Ante insuficiencia de mecanismos de protección, defensores indígenas plantean propuestas para articular con los Estados en la lucha contra el crimen organizado. 

Así lo alertaron defensores y defensoras indígenas de ocho países de la región quienes, tras un encuentro en Lima, plantearon medidas para visibilizar el trabajo y demandas indígenas.

“Nosotros estamos asumiendo una labor que le corresponde al Estado. Lo hacemos para que se escuche el clamor de nuestros pueblos y nuestros territorios puedan seguir en equilibrio con la naturaleza”, subrayó el apu Jamer Manihuari.

Manihuari, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), denunció que las autoridades no llegan a intervenir por falta de recursos o limitaciones operativas.

Por su parte, la líder Dina Juc, representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), enfatizó en que muchas veces no se investigan las raíces de las actividades que explotan los territorios, bosques y recursos..

“Hay un crimen organizado bien estructurado, […] incluso existe complicidad desde distintos niveles”, sostuvo la líder indígena de Guatemala.

Ante esta realidad, los liderazgos reunidos también incidieron en la necesidad de articular sistemas de protección indígena con el sistema estatal. 

“Sin una colaboración multilateral entre representantes de los Estados, y sin escuchar las voces de quienes enfrentan en el territorio […], será muy difícil defender los bosques y la vida de millones de personas estará en grave riesgo”, sostuvo Carlos Quispe, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Como recordaron durante el encuentro, los pueblos indígenas han desarrollado sus propios mecanismos de protección, como guardias indígenas, rondas y sistemas de vigilancia territorial.

El III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI) reunió a representantes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.

Como señaló el especialista de DAR, la amenaza no solo se vincula a economías ilícitas, sino también a las estructuras criminales que están detrás.

“El crimen organizado está ganando terreno porque no solo actúa quien dispara, sino también quienes permiten su entrada al territorio y facilitan sus actividades”, señaló Quispe.

De acuerdo al reporte anual de Global Witness de 2025, América Latina es la región más peligrosa para defender el ambiente. La región concentra el 82% de asesinatos a defensores ambientales en el mundo.

Esta situación crítica, que afecta sistemáticamente a los territorios indígenas. Como detalla la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 35 defensores indígenas han sido asesinados en Perú desde 2020.

A su vez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) del Perú ha registrado 590 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019. Ucayali, San Martín y Madre de Dios son las regiones más afectadas.

Como resalta DAR, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos presenta serias amenazas y limitaciones, por enfocarse en la dimensión individual de la amenaza y obviar aspectos estructurales. 

El bajo impacto de las mesas regionales, la falta de los lineamientos de actuación policial para implementar medidas de protección o su débil marco normativo, son algunas de las limitaciones del mecanismo identificadas.

En ese sentido, durante el Encuentro se propuso elevar este Mecanismo a rango ley, establecer competencias claras entre niveles de gobierno y crear obligaciones vinculantes en materia de prevención, protección y acceso a la justicia.

Las demandas y propuestas que se compartieron durante el Encuentro fueron trasladadas a representantes del MINJUSDH y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Las y los representantes indígenas coincidieron en que el principal desafío se encuentra en que los Estados puedan responder a esta crisis regional que pone en riesgo la vida de quienes defienden el territorio.

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