El Ministerio Público retomó el caso que involucra a más de 3700 víctimas del programa de esterilizaciones ejecutado durante el régimen fujimorista.
El caso fue declarado nulo por una sentencia de la Corte Suprema, que ordenó retrotraer lo actuado por lo que ahora la investigación quedará exclusivamente a cargo del Ministerio Público.
Se trata de un proceso emblemático con 3712 víctimas reconocidas por los delitos de lesiones seguidas de muerte y lesiones graves, aunque se prevé que el número aumente porque varias mujeres no fueron consideradas en el expediente inicial.
La disposición fiscal acumula dos carpetas fiscales y comprende a 49 investigados, entre exministros, funcionarios, médicos y enfermeras del Ministerio de Salud del gobierno de Fujimori.
Según la Fiscalía, las esterilizaciones forzadas ocurrieron en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos, lo que afecta derechos fundamentales, y por ello no pueden ser sometidas a prescripción ni a figuras que extingan la responsabilidad penal.
Las víctimas provienen de al menos 20 departamentos del país, con mayor concentración en Cusco (1365 personas), Áncash (968), Piura (352), Lima provincias (258) y Ayacucho (191.
El proceso enfrenta diversas dificultades, como la notificación a más de 3800 personas que viven en zonas alejadas, las barreras idiomáticas y tecnológicas, y la falta de abogados para la mayoría de víctimas, ya que el IDL solo asume la defensa de 14 casos.
Después de más de 25 años las víctimas de las esterilizaciones forzadas continúan exigiendo memoria, verdad y justicia para que se sancione a los responsables y se reconozca el daño causado.
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