Crece criminalización de defensores en Bolivia
Los defensores de la reserva de Tariquía, en Bolivia, denuncian estar bajo amenazas. Foto: cortesía Revista Nómadas
Los defensores señalan que son víctimas de persecución y criminalización por oponerse a actividades extractivas dentro de sus territorios.
Servindi, 6 de agosto de 2025.- Según el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), cada ocho días se reporta un nuevo caso de vulneración de derechos contra defensores ambientales, principalmente en comunidades indígenas y campesinas.
Entre enero y abril de este año se registraron 14 casos, de los cuales el 79 % ocurrieron en territorios de pueblos originarios y nueve dentro de áreas naturales protegidas, señala un informe de Mongabay.
El patrón más frecuente de agresión ha sido la criminalización de líderes comunitarios, acompañada de acoso y división interna promovida por intereses extractivos.
Las zonas más afectadas son aquellas con presencia minera aurífera y donde se expande la frontera hidrocarburífera, como la reserva nacional de Tariquía en Tarija.
Allí, comunidades locales enfrentan denuncias judiciales por oponerse a los proyectos de la estatal petrolera YPFB y Petrobras, pese a haber rechazado el ingreso de estas empresas mediante consultas comunales.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Juan Mendoza, defensor del cantón Chiquiacá, quien junto a otros 11 líderes enfrenta procesos judiciales por presuntamente impedir el trabajo de YPFB.
La situación llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestionó al Estado boliviano por criminalizar la protesta ambiental y no brindar protección a quienes ejercen este derecho.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también expresó su preocupación por el uso de la justicia como herramienta de intimidación a pesar que en julio, Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú, que obliga a proteger a quienes defienden el ambiente
A esta problemática se suman otros casos como el de la comunidad Tres Marías en La Paz, donde defensores enfrentan amenazas y persecución por oponerse a operaciones mineras.
Organizaciones sociales, indígenas y ambientales alertan que el incremento de estos ataques está ligado a una política estatal que prioriza el extractivismo por encima de los derechos colectivos.
Lea el informe en: https://es.mongabay.com/2025/08/bolivia-crece-criminalizacion-defensores-ambientales-empresas-extractivas/
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