos pueblos son “altamente vulnerables”, y que esta condición se agrava “ante las amenazas y agresiones que sufren sus territorios que ponen en peligro el mantenimiento de sus culturas y sus formas de vida».

En los años ochenta del siglo pasado, en la Amazonía sur de Perú, el contacto con trabajadores de la empresa de hidrocarburos Shell ocasionó la muerte de casi la mitad del pueblo Nahua por el contagio de enfermedades. 

Los indígenas aislados poseen una condición de vulnerabilidad inmunológica y sociocultural, de modo que el contacto con foráneos representa un alto riesgo de transmisión de enfermedades, epidemias o muerte para estos pueblos. 

Encuentros fortuitos y contactos forzados también se han dado con madereros y misioneros católicos y evangélicos. 

En marzo de 2025, a partir de un caso en Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reafirmó que “el principio de no contacto y el respeto a su elección de permanecer en aislamiento” deben ser las premisas fundamentales para guiar el análisis de las acciones estatales.

La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur (RIKNS) en Perú —creada en 2021 y ubicada entre Loreto, Ucayali y Huánuco— es una de las más asediadas por el narcotráfico. 

En 2024, a partir de sobrevuelos realizados con participación de Aidesep, la federación indígena kakataibo Fenacoka, el Mincul y otras organizaciones vigilantes, se identificaron dos pistas de aterrizaje clandestinas en los alrededores de la reserva y una dentro. 

Esta última fue ubicada a menos de un kilómetro del río Santa Ana, en el distrito de Padre Abad (Ucayali). La droga que sale por dichas pistas tendría como destino Bolivia. 

Según Devida, el 2024 se reportaron 398 hectáreas de cultivos de coca dentro de la reserva. Un reportaje de Mongabay Latam reveló, además, que los mismos cultivos abundan en casi todo su alrededor.  

Ubicada en la provincia ucayalina de Coronel Portillo, la Reserva Indígena Isconahua (RII) registró la misma presencia de actividades asociadas al narcotráfico.

Según informes del Ministerio de Cultura, obtenidos por la Ley de Transparencia, el 2022 hombres armados transitaron por el río Abujao; al año siguiente, desconocidos amenazaron de muerte a agentes de protección para que no reporten su paso por la comunidad aledaña de Saasa. 

El mismo 2023, personas foráneas ingresaron a la comunidad ashéninka de San Mateo, colindante con la reserva (que abarca las cabeceras de los ríos Callería, Utiquinía, Abujao y sus afluentes), para solicitar la apertura de una trocha para sacar droga. 

El 2024 se reportaron incursiones de presuntos narcotraficantes y mochileros brasileños a través de un camino que parte de Brasil, cruza la reserva indígena y desemboca cerca al límite de San Mateo. Pertenecerían a la organización criminal Comando Vermelho y tendrían una base en el centro poblado Santa Luz, cerca de la boca del Abujao, explican los informes. 

De acuerdo al Plan de Protección de la RII (2025 – 2029), y basado en un sobrevuelo realizado el 2023, la actividad minera se ha expandido hacia la cuenca del río Shesha, tributario del río Abujao. 

También se identificó, cerca a la reserva, un pozo de maceración de droga, el cual utiliza sustancias altamente contaminantes que se vierten en los cauces de agua. Esto supone un alto riesgo a la integridad física de los PIA, advierte el citado plan. 

El 2024, sobre la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN) —ubicada en las provincias de La Convención y Atalaya, regiones de Cusco y Ucayali— se registró el sobrevuelo de una avioneta de madrugada, específicamente en el área de la comunidad indígena nahua, de contacto inicial, Santa Rosa de Serjali.

Sobre la reserva, en la parte de Cusco, se ubica el Lote 88, desde el año 2000 a cargo del Consorcio Camisea. En su momento, la Defensoría del Pueblo alertó sobre los riesgos de contacto con trabajadores.                              

En 2023, se reportó el ingreso de madereros ilegales a la Reserva Indígena Yavarí Tapiche (RIYT), en Loreto. Este ingreso se dio por la quebrada Punga en la comunidad de Wicungo, distrito de Alto Tapiche, provincia de Requena. 

Otras amenazas a la reserva —la más grande hasta ahora, con poco más de un millón de hectáreas— son la caza y pesca ilegales.

La Reserva Sierra del Divisor Occidental (RSDO), también llamada Kapanawa, ubicada entre Loreto y Ucayali, es la más joven; se creó en 2024, en un contexto de riesgo por la superposición de concesiones forestales. 

En la zona se ha identificado deforestación por tala ilegal y por la apertura de caminos forestales. También se ha registrado el cultivo de coca: nueve hectáreas en el distrito de Maquía (Requena, Loreto).

Al narcotráfico y la extracción de madera se suman otras amenazas a las reservas indígenas como la promoción de áreas gasíferas por parte de la agencia estatal Perupetro.

Una de estas áreas (con proyección a ser un lote extractivo) se superpone a la Reserva Territorial Madre de Dios, en la región del mismo nombre, y otra se sobrepone a la Reserva Murunahua, en Ucayali. 

