«Noboa versus Petro y la desintegración inducida de América Latina»

«El detonante fue la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas, medida anunciada de forma unilateral y justificada por una supuesta falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico. La respuesta no tardó. El gobierno colombiano impuso aranceles recíprocos del 30 % a 20 productos ecuatorianos y, el 22 de enero de 2026, anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador, decisión confirmada por los ministerios de Comercio y de Minas y Energía de Colombia.»

Por: Nicolás Romero Reeves

La escalada entre Ecuador y Colombia —que en pocos días pasó de anuncios políticos a aranceles punitivos y a la suspensión del suministro eléctrico— no es un hecho aislado ni una reacción improvisada. Responde a una lógica conocida en América Latina: securitizar la economía, trasladar conflictos al plano comercial y erosionar la integración regional bajo el paraguas de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una doctrina históricamente impulsada desde Estados Unidos y hoy reactivada por el entorno político de Donald Trump.

El detonante fue la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas, medida anunciada de forma unilateral y justificada por una supuesta falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico. La respuesta no tardó. El gobierno colombiano impuso aranceles recíprocos del 30 % a 20 productos ecuatorianos y, el 22 de enero de 2026, anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador, decisión confirmada por los ministerios de Comercio y de Minas y Energía de Colombia.

El componente energético marca un punto de inflexión. Colombia ha sido históricamente proveedor clave de electricidad para Ecuador, llegando a cubrir cerca del 10 % de su demanda en momentos críticos, especialmente durante crisis hídricas. La suspensión del suministro no provocó un apagón inmediato, pero sí expuso la fragilidad de la interdependencia regional cuando esta se utiliza como herramienta de presión política. Lo que comenzó como una disputa arancelaria derivó rápidamente en un conflicto que toca servicios estratégicos, algo advertido incluso por gremios empresariales ecuatorianos que llamaron a un diálogo urgente ante el riesgo económico y social .

Sin embargo, el problema de fondo no es solo la escalada, sino quién la impulsa y con qué legitimidad. Daniel Noboa carece de autoridad moral para erigirse en cruzado regional contra el narcotráfico. Empresas vinculadas al grupo familiar Noboa han sido objeto de investigaciones y reportajes periodísticos internacionales por presuntos envíos de cocaína hacia puertos europeos, particularmente en Bélgica y otros puntos de entrada al continente. No existen sentencias judiciales firmes, pero los antecedentes publicados por medios europeos y latinoamericanos son públicos y ampliamente conocidos, lo que vuelve al menos cínico el uso del discurso de “seguridad” como fundamento de castigos comerciales.

A este cuadro se suma un episodio que raya en el papelón diplomático. El gobierno ecuatoriano decidió declarar como organización terrorista al llamado “Clan de los Soles”, una supuesta estructura criminal cuya existencia concreta ha sido puesta en duda e incluso descartada por agencias estadounidenses, que han reconocido no contar con pruebas formales que acrediten su operación como organización real y cohesionada. La fabricación de enemigos fantasma sirve para consumo interno y alineamiento externo, pero no fortalece la seguridad regional ni la credibilidad del Estado ecuatoriano.

La reacción colombiana, presentada como “proporcional y transitoria”, confirma que la región se desliza por una pendiente peligrosa: guerras arancelarias entre países vecinos, uso de la energía como instrumento de presión y abandono de los mecanismos de integración. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos observa, interviene indirectamente y consolida su rol de árbitro indispensable, tal como lo ha hecho históricamente cuando América Latina se fragmenta .

La llamada “guerra contra el narcotráfico” vuelve así a cumplir su función histórica: no erradicar el crimen organizado, sino justificar políticas que profundizan la dependencia y destruyen la cooperación regional. No se combate el narcotráfico levantando barreras comerciales ni cortando energía entre países vecinos. Se lo combate con coordinación real, inteligencia compartida y soberanía regional. Lo demás es propaganda. Y propaganda, en este caso, al servicio de la desintegración latinoamericana.

Fuente: revistadefrente.cl