Marco Rubio y “narcoterrorismo”: Lo que se viene desde el Departamento de Estado

La política intervencionista estadounidense en América Latina tenía hasta hace pocos años una estrategia institucionalizada. Hoy, esa estrategia, reinventada y fortalecida, tiene nuevos planes.

En América Latina, uno de los puntos centrales de debate para contrastar a los demócratas y a los republicanos estadunidenses, en el marco de la pasada carrera electoral, fue la política exterior del país del norte. Que hay cosas que no van a cambiar, es un hecho. Y que hay novedades sobre las que hay poner focos, también debiera serlo. ¿Por qué se escucha la palabra “narcoterrorismo” tan frecuentemente en las alocuciones del ya anunciado futuro secretario de Estado, Marco Rubio?

El ahora electo Donald Trump recibía incluso loas por no haber iniciado ni una sola guerra durante su gestión presidencial anterior. De hecho, en campaña, Trump declaró que podía acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, literalmente. Al respecto no se conoce ninguna propuesta oficial pero algunas filtraciones y otros análisis políticos deducen que Estados Unidos estaría dispuesto, por ejemplo, a frenar el ingreso de Ucrania a la OTAN.

Los republicanos asumirán el gobierno en breve, con Marco Rubio liderando la política exterior de ese país y encabezando la línea de sucesión presidencial de los Estados Unidos entre los secretarios del gabinete. Antes de irse, la administración de Biden dejó algunos cerrojos ajustados, tan es el caso de la aprobación a Ucrania del uso de misiles de largo alcance, con lo cual el mundo, lamentablemente, se ve más cerca una guerra nuclear. Entre otros temas de relevancia en materia de política exterior, el actual Gobierno se va con el veto en la ONU a la resolución de cese al fuego en Gaza, el cabildeo contra el embargo a la venta de armas a Israel y la actuación contra la orden de captura a Netanyahu.

Al menos en lo que refiere a la guerra en Ucrania, pareciera que existe una discordia entre lo operado hasta ahora y los deseos de la futura administración republicana. Pero lo anterior no se traduce en una postura antibelicista de los republicanos, ni mucho menos. Hay cosas que no van a cambiar en la política exterior estadounidense mientras se sostenga el bipartidismo que impera, que reduce a las fuerzas progresistas y de izquierda a acomodarse en los rincones del partido Demócrata. Pero hay otras cosas que sí están cambiando, tristemente no para bien. Aquí es donde sale de los cajones archivados de la década de los 80 el término “narcoterrorismo”, puesto en escena tiempo después en el contexto del denominado Plan Colombia.

Latinoamérica, asumida para el establishment como el patio trasero de Estados Unidos, desde hace 200 años en el marco de la Doctrina Monroe, no ha dejado de ser un territorio de máximo interés para el país del norte. En términos resumidos, la reserva de recursos naturales y biodiversidad que significa el subcontinente para el mundo se traduce en un punto de interés para los Estado Unidos de América. Por supuesto no se trata de un interés de conservación solidario ni noble, se trata de un interés geopolítico capitalista, vinculado al control de precios internacionales, de divisas y, por supuesto, de recursos naturales.

Lo han venido manejando con éxito, sobre todo antes de la llegada de los denominados gobiernos del “eje del mal”. Hasta hace más o menos 20 años la CIA y la DEA ejecutaban en Latinoamérica los planes de intervencionismo estadunidense, cual si se tratara de su propia casa. Pero, justamente, hace dos décadas el prestigio de estas dos instituciones se vio mermado, tanto en Estados Unidos como en el continente. Casos de corrupción, violencia política evidenciada, vínculos con el narcotráfico y, en general, torpeza por parte de sus oficiales y sus agentes, han hecho que el país de las barras y las estrellas replantee su forma de relacionarse con Latinoamérica.

La estrategia de intervencionismo en Latinoamérica por la que está apostando Estados Unidos, ya desde el gobierno de Biden, tiene como punto central de desplazamiento al narcoterrorismo y su ejecución está directamente en manos del Departamento de Estado y el Comando Sur

El Senador Marco Rubio, futuro secretario de Estado, escribió una columna de opinión en enero de este año titulada EE. UU. debe apoyar a Ecuador contra el narcoterrorismo. En el texto, Rubio se pregunta “¿Cuál debería ser el rol de EE. UU. ante la crisis que afronta Ecuador? Primero, debemos apoyar al presidente Noboa y a su administración”. Continúa líneas después con una propuesta mucho más concreta: “deberíamos considerar trabajar con Ecuador para actualizar los delitos que califican para la extradición de criminales hacia EE. UU.” Concluye su columna afirmando que “En resumen, el presidente Noboa y el pueblo ecuatoriano necesitan toda la ayuda que puedan obtener, y para EE. UU. estaría mal no apoyarlos. Si no actuamos rápidamente, podemos perder a un amigo y aliado clave en nuestro propio hemisferio.”

La estrategia de intervencionismo en Latinoamérica por la que está apostando Estados Unidos, ya desde el gobierno de Biden, tiene como punto central de desplazamiento al narcoterrorismo y su ejecución está directamente en manos del Departamento de Estado y el Comando Sur. Básicamente, se trata de nuevos acuerdos bilaterales, en los que el país del norte, dadivoso, acude a salvar a los países de la inseguridad. Su objetivo es el control de la región y el combate al avance de Rusia y China; el vehículo es la “cooperación” en materia de seguridad. Ésta se ejecuta en lo blando a través de financiamiento, entrenamiento, equipo y facilitación de información. Pero, por supuesto, la dimensión rígida de estos acuerdos está en las operaciones militares y en la actuación del personal del ejército estadounidense en territorios latinoamericanos.

Decía Rubio en su columna: “La Administración Biden desafortunadamente no le presta atención a nuestra región, incluso a los países que son socios capaces y confiables. Este vacío, por parte del gobierno Biden, crea vulnerabilidades que son aprovechadas por adversarios como Venezuela, China y los cárteles de la droga”. Ecuador tiene al menos tres instrumentos de cooperación y asistencia que le permiten al Comando Sur operar en su territorio, con privilegios, excensiones e inmunidades. De otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue acusado en 2020 formalmente por la fiscalía estadounidense bajo el delito de narcoterrorismo, iniciativa muy empujada por Marco Rubio. Y aunque no es el último país para mencionar, por supuesto que la Argentina de Milei viene siendo uno de los lugares más amables con la estrategia de “cooperación” en seguridad que está planteando Estados Unidos en esta nueva era, post impopularidad de la DEA, de la CIA y de las bases militares extranjeras.

Está claro que los planteamientos para Latinoamérica de Marco Rubio no están para nada alejados de la operación que viene comandando Laura Richardson. Y aunque Rubio haya sido muy crítico con la Administración Biden en temas internacionales, lo próximos años pretenderá refrendar y, seguramente, profundizar lo que los demócratas articularon en lo referido al nuevo intervencionismo en América Latina, ahora con la “cooperación” en materia de seguridad como el centro de las acciones.

Fuente: Radio RED