Las amenazas también vienen de autoridades regionales y del Congreso, por ejemplo, a través de iniciativas que han buscado crear mecanismos para eliminar reservas indígenas. 

Los caminos y carreteras, un reclamo urgente y legítimo en algunas localidades de la selva, también suponen un riesgo para los indígenas aislados. 

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en febrero de 2025 se aprobó el proyecto de transitabilidad vial Boca Manu – Boca Colorado (que es la segunda fase de un cuestionado proyecto que de data de hace más de una década), en Madre de Dios, con una inversión de más de S/120 millones para, supuestamente, beneficiar a poco más de 13 mil personas. 

Sin embargo, el trazado de la obra está próximo a la Reserva Territorial Madre de Dios. Al respecto, el Mincul informó que ha advertido al Goremad, que promueve la vía, sobre los peligros que esta tiene para los aislados. La respuesta de la autoridad regional fue que el trazo iba a ser modificado. 

De otro lado, un proyecto presentado en octubre último y que hoy se encuentra en las comisiones congresales de Energía y Minas, y Economía, plantea promover “el desarrollo responsable y sostenible de la actividad petrolera” en Loreto. 

Esto incluye las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes 67 y 39 que se superponen a la solicitud de Reserva Indígena Napo, Tigre y afluentes, en la frontera con Ecuador. 

Sobre dichos lotes, el proyecto de ley reconoce que desde el 2022 ambos se encuentran en estado de «fuerza mayor» debido a conflictos sociales y la presencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

Aquel año, el Perú reconoció la existencia en la zona de indígenas de los pueblos Aewa, Taushiro, Tagaeri, Taromenane y Záparo. La petrolera multinacional Perenco, con intereses extractivos en el lugar, interpuso una acción de amparo contra el Mincul para evitar la creación de una reserva. 

El 4 de setiembre último era un día clave para la defensa de los pueblos indígenas en aislamiento. Se iba a votar la aprobación del Estudio Adicional de Categorización (EAC) de la propuesta de Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada sobre las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Requena, en Loreto.

Con la aprobación de dicho estudio se declaraba formalmente la creación de la reserva, con una extensión casi del tamaño de la región Moquegua. 

La propuesta había sido presentada hace más de dos décadas por la nacional indígena amazónica Aidesep y su base regional Orpio. 

Sin embargo, la sesión estuvo viciada, según se deduce del acta de la reunión. 

Hasta la Sala Mochica del Ministerio de Cultura, en Lima, llegó el congresista por Loreto y miembro del partido Acción Popular, Juan Carlos Mori Celis, el cual apenas nueve días antes, había presentado un proyecto para modificar la Ley 28736, que protege a los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. 

Su proyecto (archivado por la Comisión de Pueblos en diciembre) buscaba crear mecanismos para entrampar la creación de nuevas reservas indígenas y levantar la intangibilidad de las ya existentes, explicó Aidesep en su momento. Mori Celis ha negado repetidas veces la existencia de los Piaci en Loreto. 

Pese a que la sesión era reservada, el congresista de Acción Popular consiguió imponerse de forma prepotente, lo que fue visto como un acto de presión por parte de algunos asistentes.

Otro hecho alarmante fue que no asistieron los representantes (ni titulares ni alternos) de los ministerios de Salud, Educación y Ambiente. 

En declaraciones recogidas por el medio The Guardian, Jhordan Morales, asesor legal de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, explicó que, debido a una confusión de fechas, él y su alterno se vieron obligados a viajar al interior del Perú y no pudieron asistir a la votación.

Berioska Quispe Estrada, jefa de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente, declaró que “estaba enferma por algo que comí” y presentó un certificado médico como prueba.

Servindi solicitó a las oficinas de prensa de las tres carteras las explicaciones formales sobre por qué sus representantes no asistieron a la sesión; sin embargo, al cierre de este informe no se obtuvieron respuestas. 

Al momento de la votación la balanza se inclinó de la siguiente manera: a favor de la creación de la reserva estuvieron las organizaciones indígenas Aidesep y Conap, las universidades San Marcos y PUCP, y el propio Mincul. 

En contra votaron los ministerios de Agricultura, Defensa, Energía y Minas, e Interior; el Gobierno Regional de Loreto y las municipalidades provinciales de Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Requena. Fueron cinco votos a favor y ocho en contra. 

Para Beatriz Huertas Castillo, antropóloga peruana especializada en pueblos en aislamiento y contacto inicial, la decisión de los miembros de la comisión multisectorial “es nefasta y no tiene justificación”.

“Significa el rechazo de los funcionarios gubernamentales a garantizar los derechos de estos pueblos. Por ende, están atentando contra sus vidas, su subsistencia y continuidad sociocultural, más aún, sabiendo de la existencia de intereses económicos sobre sus territorios y fuentes de vida”, declaró.  

Un hecho más que llamó la atención de algunos presentes fue que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Midagri, presentó un día antes —el 3 de setiembre— un “informe complementario” en relación al Estudio Adicional de Categorización (EAC) de la reserva. 

