Perú – Proyectos de ley contra los territorios amazónicos

Congresistas promueven preocupantes modificaciones en legislación ambiental y abrirían paso a legalizar la deforestación y desconocer derechos. 

Los proyectos plantean nuevas modificaciones a Ley Forestal y de Fauna Silvestre, otorgan más beneficios al sector privado para el aprovechamiento de los recursos forestales y representan amenazas directas a la vida de pueblos en aislamiento.

Estas iniciativas legislativas han sido presentadas por parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), Perú Libre, Somos Perú, Bancada Socialista y Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo-Bloque Magisterial.

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Una de estas iniciativas, conocida como la nueva ‘Ley Antiforestal’, es impulsada por la congresista fujimorista Jeny Morales, quien registra reuniones con ejecutivos de Ocho Sur, representantes agrarios y líderes menonitas, expone el medio. 

Presentado en septiembre de este año, el proyecto de ley N°09653/2024-CR legalizaría la deforestación mediante la otorgación de títulos de propiedad y permisos para actividades económicas en zonas que ya han sido deforestadas.

Como resaltan especialistas entrevistados por Ojo Público, esta iniciativa promueve la destrucción de la Amazonía y se aprovecha de un discurso de polarización entre campesinos y quienes defienden el bosque.

El proyecto, que favorecería a monocultivos que se desarrollan en la Amazonía (como en el caso de la industria de la palma aceitera), ha sido respaldado por diversas bancadas.

Asimismo, la propuesta promovería la creación de dos nuevas áreas de zonificación: la Zona Forestal y de Protección Amazónica (ZFPA) y la Zona Agropecuaria Amazónica (ZAA).

En esta última área se otorgarían títulos agrarios en territorios que, a pesar de encontrarse bajo régimen forestal, han sido deforestados antes del 31 de diciembre de 2024.

A través de esta privatización, señalan especialistas para el reportaje, se termina legalizando una actividad ilegal y se abre un escenario de impunidad.

Además, el proyecto es señalado como inconstitucional y no ha pasado por un proceso de consulta previa.

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