Movimiento social, ambientalistas y la Iglesia Católica cierran filas contra la minería en El Salvador 

Por Iván Escobar (Texto y fotografías)

Diversas expresiones del movimiento social y ambientalista salvadoreño, así como la más alta representación regional de la iglesia católica, universidades y comunidades en general rechazaron en las últimas horas las intenciones del gobierno de El Salvador querer derogar la Ley contra la minería metálica, y dar paso a la explotación minera en el territorio.

Anoche, el presidente Nayib Bukele, durante la inauguración de una obra vial en la zona oriental del país, se vio obligado a hablar del tema, justificando una vez más su mensaje dado a conocer la semana pasada donde reveló en redes sociales, que “aprovechar esta riqueza podría transformar El Salvador”, en referencia a la minería que por ahora está prohibida desde 2017, cuando se aprobó una Ley que protege el principal recurso de vida, el agua.

Nayib cuestionó que El Salvador sea hoy el único país en oponerse a la minería, una vía que el actual gobierno salvadoreño está considerando para alcanzar un desarrollo, según palabras del mandatario.

“…Yo entiendo que nos falte desarrollarnos como país, lo que no entiendo es que no quieran hacerlo”, cuestionó el presidente Bukele la noche de este domingo 1 de diciembre ante un grupo de seguidores y trabajadores estatales que solo escucharon el mensaje y medios de comunicación, comparando al país centroamericano con Israel y Suiza, países que según él, son hoy grandes potencias económicas gracias a que un día optaron por la minería, y aquí muchos no quieren que eso le pase a los salvadoreños, aseguró.

La semana pasada Bukele, que fue reelecto inconstitucionalmente en junio de este año, según la oposición, estaría poniendo en riesgo al país, sobre todo los recursos naturales, fuentes de vida, al abrir la puerta a la minería. En las últimas horas, Bukele, aseguró que no solo la minería metálica es una opción, sino que hay diversos tipos de minería, y métodos modernos que garantizarían bienestar a la población.

“…Las huellas de las minas es menos del 1% del territorio, no es que a la par de mi casa va haber una mina…nadie se va a enojar por vivir a la par de la mina porque le van a estar queriendo comprar la casa y va poder comprar 10 casas de ese dinero”, aseveró, en alusión a que el territorio está propenso a ser adquirido por nuevos propietarios, algo que por más de 10 años de lucha y resistencia han venido afirmando las comunidades que resisten en Cabañas, (zona paracentral del país), contra las transnacionales han intentado instalarse.

Bukele insistió anoche que “…los más beneficiados (con la minería) son los que viven a la par de los posibles futuros proyectos mineros…los que no, nos vamos a beneficiar somos los que no vivimos ahí…nos vamos a beneficiar por la economía” insistió, y afirmó que la cantidad potencial de oro en el territorio equivale a 3 billones de dólares, es decir, un 8 mil por ciento del PIB nacional.

También afirmó que se puede explotar todo tipo de minerales, afirmando que el territorio los posee y que está listo para una explotación de recursos, aunque los impactos se darán, insiste en que vale la pena el beneficio de un mejor país.

Los rechazos

El pasado viernes 29 de noviembre, los Obispos de Centroamericana emitieron un pronunciamiento en el cual rechazaron la minería metálica para el territorio salvadoreños, consideran que las autoridades gubernamentales valoren la vida sobre el interés económico, a este rechazo se sumó este domingo 1 de diciembre, el Arzobispado de San Salvador, a través de Mons. José Luis Escobar Alas.

“Como iglesia, reafirmamos nuestro compromiso con el cuido de la Casa Común, tal y como lo expresa el Papa Francisco en Laudato Si”, dice el comunicado emitido este fin de semana, y en el cual señalan que “reconocemos el deterioro ambiental y la explotación minera en nuestra región están afectando gravemente a nuestros pueblos y a la creación de Dios”.

“…Que no se permita la explotación minera, ya que es necesario priorizar la vida humana y el medio ambiente sobre los intereses económicos que perpetúan el daño social y ecológico”, dice el mensaje de los Obispos centroamericanos.

La iglesia católica salvadoreña recuerda que la aprobación en el Congreso de la Ley contra la minería metálica, en 2017, “fue una victoria del pueblo y no de partidos políticos o de ideologías…esperamos que nuestras autoridades recapaciten y no deroguen la Ley que prohíbe la minería, protegiendo la salud y la vida de nuestro pueblo”.

Diversas organizaciones dicen: NO a la minería en El Salvador

El fin de semana, distintas organizaciones sociales y ambientalistas realizaron un acto ecuménico y cultural por la libertad definitiva de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES, en Cabañas, desde donde unificaron sus voces y pidieron al gobierno no permitir la minería metálica.

Lamentan que se criminalice la lucha de los activistas de esta localidad, y que a pesar de que en octubre pasado fueron exonerados por un juzgado y puestos en libertad los ambientalistas de Santa Marta, se reactivó el proceso de forma arbitraria y coincidiendo con el anuncio del mandatario de querer dar paso a la minería en el territorio, cuando estos cinco ambientalistas han sido críticos junto a su comunidad contra todo intento de este tipo.

CACTI pide reflexionar y no permitir la minería metálica

 El Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), pidió a las autoridades reflexionar y no permitir la minería. En un pronunciamiento dado a conocer señalan que “los pueblos originarios hemos habitado estas tierras mucho antes de la conformación del Estado salvadoreño. Los recursos naturales, incluyendo el oro, son bienes primigenios de nuestras comunidades. Estos recursos no deben ser tratados como bienes exclusivos del gobierno ni como herramientas de negociación con empresas extranjeras”.

Y añaden que “la extracción de oro en nuestros territorios, sin un diálogo ni consulta previa, constituye una violación de nuestros derechos ancestrales reconocidos por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Además aclaran que El Salvador no es el único en prohibir la minería, como se ha dicho, ya que hay prohibición total o temporales en países como: Costa Rica desde 2010, Filipinas, Tanzania y Ecuador, este último donde se tienen disposiciones temporales de prohibición, mencionaron.

El CACTI es la máxima representación de las poblaciones indígenas en el país, nació el 2022 como gobierno ancestral, y vela por los derechos de las poblaciones originarias en El Salvador, por lo tanto, precisan que “ninguna empresa debería extraer oro para exportarlo fuera del país. Este recurso debe ser tratado como un bien nacional, con estricta regulación y supervisión por parte de las comunidades y del gobierno”, comentaron.

Por su parte, el consejero ancestral Alex Tepas, explicó que desde “la perspectiva náhua nos ofrece una lección urgente: lo que llamamos riqueza no debe destruir aquello que realmente sustenta la vida. En lugar de perseguir tiukwitat (oro) como si fuera lo más valioso, deberíamos honrar aquello que permite nuestra existencia: los alimentos, el agua limpia y la armonía con la naturaleza”.

“La sabiduría de los pueblos originarios nos recuerda que la vida es el verdadero tesoro y que cualquier riqueza material, incluso el oro, pierde su valor cuando no hay comida para compartir, agua para beber o naturaleza para disfrutar”, precisa Tepas, en su escrito: “Tiukwitat: la caca de los dioses y la avaricia humana”.

Mientras que diferentes expresiones del movimiento social ambiental salvadoreño “insistimos en que el medio ambiente ya se encuentra en crisis por los problemas existentes, agregar una nueva fuente de contaminación química podría ser el detonador final para convertir al país en un lugar imposible de recuperar ecológicamente e imposible de habitar”, concluyeron representantes de diversas organizaciones que este lunes brindaron un conferencia en la cual reiteran su llamado a no permitir la minería en El Salvador.