Organizaciones exigen anular exploración petrolera que representa grave riesgo ambiental e ignora a comunidades.

Ante la Justicia Federal de Pará, solicitaron la cancelación de la licencia del Bloque FZA-M-59 (dentro de la mencionada cuenca) y la inmediata suspensión de las actividades de perforación que desarrolla Petrobras en la zona. 

Como señaló Toya Manchineri, coordinadora general de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la licencia otorgada no ha sido consultada con las comunidades de la zona.

“Autorizar la exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas sin consulta es otro acto de violación y falta de respeto a los pueblos indígenas, quienes pagan por las acciones del Estado y el sector privado”, sostuvo Manchineri.

“El proceso de concesión de licencias ignoró la advertencia de la Funai sobre la necesidad de realizar el Estudio del Componente Indígena”, recordó Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

Como se recuerda, el último 20 de octubre, el gobierno de Brasil, a través del Ibama, otorgó la licencia del bloque FZA-M-59, una decisión calificada como desastrosa desde el punto de vista ambiental y social.

A pesar de las observaciones del mismo Ibama y el Ministerio Público Federal, la licencia se otorga tras cuatro años de presión por parte de Petrobras y el Ministerio de Energía y Minas.

Ubicada dentro del Margen Ecuatorial (un área marítima frente a la costa norte de Brasil que albergaría altas cantidades de petróleo), el Foz do Amazonas es una cuenca marina a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas que alberga una inmensa biodiversidad.

Como señalan las organizaciones, la exploración del bloque petrolero FZA-M-59 abriría las puertas a otros ocho bloques en la cuenca de Foz do Amazonas y representaría un alarmante retroceso ambiental.

De igual forma, el área del proyecto abarca tierras indígenas y quilombolas, colonias pesqueras, reservas extractivas, zonas de pesca artesanal, acueductos, Unidades de Conservación y rutas de navegación.

“La actuación del gobierno federal a través de Ibama, al otorgar el permiso, viola todos los derechos de las comunidades quilombolas de Amapá y de Brasil”, sostuvo Núbia Cristina, coordinadora ejecutiva de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Rurales Negras Quilombolas (Conaq).

Demanda 

La demanda interpuesta está dirigida hacia el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), Petrobras y el Gobierno. 

Como apunta la acción legal, la licencia de explotación no consultó a los pueblos indígenas, quilombolas o comunidades tradicionales afectadas por el proyecto extractivo ni los tomó en cuenta para la realización de estudios.

Asimismo, resalta que el proceso de licenciamiento presenta graves fallas que ponen en riesgo la biodiversidad.

El estudio descriptivo de las consecuencias en caso de accidentes y el plan de emergencia de contención de derrames de Petrobras no considera las características de la geografía de la zona y utilizó datos obsoletos.

Este estudio, además, muestra que el 20% del petróleo derramado se hundiría y alcanzaría potencialmente el Gran Sistema Arrecifal Amazónico, un ecosistema rico en biodiversidad, que sirve como criadero de especies que sostienen la vida y economía de la zona.

La concesión de licencias no tomó en cuenta los impactos climáticos del proyecto petrolero y su aporte al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil y a nivel mundial, señalan las organizaciones. 

La demanda fue interpuesta por la APIB, COIAB, Conaq, la Comisión Nacional para el Fortalecimiento de las Reservas Extractivas y de los Pueblos Extractivistas Costeros y Marinos (Confrem), el Instituto Arayara, el Observatorio del Clima, Greenpeace Brasil y WWF-Brasil.

Con información del Observatório do Clima

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