El informe aseguraba la existencia de “36 concesiones vigentes” ubicadas sobre la propuesta de reserva indigena. Sin embargo, en la misma fecha, la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, del Gobierno Regional de Loreto (Gorel), manejaba otro dato: solo contabilizaba diez concesiones vigentes sobrepuestas.

Según Aidesep, el objetivo del Serfor —al presentar información errónea— habría sido el de “confundir y azuzar a los representantes del Estado en la comisión multisectorial».

Cabe señalar que el propio Serfor, que tiene como director ejecutivo a Desiderio Erasmo Otárola Acevedo, pidió que se postergue la votación del EAC de la reserva a fin de que “los aspectos observados en el presente informe [complementario] sean debidamente evaluados y subsanados”. 

Ante el resultado negativo obtenido en la votación de setiembre, las organizaciones indígenas evalúan presentar un recurso en el ámbito judicial para exigir la protección de los PIA del Yavarí Mirim. 

El Ministerio de Cultura informó por su parte que “se encuentra gestionando el financiamiento para un nuevo estudio [EAC] que permita dar continuidad al proceso de establecimiento de dicha reserva.”

Los pueblos indígenas en contacto inicial (PICI) afrontan amenazas similares a las de sus pares aislados. 

Un caso emblemático es el de la comunidad amahuaca Alto Esperanza del río Inuya, en el sur de Ucayali, conformada por cerca de cincuenta hombres y mujeres —dedicados a la agricultura, caza y pesca— que iniciaron su vínculo con la sociedad mayoritaria a mediados del siglo XX.

La comunidad denunció en 2024 que foráneos se hacían pasar por indígenas para obtener derechos sobre parte de su territorio. Según una versión fiscal, el objetivo de los desconocidos era promover el cambio de uso de suelo para realizar cultivos ilícitos.

El caso motivó una investigación de la Contraloría de la República contra la Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU) por “indicios de irregularidad” en el reconocimiento de una “comunidad” compuesta por gente de otras regiones. 

Los amahuaca, indígenas en contacto inicial, se desplazan dentro y fuera de la Reserva Indígena Murunahua, ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús.

Actualmente, Alto Esperanza del río Inuya —con una demarcación territorial aprobada de 65.150 hectáreas— espera que se formalice la exclusión de tres concesiones forestales superpuestas a la comunidad. 

Estas corresponden a la empresa Nuevo San Martín S.A.C. y cubren casi el 24% del territorio de Alto Esperanza (15.432 hectáreas). 

Con la exclusión, y posteriormente con el redimensionamiento de los bosques de producción permanente, el paso que sigue para la comunidad es su inscripción en Registros Públicos. 

Sin embargo, el peligro está lejos de acabar ahí. Este medio pudo conocer que desconocidos siguen transitando por el territorio de Alto Esperanza. 

Incluso, en diciembre último, una de estas personas ofreció un pago monetario a cambio de que se permitiera el funcionamiento de una pista de aterrizaje clandestina dentro de la comunidad.  

De otro lado, allegados a la comunidad alertan que al no saber leer ni escribir, los habitantes de Alto Esperanza son víctimas de estafa y robo al momento de llevar sus productos a la ciudad de Atalaya. En la comunidad, además, existe una necesidad de capacitación para mejorar la calidad de lo que producen. 

Además de la Yavarí Mirim, existen otras cuatro solicitudes de creación de reservas indígenas. El 12 de diciembre último, la comisión multisectorial Piaci aprobó que se realice el Estudio Previo de Reconocimiento (EPR) de la Reserva Indígena Pupuña, ubicada en Loreto, en el límite con Colombia. 

Votaron a favor los ministerios del Ambiente, Salud, Educación —que esta vez no se ausentaron como ocurrió en la sesión del 4 de setiembre— y Cultura, así como Aidesep y la universidad San Marcos. 

En contra votaron las carteras de Agricultura, Defensa, Energía y Minas, Interior, el Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad Provincial de Putumayo. Debido al empate, el voto dirimente lo tuvo el Mincul.

En el caso de la solicitud de reserva indígena Atacuari (Loreto), su EPR está casi finalizado. El 2024, Devida identificó en dicha área, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, 20 hectáreas de hoja de coca. 

Otra solicitud de reserva es la Tamaya – Abujao, ubicada en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali. Según Devida, el 2024 se observaron 25 hectáreas de coca en la zona.  

En el caso de la propuesta de Reserva Napo, Tigre y afluentes (Loreto) se viene realizando su Estudio Adicional de Categorización (EAC).   

Finalmente, la Reserva Territorial Madre de Dios, creada en 2002 en la región del mismo nombre, lleva una década esperando su ampliación. Esta medida se aprobó en una sesión de la comisión multisectorial Piaci en noviembre de 2016. 

Tras media docena de reuniones aún no se concreta la ampliación a favor del pueblo Mashco Piro. Desde diciembre de 2024 la comisión no se ha vuelto a reunir para tratar el tema.

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Este reportaje se desarrolló en el marco del proyecto “Periodismo y protección de la Amazonía”, con el apoyo de DW Akademie y promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. El contenido de la publicación es responsabilidad de su autor y no necesariamente refleja las opiniones de DW Akademie.

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Fuente: www.servindi.org