Organizaciones invocan a fortalecer control ambiental ante retrocesos normativos y amenazas a la vida de personas y a la conservación de ecosistemas.

Así lo resalta el balance anual del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), donde se insta al Estado a fortalecer el control ambiental, frenar normas contraproducentes y promover una minería ordenada, trazable y libre de mercurio.

Esta minería, resaltan las organizaciones que integran el OMI, debe respetar el ambiente, los derechos humanos y los territorios. Además, llaman a elaborar una ley MAPE acorde a la realidad peruana, donde se incluya la participación de todos los actores relacionados. 

El persistente crecimiento de la minería ilegal, especialmente en la Amazonía peruana, viene impactando en ríos, áreas naturales protegidas, concesiones y territorios de pueblos indígenas; expandiéndose hacia zonas fronterizas.

Actualmente, la minería ilegal de oro está presente en nueve regiones del Perú, afectando a 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas, como revelan reportes de Conservación Amazónica (ACCA).

Asimismo, la deforestación acumulada por minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía ha alcanzado 139 mil 169 hectáreas hasta mediados de julio, siendo Madre de Dios (97.5% del total) la región más afectada, seguida por Huánuco y Loreto. 

En esta última región, se registraron 688 dragas operando, con una actividad intensificada en cuencas como el Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre. 

Mientras que en Huánuco se posiciona como un nuevo foco crítico, luego de que la actividad de la minería ilegal se triplique (de 558 hectáreas en 2024 a 1 700 hectáreas en 2025), impactando severamente en ríos como el Yuyapichis.

Como resalta el Observatorio, el Congreso ha impulsado iniciativas para permitir actividades mineras en cuerpos de agua, ignorando legislación existente y evidencia científica que demuestra daños irreversibles.

Las iniciativas para ampliar plazos y reducir requisitos en la formalización minera amenazan con abrir puertas a la impunidad de operadores ilegales, lo que terminaría fortaleciendo economías ilícitas. 

De aprobarse estas iniciativas, como la actual propuesta de una nueva Ley MAPE, significarían un retroceso severo en la lucha contra la minería ilegal, advierte el OMI. 

Además, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) advierte que, pese a la magnitud del problema, el Estado aún no cuenta con un sistema oficial de medición ni monitoreo integral de la minería ilegal.

En los últimos 20 años, se habrían producido de 476 a 3260 toneladas de oro ilegal (valorizadas entre 23 mil y 165 mil millones de dólares). Solo entre octubre de 2024 y 2025 se reporta el traspaso de 3355 millones de dólares, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Diversos estudios han constatado los impactos de la minería ilegal en la salud de poblaciones así como los daños generados a ecosistemas.

En el Bajo Putumayo (Loreto), investigaciones del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) han evidenciado la exposición de comunidades al mercurio.

El 97% de personas evaluadas presentan niveles superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 8 de cada 10 mujeres en edad reproductiva tienen concentraciones asociadas a graves riesgos para el desarrollo fetal.

CINCIA ha evidenciado que las concentraciones de mercurio en el aire cerca de fuentes de emisión son de 2 a 14 veces más altas que en áreas alejadas y que el 75% se deposita en bosques cercanos a la minería.

Adicionalmente, estudios en vegetación y suelos reportaron que en áreas con intensa actividad minera como Laberinto y La Pampa, las concentraciones de mercurio en hojas de árboles superan lo observado en bosques contaminados globalmente.

A pesar de los esfuerzos de algunos sectores del Estado, comunidades y sociedad civil por detenerla, el balance del OMI resalta que hay importantes brechas que persisten en el Estado peruano para enfrentar la problemática de la minería ilegal.

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