El pueblo indígena denuncia criminalización tras la investigación penal contra sus líderes acusados de obstruir la labor de la Fiscalía.
Esto luego que la Fiscalía iniciara una investigación penal contra el apu Henry Fasabi y la abogada Cristina Gavancho, acusándolos del presunto delito de “obstrucción del procedimiento”.
Según las organizaciones firmantes, la acusación responde a una denuncia presentada por la jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), que alega deforestación en una zona de amortiguamiento que se superpone con territorio ancestral.
La comunidad nativa habría negado el ingreso de las autoridades fiscales al territorio y solicitó reprogramar la diligencia con participación de sus asesores, por lo cual el Ministerio Público habría formalizado la investigación sin tomar declaraciones.

Los firmantes indican que mientras ellos son investigados, las denuncias que ellos han realizado por deforestación no son tomadas en cuenta ni han motivado acciones fiscales inmediatas.
Lo que consideran es una represalia contra Puerto Franco por exigir respeto a sus derechos. Además, cuestionan si la misma rigurosidad se aplica a otras comunidades de zona de amortiguamiento del PNCAZ, donde viven más de 300.000 personas.
Las organizaciones advierten que criminalizar a quienes protegen sus territorios no solo vulnera sus derechos, sino que debilita la democracia y acrecienta la estigmatización contra defensores ambientales e indígenas.
Finalmente, exigieron al Ministerio Público archivar la investigación contra Fasabi y Gavancho, y demandaron garantías para el respeto de los derechos de la comunidad.
El pronunciamiento aquí: https://www.forestpeoples.org/es/publications-resources/news/article/solidarity-statement-we-reject-acts-of-criminalisation-against-the-indigenous-community-of-puerto-franco-and-its-legal-defence/
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