Nepal// «El colapso del gobierno de Oli: juventud en rebelión contra la precariedad»
«Desde 2022 Nepal estaba sujeto a un acuerdo de Facilidad de Crédito Extendida (ECF), que durante la gestión de Oli se transformó en una soga indispensable para mantener a flote la economía. Entre marzo y junio de 2025, el FMI desembolsó más de 80 millones de dólares, acumulando un total superior a 330 millones. A cambio, exigió auditorías independientes de los principales bancos, una revisión del portafolio de préstamos y reformas fiscales. En otras palabras, la política económica quedó subordinada a la tutela del organismo internacional. El costo social de estas medidas —sumado al deterioro de la confianza política y a la represión contra las protestas juveniles— terminó por acelerar la erosión de un gobierno que nunca logró articular un horizonte de futuro para las nuevas generaciones.»
Por: Nicolás Romero Reeves
La rebelión de la generación Z en Nepal no surgió de un vacío. Su estallido contra el desempleo, la corrupción y la falta de perspectivas de futuro estuvo precedido por una larga acumulación de crisis económicas, desconfianza en las instituciones y gobiernos frágiles que nunca lograron completar sus mandatos.
El primer ministro K. P. Sharma Oli llegó al poder en julio de 2024, en su cuarto periodo como jefe de gobierno, tras el derrumbe del gabinete de Pushpa Kamal Dahal, conocido como Prachanda. Este último cayó después de perder el respaldo de la CPN-UML, que se alió al Nepali Congress para reinstalar a Oli en el poder. El nuevo gabinete nació de un pacto de rotación entre ambas fuerzas, acuerdo que nunca tuvo un suelo firme: en Nepal, ningún gobierno ha logrado completar un mandato desde la proclamación de la república en 2008. La coalición que sostuvo a Oli representaba más una alianza de conveniencia que un proyecto de estabilidad. De hecho, su legitimidad se asentaba en la descomposición de su predecesor y en la necesidad de recomponer una mayoría parlamentaria mínima. Desde su origen, fue un gobierno precario.
El mandato de Oli enfrentó severos problemas económicos: estancamiento productivo, un desempleo juvenil que superaba el 22 % y altos niveles de pobreza. A ello se sumaron desastres naturales como las inundaciones de septiembre de 2024, que destruyeron infraestructura y agudizaron la fragilidad financiera. El sistema bancario, además, arrastraba vulnerabilidades profundas: el colapso de cooperativas, créditos incobrables y una regulación laxa que generó desconfianza social. Frente a esta tormenta, el gobierno no tuvo más alternativa que acudir al Fondo Monetario Internacional.
Desde 2022 Nepal estaba sujeto a un acuerdo de Facilidad de Crédito Extendida (ECF), que durante la gestión de Oli se transformó en una soga indispensable para mantener a flote la economía. Entre marzo y junio de 2025, el FMI desembolsó más de 80 millones de dólares, acumulando un total superior a 330 millones. A cambio, exigió auditorías independientes de los principales bancos, una revisión del portafolio de préstamos y reformas fiscales. En otras palabras, la política económica quedó subordinada a la tutela del organismo internacional. El costo social de estas medidas —sumado al deterioro de la confianza política y a la represión contra las protestas juveniles— terminó por acelerar la erosión de un gobierno que nunca logró articular un horizonte de futuro para las nuevas generaciones.
La ira popular desatada tras la muerte de jóvenes manifestantes selló la suerte de Oli. El “sobreviviente político” que había sabido sortear crisis y divisiones durante décadas, cayó esta vez derrotado por la generación que exige empleo, dignidad y soberanía frente al tutelaje extranjero. Su derrocamiento sintetiza la fatiga de un pueblo cansado de gobiernos precarios, corrupción endémica y dependencia económica.
