Informe advierte que el extractivismo minero amenaza territorios indígenas, salud y ambiente en tres estados del sur de Venezuela.
El estudio analiza los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja agravada por la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016, que expandió la frontera extractiva en territorios indígenas.
Este Arco abarca más de 111 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 12,2% del territorio nacional, lo que ha intensificado la presión sobre ecosistemas y comunidades.
Este informe hace un especial énfasis en la situación de salud del pueblo Yanomami, que según el reporte registra cerca de 600 muertes entre 2022 y 2025 por diversas enfermedades asociadas a actividades extractivas.
El colapso del sistema de salud pública para el pueblo Yanomami, ya que desde 2019, la red sanitaria del Alto Orinoco ha pasado de una crisis a un abandono casi total, sin médicos, con cierre de establecimientos y desabastecimiento de insumos para atención básica.
Asimismo, la inoperatividad de programas de control de enfermedades como la malaria y la tuberculosis que están prácticamente paralizados, siendo el único programa activo el de oncocercosis, pero con cobertura limitada.
Así como el impacto de la minería ilegal y la presencia de mineros ilegales brasileños que transmiten enfermedades infecciosas o derraman mercurio en las aguas consumidas por este pueblo indígena poniendo en riesgo su existencia.
Otro factor identificado es el aislamiento geográfico y dificultades de acceso a las comunidades debido a la situación dispersa en la que se encuentran y lo que complica la atención oportuna que determina la vida o muerte del paciente.
Por otro lado, en los tres estados analizados se advierte la paralización de la demarcación de tierras indígenas que ha dejado en situación vulnerabilidad a 30 pueblos, ya que solo el 7,24% de las áreas solicitadas cuenta con títulos otorgados.
Esta situación facilita la invasión de territorios y la expansión de actividades mineras en zonas donde habitan comunidades indígenas. A lo que se suma la presencia de grupos armados que reclutan forzosamente a jóvenes indígenas.
El informe elaborado por la Escuela de Formación Permanente en Derechos Indígenas José María Korta-Ajishama concluye que la situación en la Amazonía venezolana evidencia violaciones sistemáticas de derechos humanos y ambientales que requieren atención urgente de las autoridades.
Lea el informe completo aquí.
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