Nueva suspensión en el caso Cadena: organizaciones denuncian una estrategia de persecución y dilación judicial en Guatemala

Por MC

La audiencia de primera declaración del abogado y defensor de derechos humanos Ramón Cadena Rámila, programada nuevamente para este 18 de noviembre, volvió a ser suspendida. Es la tercera vez consecutiva que el proceso se aplaza sin avances, pese a que la ley guatemalteca establece que esta diligencia debe realizarse dentro de las primeras 72 horas tras la detención. Con ello, la situación del jurista entra de lleno en lo que organizaciones nacionales e internacionales califican como una práctica sistemática de dilación judicial orientada a ejercer presión e inseguridad sobre personas criminalizadas por motivos políticos.

Durante la jornada, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) realizó su tercera manifestación en apoyo al jurista. Su dirigente, Byron González, denunció: “En un retardo malicioso del juez Cruz, nos han tenido en un ir y venir”.

Cadena se encuentra detenido desde el 10 de noviembre, cuando se presentó de manera voluntaria ante el Juzgado Décimo Penal para garantizar su derecho al debido proceso en el caso de criminalización contra estudiantes, personal académico, defensores de derechos humanos y abogados vinculados a la defensa de la autonomía universitaria de la USAC. A pesar de su disposición a presentarse, el juez Víctor Cruz ordenó su detención inmediata y el traslado a la cárcel de Mariscal Zavala.

Tras la suspensión del 18 de noviembre, Cadena señaló que el retraso responde a que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio, no se presentó. Para el abogado, esto forma parte de “un retraso voluntario que ha llevado el juez”, recordando que desde enero está intentando llegar a la primera audiencia. Reconoció que incluso sus declaraciones públicas pueden afectarlo, pero insistió en que permanecer callado “solo beneficia un sistema que está negando el acceso a un juez”.

El defensor denunció que estas prácticas no solo lo afectan a él, sino a toda la población sometida a procesos judiciales. “Así como mataban en los 80, lo que quieren ahora es matar civilmente a la persona”, dijo, comparando el ambiente “hostil” del Organismo Judicial con dinámicas del Conflicto Armado Interno.

Cadena enfrenta los delitos de sedición, usurpación agravada, asociación ilícita y destrucción del patrimonio cultural, en el marco del caso relacionado con la ocupación pacífica de la USAC entre 2022 y 2023. Desde noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público giró 27 órdenes de captura y 31 allanamientos, defensores, académicos y estudiantes han denunciado un patrón de criminalización que utiliza el derecho penal para castigar la protesta y la defensa de la autonomía universitaria.

Cadena, de 70 años, es un referente regional: fue director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica por más de una década y cuenta con medidas otorgadas por la CIDH, debido al riesgo que enfrenta por su trabajo en la defensa de comunidades indígenas, campesinas y movimientos sociales.

Reacciones internacionales: “graves violaciones al debido proceso”

La nueva suspensión profundizó la preocupación internacional. Organizaciones como Lawyers for Lawyers, la International Commission of Jurists (ICJ), la World Organisation Against Torture (OMCT) y el Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos señalaron que el caso presenta graves violaciones al debido proceso, incluida la repetida postergación de la audiencia, la negativa del juez a recibir al acusado cuando se presentó voluntariamente, y el uso de imputaciones desproporcionadas.

Ocho entidades españolas también calificaron la actuación de los jueces de instrucción como “arbitraria y espuria”, orientada a generar presión e inseguridad jurídica.

La audiencia de Cadena debió realizarse originalmente el 9 de julio de 2025, pero fue suspendida por los sismos ocurridos en Guatemala. Luego fue reprogramada para el 23 de octubre, fecha en la que volvió a ser cancelada sin explicación. El 14 de noviembre, ya bajo detención, tampoco se realizó por la ausencia del Ministerio Público. Y este 18 de noviembre, otra vez, la diligencia quedó suspendida.

Con ello, la defensa denuncia que ya se configura una práctica clara de dilación que viola su derecho a ser juzgado en un plazo razonable y que forma parte de un patrón más amplio de persecución política en Guatemala.

Fuente: Prensa Comunitaria, TeleSur