Denuncian retrocesos para defender derechos

Organizaciones y movimientos de derechos cuestionaron medidas regresivas que ponen en riesgo vidas de personas defensoras en América Latina. 

A través de un pronunciamiento, exigieron a los Estados de la región garantizar la protección de las personas defensoras, abstenerse de promulgar normas regresivas y detener la criminalización a quienes defienden la vida y la tierra.

Las violencias y amenazas contra personas defensoras “han convertido en prácticas para silenciar las voces que denuncian injusticias, exigen verdad y derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales”, apuntan.

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Estas acciones tienen un efecto específico en mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, garífunas y personas LGTBIQ+.

Además, denunciaron el cierre de espacio públicos para la participación, la promulgación de leyes anti-ONG y otras medidas que permiten la persecución de personas defensoras y limitan la cooperación internacional.

“Defender derechos no es un delito, sino un acto legítimo y esencial para la democracia, la justicia y la dignidad”, remarcaron.

Como resultado del Encuentro por el Derecho a Defender Derechos Humanos en América Latina, el pronunciamiento recuerda que las personas defensoras son un pilar para el fortalecimiento de la sociedad democrática.

De acuerdo a información de Front Line Defenders, Global Witness y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), América Latina es la región más peligrosa para la defensa de derechos. 

257 personas defensoras fueron asesinadas o desaparecidas en 2024, lo que representa el 79,3% de estos crímenes a nivel global. 119 de estos casos en la región están asociados a la defensa del medio ambiente.

Las organizaciones manifiestan su preocupación por los patrones y acciones sistemáticas de criminalización, inmunidad, cooptación institucional, estigmatización y represión a la protesta social.

El pronunciamiento recuerda que los principales responsables de estos actos son agentes estatales, integrantes del crimen organizado, empresas y particulares que actúan en complicidad de autoridades o ante su indiferencia.

El documento cuenta con las firmas de organizaciones y movimientos de México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Así como así como las organizaciones internacionales Front Line Defenders, Swefor (Programa Servicio de Paz), Global Witness, Civil Right Defenders, ANSUR, Misereor, Mundubat, Amnistía Internacional y Protección Internacional Mesoamérica.

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