Criminalizan a líder indígena de selva central
El líder indígena permanece en la clandestinidad debido a la criminalización en su contra
Fabián Antúnez, es investigado tras liderar una protesta que exigía la atención del Estado ante la creciente presencia del narcotráfico.
Como presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), Antúnez, convocó a la manifestación tras el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón Antúnez, que durante muchos años había luchado contra el terrorismo y narcotráfico.
Durante el paro se reportó la desaparición de cuatro personas —José Valdivia Andamayo, Brandom Cruz Rojas, Erick Cabrera Cáceres y Adrián Ramírez Fernández—, quienes, según la Fiscalía, habrían sido retenidas por ronderos durante el bloqueo de la carretera.
El caso pasó a manos del fiscal provincial Rolly Ronald Rivera Medrano, quien en la Disposición de Formalización Nº 09-2023 atribuyó a Fabián Antúnez el papel de autor intelectual de los crímenes, basándose en testimonios protegidos que lo señalaban como quien “dio las órdenes” desde el convento donde se hospedaba.
Sin embargo, esta versión se derrumbó cuando una hermana franciscana, responsable del albergue donde Antúnez dormía durante el paro, declaró que las puertas del recinto no se abrían hasta las 5:30 a.m., lo que descartaba la posibilidad de participara de los hechos materia de investigación.
Ante la falta de pruebas, el Ministerio Público dejó de acusarlo de homicidio directo para imputarle una supuesta “autoría no ejecutiva”, argumentando que, como líder de la protesta, ejercía un “control absoluto” del paro y debía asumir responsabilidad por lo ocurrido.
Esta reformulación trasladó el peso de los hechos del ámbito penal individual al ejercicio del liderazgo indígena, sin demostrar una conexión real entre el dirigente y las desapariciones.
Actualmente, Fabián Antúnez se encuentra en la clandestinidad, su situación refleja un patrón de criminalización de defensores indígenas en la Amazonía peruana, donde el ejercicio del liderazgo y la defensa del territorio se confunden con delitos de orden público.
Al final, las autoridades no atendieron las demandas de seguridad y justicia, pero abrieron una investigación contra el propio Antúnez, convirtiendo al defensor en acusado y desplazando el foco de la atención de los verdaderos responsables de la violencia.
Mientras las familias de los desaparecidos no encuentran justicia. Lo que comenzó como una legítima protesta se convirtió en un expediente que refleja la distancia entre la justicia estatal y la realidad de los pueblos indígenas.
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