Confederación de la sierra ecuatoriana denuncia criminalización sistemática contra defensores del territorio y derechos humanos.
Según Ecuarurani la persecución contra luchadores sociales se intensifica en el país con procesos de investigación a más de 100 defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza criminalizados durante el paro nacional de 2025.
A lo que se suma investigaciones penales contra cuatro exdirigentes de la provincia de Tungurahua por su participación en el levantamiento indígena y popular de 2022, proceso que reabre episodios de judicialización vinculados a las protestas sociales de ese período.
“Estos hechos forman parte de una política estructural de criminalización, que no solo se activa durante las movilizaciones populares, sino que también opera como una estrategia para debilitar, intimidar y contener las formas de organización y resistencia que emergen desde los territorios indígenas y campesinos del país” expresaron a través de un comunicado.

El documento, cita episodios de criminalización con en Las Navez donde comuneros fueron acusados y procesados por el presunto delito de terrorismo al resistirse a la actividad minera en Las Pampas, Palo Quemado, Cangrejos y otros.
Ecuarunari dijo que esta práctica sistemática del gobierno intenta acallar la resistencia de la población indígena y campesina, y reafirmaron su respaldo y solidaridad con las personas criminalizadas.
“Como estructura regional del movimiento indígena en la región andina señalamos nuestra predisposición a impulsar la defensa de los criminalizados y velar por una verdadera justicia al margen de las presiones desde el poder” resaltaron.
Ecuarurani llama a las organizaciones sociales, colectivos ambientales, movimientos campesinos, frentes urbanos y barriales, a todos los sectores organizados y a la ciudadanía en general a unirse para enfrentar esta persecución política que busca intimidar.
Advierten que el propósito de estas prácticas es encarcelar a las voces que se oponen a los planes económicos impulsados por el gobierno de Daniel Noboa, una agenda que genera impactos negativos en el territorio indígena y campesino.
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