Cese del Paro Nacional: apoyo y cuestionamientos al liderazgo de Marlon Vargas dentro de la CONAIE

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) atraviesa un momento de tensiones internas tras el anuncio unilateral de su presidente, Marlon Vargas, de levantar el Paro Nacional 2025, despejar las vías y replegar a las comunidades hacia sus territorios.

La decisión fue presentada como una acción “difícil pero necesaria” para proteger la vida del pueblo indígena ante la represión estatal que dejó tres fallecidos y decenas de heridos. En su mensaje transmitido en vivo, Vargas afirmó que la lucha “no termina”, sino que continuará desde las asambleas territoriales permanentes y con la campaña por el #NoALaConsulta, en defensa de la democracia y los derechos colectivos.

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Sin embargo, el anuncio provocó reacciones divididas. Mientras algunos sectores respaldan el repliegue como una medida táctica frente a la violencia militar, otros acusan al dirigente de haber actuado sin consulta previa a las bases. Organizaciones de Imbabura, Chimborazo, Pastaza y Cañar rechazaron la decisión y exigieron la convocatoria urgente de un Consejo Ampliado para debatir la continuidad del liderazgo. En redes sociales, numerosas voces expresaron su indignación y recordaron los costos humanos de la movilización, reclamando incluso el regreso de Leonidas Iza, expresidente de la CONAIE y referente de la resistencia de 2022.

Desde la Amazonía también surgieron críticas. Un dirigente del Consejo de Organizaciones Indígenas del Norte del Oriente Amazónico (COINOA) declaró a Radio Pichincha que la decisión “debilitó políticamente a las comunidades”, al no haber sido consultada de manera colectiva. Según señaló, “el movimiento necesita reorganizarse desde las bases hasta recuperar su voz legítima”.

Imbabura: entre la reactivación económica y las demandas de justicia

Mientras el movimiento indígena debate su rumbo, el Gobierno anunció una reducción temporal del IVA al 8 % en la provincia de Imbabura, una de las más golpeadas por las protestas. La medida, que estará vigente durante tres meses, busca impulsar la reactivación turística y productiva y compensar las pérdidas sufridas por comerciantes, artesanos y transportistas. Según el Ministerio de Economía, el objetivo es “estimular el consumo interno y brindar un respiro a los emprendedores locales”.

No obstante, desde las comunidades indígenas se considera que la recuperación económica no puede separarse de la justicia y la reparación. La Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI) culminó la “Marcha de la Dignidad” con una rueda de prensa en Otavalo, donde denunció haber enfrentado racismo y discriminación durante las protestas. Los dirigentes exigieron la liberación de los detenidos y justicia por las muertes de Efraín Fuerez y José Guamán, cuyos familiares estuvieron presentes en el acto.

“No somos terroristas, somos dirigentes que estamos acompañando lo que la base decide. Rechazamos esta actitud cuando Otavalo es una ciudad intercultural, donde habitamos más del 65% de población indígena”, expresó una de las lideresas.

Con este panorama, el país enfrenta simultáneamente una crisis social, política y económica, mientras el movimiento indígena busca recomponer su unidad y fortalecer la defensa de los derechos colectivos frente a un Gobierno que, pese a los gestos de alivio económico, aún no responde a las demandas estructurales de los pueblos originarios.

Aquí se puede ver a los familiares de las victimas del Paro Nacional, quienes fueron asesinados por ele ejército nacional del Ecuador.