Por Redacción

El dirigente social y abogado Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y una de las voces más críticas frente a la alianza política entre sectores liberales y estructuras empresariales de poder, difundió esta semana en su canal un extenso relato-denuncia en el que expone la vinculación entre el empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado, redes del narcotráfico internacional y figuras políticas de peso en América Latina.

En su exposición, Grabois reconstruye con precisión la red de negocios ilícitos que une a Guatemala y la Argentina a través de operaciones de minería ilegal, lavado de activos y connivencia estatal, señalando que este entramado no solo involucra a empresarios y financistas, sino también a dirigentes políticos, funcionarios y candidatos de relevancia nacional.

La figura de Fred (Federico Andrés) Machado, empresario argentino, concentra uno de los entramados más complejos de vínculos entre minería ilegal, narcotráfico y poder político en América Latina. Su historia revela un modelo criminal transnacional que combina la extracción ilegal de minerales, el lavado de dinero y la protección institucional al más alto nivel.

Machado, conocido en la región por sus múltiples empresas mineras, aeronáuticas y financieras, operó durante años en Guatemala, donde estableció una red empresarial que le permitió extraer oro ilegalmente bajo la fachada de emprendimientos autorizados. En el país centroamericano, sus negocios lo vincularon directamente con las más altas esferas del poder político, particularmente con los expresidentes Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024).

La mina de Chiquimula: un epicentro de saqueo y lavado contó la protección de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei

El caso más emblemático de las operaciones de Fred Machado en Guatemala es el de la mina El Pato, ubicada en el departamento de Chiquimula, en el oriente del país. De acuerdo con el diputado guatemalteco Carlos Barreda, en 2021 se descubrió que Machado explotaba oro ilegalmente, sin los permisos requeridos por el Ministerio de Energía y Minas.

En un video que grabo esta semana uno de los referentes más importantes de Argentina, Juan Grabois relató que el empresario extraía el oro de manera clandestina y lo trasladaba a otra mina, denominada “Unidos del Pueblo”, situada en el departamento de Alta Verapaz, donde sí tenía una licencia, aunque únicamente para explotar hierro y níquel. Esta maniobra le permitía blanquear el origen del mineral, registrando como producción legal lo que en realidad era oro robado del subsuelo guatemalteco.

En el video que subio Juan Grabois un legislador de apellido Barreda de Guatemala explicó que se llegó a interceptar camiones cargados de oro ilegal, y que la mina de Alta Verapaz no registraba exportaciones oficiales, a pesar de contar con una pista de aterrizaje privada, lo que hacía presumir que el oro se sacaba del país mediante avionetas.

“Había un esquema de robo y saqueo del oro en Guatemala, pero además no se reportaban exportaciones. La mina tenía pista de aterrizaje y presumiblemente sacaban el oro de manera ilegal. Era una red con empresas de cartón que lavaban dinero del narcotráfico”, declaró el diputado Barreda ante la prensa.

Según el mismo legislador, Machado estaba vinculado con un avión que cayó en 2019 cargado con drogas, hecho que confirmó la relación entre sus actividades mineras y el narcotráfico regional.

Durante las investigaciones parlamentarias, Barreda reveló un hecho particularmente grave: Fred Machado se jactaba abiertamente de haber financiado las campañas presidenciales de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, y de haberles prestado sus aviones y helicópteros para sus traslados durante la contienda electoral.

En palabras del diputado: “En una ocasión llegó a mi oficina para intimidarme. Me dijo que él había financiado a varios presidentes de Guatemala y que les había prestado sus aviones y helicópteros para movilizarse en la campaña. Gozaba de conexiones que le permitieron montar esquemas de lavado con empresas ficticias.”

Estas declaraciones colocan a Machado en el corazón de un sistema de protección política e impunidad, que le habría permitido operar sin obstáculos durante años. Su cercanía con los expresidentes Morales y Giammattei —ambos señalados en múltiples denuncias por corrupción y encubrimiento— fue clave para mantener las investigaciones judiciales bajo control o directamente archivadas.

Tras la orden de extradición emitida por Estados Unidos en su contra, por cargos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, Fred Machado huyó de Guatemala y se refugió en la Argentina.

Pese a la gravedad de las denuncias, las investigaciones en Guatemala quedaron archivadas, producto de lo que Barreda describe como la red de poder político, empresarial y judicial que protege a Machado: “En Guatemala se siguen las investigaciones, sin embargo, están archivadas por las conexiones que el señor Fred Machado mantiene con gente muy poderosa. Él sigue teniendo protección. Esas redes lograron detener las causas.”

El testimonio del diputado coincide con el patrón observado en otros países: cuando la justicia comienza a acercarse, Machado migra y reproduce el mismo esquema en un nuevo territorio, valiéndose de socios locales, testaferros y abogados vinculados al poder político.

En Argentina, Machado reaparece con el mismo modus operandi que había desarrollado en Centroamérica. A través de empresas mineras, de transporte y de fachada ambiental, como Ecofriendly S.A. y Transportes El Nacional, continuó moviendo dinero y recursos presuntamente vinculados al narcotráfico.

Su principal testaferro en el país, Claudio Sicarelli, figura con más de 284 permisos mineros en la provincia de Río Negro, sobre 16.000 hectáreas de tierras fiscales, un número desproporcionado incluso para grandes corporaciones. Estas concesiones se concentran en zonas clave para la explotación de arena silícea, insumo esencial del fracking en Vaca Muerta, lo que confirma la dimensión económica de la red.

Del mismo modo, la empresa Transportes El Nacional, relacionada con el entorno de Machado, fue dueña del avión interceptado con 350 kilos de cocaína en Entre Ríos, reforzando el vínculo entre minería, narcotráfico y transporte aéreo, idéntico al esquema de Chiquimula.

El diputado Barreda sostiene que este caso no es solo un ejemplo de corrupción, sino una alerta sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado. En sus palabras, “lo que sucedió en Guatemala podría repetirse en cualquier país donde el poder económico se combine con el silencio político”.

Barreda concluye que el caso de Fred Machado ilustra cómo las redes criminales trascienden fronteras, y cómo la minería ilegal y el lavado de dinero se convierten en vehículos para sostener proyectos políticos corruptos, amparados en la impunidad de funcionarios, jueces y empresarios.

“Machado representa un modelo. Un modelo donde el crimen organizado se disfraza de empresario, se asocia con el poder político y usa el oro, los minerales o el petróleo como instrumentos de dominación. No se trata solo de un delincuente; se trata de un sistema”, sentenció el diputado.

El itinerario de Fred Machado —de Guatemala a Argentina— muestra la persistencia de un patrón criminal transnacional que combina minería, narcotráfico, lavado de activos y cooptación política. Las conexiones con los expresidentes Morales y Giammattei explican la impunidad y el archivo de las investigaciones en Guatemala, mientras que su desembarco en la Patagonia argentina exhibe la continuidad del negocio bajo nuevas máscaras.

En definitiva, el caso revela cómo las estructuras narcopolíticas latinoamericanas se sostienen no solo por el dinero y la violencia, sino también por la complicidad institucional y la desmemoria judicial, que permiten que las minas sigan abiertas y las causas, cerradas.

Aquí el programa completo:

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